Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Canadá encarcelando cada año a miles de personas, incluidas a algunas con discapacidad, por cuestiones de inmigración; Dinamarca devolviendo a personas refugiadas sirias a su país, todavía en guerra, por considerar que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro; Estados Unidos y México desentendiéndose de sus obligaciones internacionales al enviar a menores migrantes a los países donde pueden sufrir peligros sin estudiar sus vulnerabilidades... Bangladesh reubicando a cientos de personas en una isla desierta e inhabitable... Y España, llevando a cabo devoluciones en caliente y colectivas, también de menores, sin estudiar caso por caso. La humanidad parece brillar por su ausencia, como si las personas migrantes y refugiadas no importaran igual.
Una crisis, un foco mediático… y la oscuridad
Parece que la mayoría de las denominadas crisis migratorias han tenido el mismo efecto. Lo vimos en 2015, cuando los medios giraron sus cámaras hacia las terribles imágenes que llegaban en Grecia: cientos, miles de personas refugiadas sirias, que, después de jugarse la vida en su país de origen intentaban entrar en Europa, dejándose su último hálito en un viaje muy peligroso, para conseguir algo tan sencillo: sobrevivir.
Tras los focos, y algunas medidas que cayeron en saco roto, como los planes incumplidos de reubicación y asilo, llegaron otras más duras: el acuerdo de la UE-Turquía para intercambiarse refugiados como cromos, los barcos que salvan vidas paralizados en el mar, las organizaciones que ayudan a migrantes, criminalizadas. Los cuerpos en las playas. Y después… fundido a negro. Los medios se centraron en otra cosa. Las soluciones no llegaron, por mucho que gritamos: esta muerte volverá a suceder. Este Aylan volverá a aparecer.
Desde el año 2015, los perfiles han ido cambiando. A nivel europeo, siguieron llegando personas de nacionalidad siria, pero también comenzaron a llegar otras de nacionalidad afgana, iraní, iraquí y yemení. Personas que, aunque no todas reúnen las características para recibir protección internacional o estatuto de refugiado, tienen derecho a que se estudie su caso. En España en los últimos años han llegado personas refugiadas de Colombia, Venezuela, Honduras y El Salvador. Y también del África Subsahariana (Malí, Senegal y Guinea Conakry).
En todo el mundo encontramos ejemplos de esa oscuridad. Canadá, un país conocido en todo el mundo por su defensa de valores como la justicia y la igualdad, mantiene detenidas, -a veces incluso esposadas, encadenadas y con poco o ningún contacto con el mundo exterior- a miles de personas, sin fechas definidas para su liberación y enviadas a cárceles provinciales, con la población carcelaria común, donde pueden permanecer meses, incluso años. Dinamarca, otro ejemplo de buenas prácticas en muchos aspectos, ha firmado recientemente un acuerdo con el gobierno ruandés para mejorar la cooperación en materia de migración y asilo que podría permitir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda, algo que no solo es inadmisible, sino potencialmente ilegal, ya que esto niega el derecho de quienes llegan a su territorio de solicitar asilo. El mismo país, Dinamarca, contradiciendo al ACNUR, ha revocado los permisos de residencia de al menos 380 personas refugiadas —incluidos menores de edad—, que han sido informadas por el Servicio de Inmigración de que tendrán que volver a Siria ya que Dinamarca considera que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro. Por su parte, Bangladesh comenzó, a finales de 2020, a reubicar a cientos de personas refugiadas rohinyás en Bhashan Char, —que se traduciría como “isla flotante”—, una remota isla de sedimento en la bahía de Bengala, creada por la Marina de Bangladesh, y fuera del alcance de todo el mundo, incluidos los grupos de defensa de los derechos y los periodistas que no obtengan permiso previo.
En España, la situación en las Islas Canarias, donde decenas de personas malviven en centros de acogida de emergencia en Fuerteventura y Tenerife, en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privadas de libertad, y hacinados, es otro ejemplo más del fallo del modelo de acogida que revictimiza a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que solo provoca desamparo, ansiedad ante la incertidumbre, y abandono institucional. Además, en las últimas semanas estamos asistiendo a un juego de ajedrez en Ceuta, donde solicitantes de asilo y migrantes están siendo utilizados como peones en un juego político entre España y Marruecos, un juego con las cartas marcadas y en el que tienen todas las de perder.
Niñas y niños bajo el estigma y el olvido
No solo tenemos grabadas en muestras mentes las imágenes del cadáver de aquel pequeño niño sirio, Aylan Kurdi, de solo tres años, en una playa de Grecia. Hace ya más de cinco años y en los últimos meses hemos contemplado con horror imágenes similares; hace un par de meses, nuestras pantallas nos acercaban a la historia de Wilto Gutiérrez, un niño nicaragüense de 10 años abandonado en la frontera de Estados Unidos y México por traficantes de humanos. Afortunadamente, Wilto pudo reunirse con su madre. Otros no han tenido la misma suerte: los gobiernos de Estados Unidos y México siguen devolviendo a decenas de miles de niños y niñas no acompañados que buscan seguridad a los países de los que acaban de huir, sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles protección frente a los peligros a los que se pueden enfrentar a su regreso. Si bien esta misma semana el Gobierno de Joe Biden anunciaba la ampliación del programa destinado a reunir a menores de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus familiares en Estados Unidos, la realidad es que, tanto Estados Unidos como México, continúan devolviendo a prácticamente todos los niños y niñas mexicanos tan sólo unas horas después de que busquen protección, en muchos casos sin considerar los peligros a los que podrían enfrentarse a su regreso. De forma similar, las autoridades mexicanas deportan a la gran mayoría de los niños y niñas no acompañados procedentes de Centroamérica a sus países de origen (de los que en muchos casos acaban de huir por las amenazas o la violencia), a pesar de que en Estados Unidos tienen familia con la que intentan reunirse.
Sin defensas ante la pandemia
Y como no: la maldita pandemia, que se ha unido a las dificultades que afrontan las personas migrantes y refugiadas: en Grecia, donde todavía siguen miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas en las islas, éstas se han visto abocadas a vivir en condiciones indignas en centros hasta el límite de su capacidad, y que a duras penas cumplen las condiciones normales de higiene, como para cumplir las que requiere una pandemia. Italia cerró sus puertos a los desembarcos y declaró que, debido a la pandemia, el país no era un lugar seguro para los rescates efectuados por barcos de pabellón extranjero fuera de su región de búsqueda y salvamento. En España, se cerraron los CIEs y se trasladó a las personas migrantes que así lo necesitaron a recursos adecuados. Además, la situación de estas personas en los CETI de Ceuta y Melilla empeoró como consecuencia de las condiciones de hacinamiento y sobre ocupación de estos centros, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres víctimas de trata, personas LGTBI, personas con enfermedades crónicas, entre otras. Y todavía seguimos pendientes de que todas las personas migrantes y refugiadas tengan acceso, como el resto de población en España, a la vacuna.
Precisamente la vacuna también tiene a las personas refugiadas como parte de la solución, pero no siempre del plan. Es el caso de Nowras Rahhal, refugiado y científico de 27 años de edad, que huyó de la guerra en Siria hace dos años, y que el año pasado formó parte de un equipo alemán que desarrolló un procedimiento que permite que una vacuna contra la COVID-19 se aplique en la piel, en lugar de inyectarse en el músculo, algo que podría aumentar significativamente los índices de vacunación, y permitir que muchas más personas de todo el mundo se beneficien de las vacunas a un ritmo mucho más rápido. Otro ejemplo llega de Jordania, que alberga a más de 750.000 personas refugiadas, y Ruanda, donde viven 138.000, países que han mostrado el camino vacunando a las personas refugiadas, junto a sus nacionales, desde el principio de este mismo año.
Sin embargo, varios países han demorado o dificultado el acceso de las personas refugiadas a la vacuna, estableciendo un debate sobre quién tiene derecho. Nada nuevo: son los mismos obstáculos a los que las personas refugiadas se enfrentan habitualmente a la hora de acceder a los sistemas nacionales de atención médica. Es el caso de Grecia que, a finales de marzo de 2021, anunció que no empezaría a vacunar a las personas refugiadas en los campos hasta mayo, más de cuatro meses después de iniciar la vacunación de su propia población. El ministro de Sanidad griego declaró que no había “ningún motivo” para iniciar la vacunación antes, ya que las personas refugiadas en los campos “no entran en ninguna categoría especial”.
Este 20 de junio, como muchos otros, poco o nada podemos “celebrar”. A pesar de que el número de personas que tienen que huir de sus países no para de aumentar, los Estados no parecen tomarse en serio sus obligaciones como firmantes de tratados como la Convención de Ginebra. Los movimientos migratorios molestan. O, dicho de otra manera, todo está bien en los tratados hasta que llegan más de ocho mil personas en tres días, y entonces ahí hay que poner límites. “Para evitar el efecto llamada”, dicen. En realidad, es porque la falta de unas políticas migratorias realistas y que coloquen los derechos humanos en el centro ha abierto la veda a soluciones temporales, a golpe de improvisación, que en ocasiones combinan un discurso de acogida digna con medidas que poco tienen de acogedoras.
Canadá encarcelando cada año a miles de personas, incluidas a algunas con discapacidad, por cuestiones de inmigración; Dinamarca devolviendo a personas refugiadas sirias a su país, todavía en guerra, por considerar que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro; Estados Unidos y México desentendiéndose de sus obligaciones internacionales al enviar a menores migrantes a los países donde pueden sufrir peligros sin estudiar sus vulnerabilidades... Bangladesh reubicando a cientos de personas en una isla desierta e inhabitable... Y España, llevando a cabo devoluciones en caliente y colectivas, también de menores, sin estudiar caso por caso. La humanidad parece brillar por su ausencia, como si las personas migrantes y refugiadas no importaran igual.
Una crisis, un foco mediático… y la oscuridad