Cinco años de mordazas en España

Para mucha gente, líderes políticos incluidos, la Ley Mordaza nació muerta. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 se esperaba que durara bien poco, puesto que dio luz el 1 de julio de aquel año apoyándose exclusivamente en la mayoría absoluta del PP.

El gobierno de Rajoy la aprobó a pesar de que todos los partidos de la oposición mostraron un rechazo rotundo, al igual que el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. A esta crítica se unieron numerosos juristas y la sociedad civil se movilizó contra la aprobación de una ley que además había sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por PSOE, IU, UPyD, Coalición Canaria y Compromís-Equo. Incluso hasta cuatro relatores especiales de Naciones Unidas se habían alineado para denunciar los peligros que contenía. Pero la Ley Mordaza se puso en marcha, y a pesar de tantos pronunciamientos en su contra, cinco años después ahí sigue vigente.

Para entender el nivel de oposición  a esta ley se puede sencillamente escoger a alguno de los líderes políticos que conforman al actual gobierno de coalición escribir en un buscador su nombre acompañado del texto “...se compromete a derogar la ley mordaza”. Por ejemplo tomemos el de Pedro Sánchez. Encontraremos entonces un larguísimo listado de noticias recogiendo ese tipo de declaraciones, ya sea en 2015, antes de la entrada en vigor de la ley, en 2016, tras la moción de censura, en las numerosas campañas electorales que se sucedieron, o en 2019 siendo parte del acuerdo de gobierno de coalición. Pero en todo este tiempo no se ha modificado ni una coma.

Y llegamos a 2020, un año marcado por la pandemia de la COVID-19. Durante el estado de alarma nos hemos encontrado con situaciones de todo tipo, amparadas en la enorme arbitrariedad que confiere esta ley a la policía y en la ausencia de mecanismos independientes de investigación de abusos policiales. En los últimos meses hemos visto cómo personas sin hogar han sido denunciadas por incumplir las medidas de confinamiento en al menos Madrid, Valencia y Barcelona. O cómo ha habido uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía con tintes racistas: así lo refleja el caso de Celenia de Aza, mujer de nacionalidad dominicana que trabajaba como limpiadora en un hotel “medicalizado” de Barcelona que fue interceptada cuando salía a comprar al supermercado y tratada de forma abusiva por parte de los Mossos d’Esquadra. También se han realizado registros de domicilios sin orden judicial, como a S. D., y su familia en Vitoria-Gasteiz, o se ha obstaculizado el trabajo periodístico, como le sucedió a Jon Hidalgo, periodista de Hala Bedi, cuando se encontraba grabando una movilización de protesta contra el desalojo de un local por parte de la Ertzaintza también en Vitoria-Gasteiz.

Un suma y sigue que da continuidad a unos cinco años en los que la Ley Mordaza se ha utilizado reiteradamente contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sido objeto de numerosas sanciones, restringiendo de forma ilegítima derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación e información.

Artículos como el 36.6, que hace referencia a la desobediencia cuando no sea constitutiva de delito o el 37.4, sobre las faltas de respeto a la autoridad, han permitido a la policía convertirse en juez y parte allanando el terreno a todo tipo de actuaciones arbitrarias, desproporcionadas y discriminatorias.

Además, no nos podemos olvidar que la Ley Mordaza recoge una disposición adicional con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”. Una práctica que muchas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, vienen denunciando de manera reiterada desde hace años. Porque todas las personas que llegan a las costas españolas deben ser tratadas como lo que son: personas con derechos, con dignidad y humanidad. Y porque tienen derecho a un proceso con garantías que permita identificar de manera individualizada si necesitan protección internacional.

Por si fuera poco, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se llevó a cabo de la mano de otra reforma, la del Código Penal, cuya redacción imprecisa ha servido para silenciar la libertad de expresión y aplastar la expresión artística.

Numerosos artistas se han visto enfrascados en procesos penales en virtud del artículo 578 del Código Penal. Recientemente hemos conocido nuevas sentencias a Pablo Hasel y a los miembros de La Insurgencia. Nos acordamos también de los juicios de los titiriteros, de Cesar Strawberry y de Casandra. Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo, por muy desagradable o escandaloso que resulte.

Se hace imperante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobando en su lugar una nueva legislación respetuosa con los estándares internacionales de derechos humanos, así como la del Código Penal, eliminando los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona. Nuevamente desde la sociedad civil se reclama acabar con tanta mordaza y tantas vulneraciones de derechos y libertades que han provocado estas leyes.

Cinco años de mordazas son demasiados años, y el daño provocado a muchas personas ya será irreparable. La pregunta va dirigida al actual gobierno y a la mayoría del Congreso ¿van a cumplir con sus promesas y pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos? Porque si no lo hacen ahora ¿entonces cuándo? Con cinco años de mordazas ya basta.

Para mucha gente, líderes políticos incluidos, la Ley Mordaza nació muerta. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 se esperaba que durara bien poco, puesto que dio luz el 1 de julio de aquel año apoyándose exclusivamente en la mayoría absoluta del PP.

El gobierno de Rajoy la aprobó a pesar de que todos los partidos de la oposición mostraron un rechazo rotundo, al igual que el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. A esta crítica se unieron numerosos juristas y la sociedad civil se movilizó contra la aprobación de una ley que además había sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por PSOE, IU, UPyD, Coalición Canaria y Compromís-Equo. Incluso hasta cuatro relatores especiales de Naciones Unidas se habían alineado para denunciar los peligros que contenía. Pero la Ley Mordaza se puso en marcha, y a pesar de tantos pronunciamientos en su contra, cinco años después ahí sigue vigente.