Hoy no es sólo el sexto aniversario del peor día del pueblo rohinyá. También es el día que entran en vigor disposiciones clave de la Ley de Servicios Digitales, nueva disposición legislativa histórica de la UE que regula la industria de las grandes empresas tecnológicas. Esta ley contiene limitaciones significativas para las grandes empresas tecnológicas que incluyen unas normas de seguridad mínimas para sistemas algorítmicos de recomendación. Si se hace cumplir correctamente, tiene el potencial de impedir o mitigar cualquier repetición de lo que le pasó a la comunidad rohinyá.
No tengo ninguna duda de que los peligrosos algoritmos de Facebook —programados para impulsar la “interacción” y los beneficios empresariales a cualquier costa— avivaron activamente las llamas del odio y contribuyeron hace seis años a la violencia masiva y al desplazamiento forzado de la mayoría de la población rohinyá de Myanmar al vecino Bangladesh.
En los años y meses previos a estas atrocidades de 2017, Facebook se había convertido en una cámara de resonancia de odio e incitación contra este grupo minoritario, perseguido desde hacía tiempo. Y esto sucedió en un contexto en el que, según una investigación de la ONU, “Facebook [era] Internet”.
Lo que es más, los Papeles de Facebook, filtrados por la denunciante de irregularidades Frances Haugen en 2021, pusieron de relieve los mecanismos internos de la empresa: una asombrosa revelación tras otra. Estas filtraciones dejaron claro que Meta sabía desde hacía tiempo que sus algoritmos eran responsables de difundir desproporcionadamente odio y desinformación, y que su modelo empresarial estaba alimentando daños graves en el mundo real, concretamente en comunidades afectadas por el conflicto.
Era evidente que, incluso cuando se le expuso esta información, la empresa había actuado como si nada ocurriera. Las filtraciones revelaron también que el discurso de Meta sobre el papel supuestamente pasivo de la empresa en Myanmar no era cierto. Este descubrimiento hizo que en Amnistía Internacional iniciásemos una investigación sobre el papel de la empresa en la limpieza étnica de la población rohinyá.
El año pasado, Amnistía publicó los resultados de esta investigación, que reveló que Meta había restado importancia sustancialmente a la naturaleza y el alcance reales de su contribución al sufrimiento de la comunidad rohinyá y concluyó que, lejos de ser un actor neutral que se enfrentaba a una crisis sin precedentes, Meta había contribuido activamente a los horrores que padeció la población rohinyá.
Ahora podemos concluir con autoridad que los algoritmos de la plataforma de Facebook alimentaron la difusión de odio y violencia como un reguero de pólvora, promocionando de forma proactiva contenido que incitaba a la violencia y amplificando desproporcionadamente el contenido más virulento en el periodo previo a los horrores de 2017.
Entretanto, mientras sus algoritmos avivaban las llamas del odio, el personal de Meta hacía caso omiso de los reiterados avisos de activistas de derechos humanos, intelectuales y otras personas expertas. Entre 2012 y 2017, el personal directivo de Meta recibió al menos 15 advertencias directas de que la plataforma de Facebook corría el riesgo de contribuir a un estallido de violencia masiva contra la población rohinyá.
No cabe duda: Meta contribuyó a violaciones graves de derechos humanos y, por tanto, en virtud del derecho y las normas internacionales de estos derechos, tiene la responsabilidad de indemnizar a la población rohinyá.
Pedimos que se indemnice a la población rohinyá y que Meta tome medidas para garantizar que esto no vuelve a suceder nunca corrigiendo su modelo empresarial, un modelo empresarial que se beneficia de la proliferación del odio.
Presentamos nuestras conclusiones a Meta y decenas de miles de personas se unieron a nuestra campaña, no obstante lo cual, poco ha cambiado hasta ahora. El modelo empresarial tóxico de Meta sigue programado para obtener interacción por encima de todo lo demás.
Meta, una de las empresas más ricas del planeta, se ha negado a atender incluso la modesta petición de la comunidad de aportar un millón de dólares estadounidenses en calidad de indemnización parcial a un fondo para la educación de la juventud rohinyá desplazada que se esfuerza por desarrollar plenamente su potencial en los enormes campos para personas refugiadas de Cox’s Bazar. Meta no lleva a cabo, dice, “actividades filantrópicas”. Pero no se trataba de una petición de caridad: se trata de que Meta no asume sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Pese al ingente poder y a los recursos de que dispone Meta, la comunidad rohinyá se niega a renunciar a la esperanza y sigue firmemente decidida a hacer que la empresa rinda cuentas de sus actos. En Amnistía Internacional estamos con la comunidad rohinyá hasta que se haga justicia.
La entrada en vigor hoy de la Ley de Servicios Digitales es un paso adelante histórico y vital en los esfuerzos para controlar a las grandes empresas tecnológicas. Pero sigue habiendo demasiado en juego. Su aplicación y su cumplimiento estrictos son fundamentales para que la Ley cumpla su promesa y proteja a la ciudadanía de prácticas empresariales destructivas de las grandes empresas tecnológicas.
La Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea tienen ahora una función clave que desempeñar para garantizar que la Ley no se queda en papel mojado. Es esencial que las entidades reguladoras de la Unión aprendan de la historia y se comprometan a garantizar que no se repite nunca más el papel de Meta en la crisis rohinyá.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
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