La última DANA que ha azotado la Península Ibérica provocó una auténtica catástrofe en Valencia, pero también dejó su coletazo en Andalucía, con un fallecido y 1.841 incidencias en un tercio (287) de las localidades andaluzas. Los expertos alertan de que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes por efecto del cambio climático, pese a lo cual todavía hay 160 municipios en la comunidad autónoma que carecen de los obligatorios planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL). En total, más de 300.000 personas viven en estos territorios.
Estos planes son los que determinan cómo hacer frente a las emergencias que se produzcan exclusivamente en una localidad, ya que en cuanto superan su territorio asume la crisis la administración autonómica. Además de identificar riesgos potenciales y catalogar los recursos existentes, deben recoger la estructura organizativa para afrontar un problema y determinar cómo se avisa a la población.
¿Significa esto que el que vive en uno de estos municipios está en una situación de mayor riesgo? Tampoco es que sea eso, pero su ausencia impide que la respuesta inmediata sea todo lo eficiente que podría ser de contar los equipos de emergencias con este instrumento de planificación.
Los planes los tienen que aprobar los municipios, empujados para ello por el Gobierno andaluz, que es el que gestiona las competencias de Protección Civil. Y si bien 160 localidades son algo más del 20% de las 785 que hay en toda Andalucía, la mayoría de ellos son de pequeño tamaño, lo que explica que el 96,22% de los andaluces (8,2 millones) vivan en un municipio que sí cuenta con esta herramienta clave. Por cierto, que desde el Ejecutivo andaluz se subraya que desde la llegada del PP a la Junta en 2019 el número de localidades que lo han aprobado ha crecido un 50%.
Ante los 160 que todavía no han dado este paso, desde el Gobierno andaluz lo que se hace es instar a los ayuntamientos a asumir de una vez por todas esta obligación, sentido en el que el temor ante lo ocurrido en Valencia puede ser un importante empujón. Los primeros planes aprobados en Andalucía se remontan a 1994 (la pionera fue Antequera), lo que con el tiempo ha llevado a no pocos municipios a revisar, actualizar y volver a aprobar su planificación. En estos casos, se tienen en cuenta por ejemplo los aumentos de población o nuevos y potenciales riesgos, normalmente asociados a industrias que se implantan en el territorio.
De las ocho provincias andaluzas sólo hay dos (Granada y Sevilla) en la que todas sus localidades cuentan con estos planes. Hay otras tres en las que faltan dos municipios en cada una de ellas para hacer pleno. Son los casos de Cádiz (Algodonales y San Martín del Tesorillo), Córdoba (Espejo y Pedroche) y Huelva ( Cañaveral de León y El Almendro). El más grande de ellos es Algodonales, con 5.000 vecinos, y el más pequeño Cañaveral de León, que no llega a los 400.
La provincia de Málaga está al 67%, con 69 de 103 localidades que cuentan con esta herramienta. Las más atrasadas están al 40% y son Jaén (39 de 97 municipios) y Almería (41 de 103), llamando especialmente la atención el caso almeriense ya que se trata de un territorio con más posibilidades de verse afectado por las destructivas DANA que afectan periódicamente al Levante español.
El desastre en Valencia ha cogido además a la comunidad autónoma en la recta final para la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema), que se convertirá en el principal organismo de estas características en España y que tendrá un presupuesto de 260 millones de euros en 2025. Lo ocurrido también ha llevado al propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), a anunciar la elaboración de un nuevo mapa de zonas inundables que se acompañará de “instrucciones concretas a los ciudadanos y a los ayuntamientos” ante este tipo de situaciones.
El primer objetivo es que no se amplíen esas zonas, “como algunos han permitido”, haciendo la vista gorda con construcciones en puntos especialmente peligrosos desde este punto de vista. Asimismo, se pretende que “los ciudadanos sean conscientes de que viven en un polvorín”, porque “una zona inundable claramente lo es”. La intención de la Junta es dar instrucciones para que los ciudadanos de estas zonas sepan “exactamente qué tienen que hacer en caso de emergencia”.
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