Andalucía afronta la reestructuración de las oficinas judiciales para acelerar las resoluciones
Modernizar la Justicia. Es un viejo objetivo, tan de actualidad com siempre, entre las administraciones. Muchos han sido los consejeros, y ministros, que se han propuesto renovar la estructura y organización de los reinos de taifas que son los juzgados mediante la denominada Nueva Oficina Judicial. Con un nuevo apellido (y Fiscal), parece que podría empezar a tomar forma en Andalucía, una de las 11 regiones con competencias transferidas (desde 1997) y que irá implantando progresivamente un renovado modelo en los órganos judiciales. Las Unidades Procesales de Apoyo Directo, los Servicios Comunes Procesales y las Unidades Administrativas son las nuevas figuras que, según la finalidad última del proyecto, tendrán la responsabilidad de descargar a jueces y fiscales de su verdadera labor: impartir Justicia.
Desde primeros de siglo, la renovación de la Oficina Judicial está en la agenda política. La finalidad siempre ha sido la misma: reducir los tiempos de respuesta y agilizar los engranajes del proceso judicial desde la denuncia hasta la sentencia. La situación no ha variado mucho durante todos estos años. Según la última memoria del TSJA, hay más de medio millón de asuntos por resolver. Los altos niveles de pendencia se mantienen casi sin alteraciones y la imagen de la Justicia, por ésta y otras razones, no es precisamente buena entre la ciudadanía.
La nueva configuración de los juzgados, que abandonará el clásico 'tripartito' compuesto por juez, secretario y funcionarios judiciales, está destinada a agilizar los tiempos de la Justicia. La regulación viene vía decreto, presentado este martes, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta, por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que califica el nuevo modelo de “revolucionario” y de “vuelco radical” a la tan traída lentitud de la Administración de Justicia. El nuevo sistema organizativo, en su planteamiento, está orientado a la racionalización del mismo y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Pero no parece que vaya a llegar de manera inminente a pesar del decreto aprobado.
Sin fecha
La nueva distribución, tanto personal como material, arrancará con un “proyecto piloto” en las sedes de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (Málaga), y en la Fiscalía de Sevilla, que verá luz “durante 2014”. Para el resto de 85 partidos judiciales existentes en Andalucía, las salas del TSJA y el restro de fiscalías provinciales no hay fecha ni previsión certera de su puesta real en marcha. Para esta legislatura, “difícil”, dice el consejero. Muchas de las sedes necesitan, además, acondicionamiento de espacios para su ejecución, por lo que la “progresiva implantación”, a pesar de su “necesidad imperiosa” no será ni mucho menos inmediata, dadas las dificultades presupuestarias para ejecutar obras de adaptación en las dependencias judiciales.
Según de Llera, ya se está trabajando en fijar los servicios creados y la relación de puestos de trabajo (RPT) para determinar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo. La reforma no conlleva, según el consejero, mayor gasto que el referido de adaptación física de sedes judiciales, ni más funcionarios, apostándose por una “redistribución más equitativa” de los mismos y una “especialización” en sus tareas. El mayor problema podría recaer, precisamente, en la negociación con los sindicatos de la Administración de Justicia, bastante guerrilleros en general y con quienes la Consejería ha establecido un “principio de negociación” del que “no se prevé confrontación”, según De Llera.
A pesar de las palabras del consejero y de que se ha “socializado” el proyecto, la CSIF no ha tardado en lamentar este mismo martes que la Nueva Oficina Judicial y Fiscal “afectará gravemente a los derechos de los funcionarios y a la eficacia de la Justicia”, solicitando el sector de Justicia su “indignación” con la aprobación del proyecto “sin el consenso de la Mesa Sectorial”. En Almería, y convocados por UGT, los funcionarios se han encerrado en la Ciudad de la Justicia por idéntico motivo. Más esperada podía ser la reacción del PP-A quien, según su número 3, Ana Corredera, considera que el proyecto llega “tarde” y “sin dotación presupuestaria”.
Un nuevo modelo
Según el proyecto de la Junta, las unidades procesales de apoyo directo asistirán directamente a los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias mediante la realización de las actuaciones precisas para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten, mientras que los servicios comunes procesales, que son aquellas unidades de la Oficina Judicial que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumirán labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Serán dirigidos por los secretarios judiciales, actualmente “desaprovechados” según De Llera.
En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto aprobado por el Consejo dispone que se podrán crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
El consejero no se ha atrevido a detallar, cuantitativamente, cómo podría mejorar el proyecto las respuestas de la Administración de Justicia, limitándose a repasar la situación de los distintos órdenes jurisdiccionales y a recordar que en Instrucción los asuntos tardan “una eternidad”, que en lo Social se están señalando juicios “para dentro de dos o tres años, con el consiguiente perjuicio” para los afectados en casos “tan sensibles”, que los de lo Civil están “igualmente colapsados” y que los de Familia y los juzgados de lo Contencioso-Adminustrativo, que no las salas del TSJA, cuentan quizá con un mejor índice de respuesta.
En cuanto a la intención del Gobierno central de eliminar los partidos judiciales y su posible efecto en el nuevo proyecto de la Junta, el consejero ha tachado la iniciativa de “salvajada”, casi “tan salvaje como concentrar todos los hospitales y los centros educativos” en las capitales de provincia, si bien no espera que tengan especiales consecuencias sobre el decreto aprobado este martes para la nueva distribución en los juzgados.
Mensaje a los jueces
Cuestionado acerca de la tardanza de la instrucción del caso de los ERE, De Llera ha indicado que ocurre “como toda instrucción judicial”, que “mientras tengamos el modelo de proceso penal que tenemos, se eternizará todo, esa instrucción y cualquier otra”. “El caso de los ERE puede tardar años y no ocurre nada porque el modelo lo permite”, ha lamentado.
De Llera, que este martes no ha querido entrar a valorar ninguna cuestión relativa directamente al asunto de los ERE como sí ha hecho en otras ocasiones para evitar “malinterpretaciones”, ha asegurado que los jueces no están para “criticar” la gestión política de los gobiernos sino para “resolver y juzgar”. El consejero reaccionaba así al ser preguntado por una reciente sentencia del TSJA en la que se cuestiona la actitud de la Junta en la recuperación del dinero defraudado.
Opina que ese tipo de comentarios por parte de los jueces no son necesarios para resolver el fondo del asunto que se plantea a este tribunal, recordando que él mismo ha tenido que callarse para no hablar de temas que estén 'sub judice', “que es lo que tienen que hacer los jueces” y no permitirse determinadas “licencias”.
