“El Rey Heredia no se cierra”. Esta frase, que como una letanía han repetido los activistas de la Acampada Dignidad y los vecinos del Distrito Sur de Córdoba desde que ocuparan este antiguo colegio abandonado en octubre de 2013 para reconvertirlo en un centro social, será finalmente una realidad. El Ayuntamiento y los vecinos han llegado a un acuerdo final para la cesión del centro a la asociación Casa de la Ciudadanía Sur, constituida por estos para tener un ente jurídico al que ceder el uso del edificio durante los dos próximos años y hacerse cargo de todas las actividades que allí se desarrollan, como el comedor social que retrató en este vídeo Alberto Almansa.
Los vecinos han conseguido, además, que la entrega del edificio se haga sin paralizar las actividades del centro. El acuerdo cerrado contempla que, en un mismo acto y después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento apruebe la cesión, un técnico municipal revisará el edificio, se procederá al cambio de la cerradura y se entregarán las nuevas llaves a los responsables vecinales que a partir de entonces se harán cargo del uso del colegio.
Meses de tiras y aflojas han sido necesarios para llegar a este acuerdo total en el que ya no se contempla el desalojo sine die del centro ni el pago del IBI – que los vecinos no deberán abonar acogiéndose a exenciones fiscales para asociaciones sin ánimo de lucro- y que eran requisitos que al inicio de las negociaciones pedía el Ayuntamiento. La presión vecinal y social ha tenido resultado y la cesión se hará con las garantías suficientes para que el Rey Heredia no interrumpa su actividad.
El plan de usos presentado por los vecinos, que cuenta también con el visto bueno del Ayuntamiento, contempla el desarrollo del comedor social al que acuden a diario un centenar de personas, así como el resto de actividades educativas, formativas, asamblearias, etc que se vienen realizando en el antiguo colegio Rey Heredia desde que se ocupara hace ya casi 16 meses. Pero además, en los últimos meses se vienen sumando nuevas propuestas deportivas y culturales de colectivos sociales y vecinales que tendrán allí un espacio para desarrollar su actividad.
Las fechas previstas para que el acuerdo se lleve a cabo sitúan en febrero la toma de posesión del colegio por parte de los vecinos, que estarán obligados a partir de entonces a mantener el inmueble, así como a pagar los gastos corrientes de luz y agua que genere. Un suministro, el del agua, que los vecinos esperan que el Ayuntamiento reestablezca dando muestras de su buena fe después de habérsela cortado meses atrás en varias ocasiones y obligando a los usuarios del centro a recoger agua en garrafas de fuentes cercanas todos los días.
Autogestión y solidaridad vecinal desde el inicio
Para los activistas de la Acampada Dignidad, que fueron los que el 4 de octubre de 2013 ocuparon el centro y pusieron en marcha lo que hoy es un centro núcleo de la actividad social en la ciudad, el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para la cesión del inmueble supone el triunfo de “la autogestión, la solidaridad y el apoyo mutuo” entre los ciudadanos y los coletivos que desde el primer día tomaron el colegio como su centro de actividad.
“El acuerdo alcanzado es el resultado de la movilización social y de la intensa solidaridad que el Centro Social Rey Heredia ha generado en la sociedad cordobesa y más allá, y marca el camino a seguir en la reivindicación por los derechos de todos y todas, que debe tener en la movilización permanente y la acción directa un elemento fundamental para conseguir resultados”, señalan los activistas.
Satisfechos por haber alcanzado el objetivo con el que entraron al colegio abandonado –“que el edificio se destinase al uso de los colectivos vecinales y que se garantizase la continuidad sin interrupciones de las actividades que se han puesto en marcha” en este tiempo- los activistas no olvidan, sin embargo, un último punto: diez de ellos permanecen imputados tras la denuncia del Ayuntamiento por un supuesto delito de usurpación del edificio. Y sobre ello, la Acampada Dignidad espera que el acuerdo de cesión “lleve al Ayuntamiento a retirar los cargos contra los activistas imputados y con ello poner fin al conflicto mantenido con la Acampada Dignidad por este asunto”.