José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE en Almería, no ha tardado en salir al paso de los documentos publicados hoy por el diario El País, que “indican que, al parecer, determinadas empresas de la provincia de Almería, le estaban dando dinero al Partido Popular para financiar las actividades del partido. Y no sabemos si incluso también financiación para los propios dirigentes del partido”, afirma.
Según dicha información, efectivamente, la Fiscalía Superior de Andalucía investiga supuestos pagos al Partido Popular, para financiar campañas electorales, con dinero obtenido de sobrecostes en obras adjudicadas en la provincia a la constructora Hispano Almería. El artículo explica que la Fiscalía investiga si esos sobrecostes escondían en realidad un sistema de financiación irregular del PP, que recibiría el dinero mediante sobres repletos de billetes de 500 euros.
“Lo que vamos a decir hoy”, explica Sánchez Teruel al eldiario.es/andalucia “es que el PP tiene que explicar cuánto dinero ha recibido de empresas, de qué empresas, a cambio de qué, y también si han recibido dinero sólo las arcas del partido o también los dirigentes del PP”.
Para el líder socialista de la provincia de Almería, “ahora se entiende el amor de Javier Arenas por la provincia”, asegura en clara referencia al hecho de que, desde su regreso a Andalucía tras la pérdida de las elecciones por Rajoy, el hoy presidente de honor del PP andaluz se presentase a las elecciones autonómicas como número 1 de la lista almeriense.
“Era un cariño interesado. Posiblemente el apoyo que sectores económicos estaban dando al PP tiene mucho que ver con ese cariño inexplicable de Javier Arenas hacia la provincia de Almería”, asegura para añadir que “ya, de hecho, en el móvil de Bárcenas aparece un dirigente del PP de la provincia de Almería como es Juan José Matarí”.
Matarí, hombre de la máxima confianza de Javier Arenas, que siempre ha formado parte de su equipo más cercano de colaboradores, tanto en Andalucía como en Madrid, es efectivamente citado por el ex tesorero del Partido Popular como uno de sus interlocutores con la cúpula del partido.
Campaña orquestada
El Partido Popular, por su parte, recurre a uno de los argumentos más utilizados cuando se destapan casos de corrupción: “Responde a una campaña de desprestigio orquestada”. Así, en un comunicado niega “rotundamente cualquier tipo de financiación ilegal y anuncia medidas judiciales contra las calumnias y difamaciones que se han publicado al respecto, habiendo encargado ya a la asesoría jurídica del partido en la provincia que proceda con toda contundencia y exija las responsabilidades penales correspondientes”
¿Se refiere a los denunciantes? Parece más bien que al mensajero, ya que en el comunicado se asegura que “La Dirección Provincial del PP de Almería actuará contra todas aquellas publicaciones en las que se hacen acusaciones falsas al Partido Popular de Almería sin pruebas. El Partido Popular considera que este tipo de acusaciones infundadas perjudican gravemente a la imagen de la provincia de Almería y responde a una campaña de desprestigio orquestada”.
Por su parte, desde la dirección regional del Partido Popular su vicesecretaria de Organización, Ana María Corredera asegura que ha hablado con el alcalde y presidente de la Diputación almeriense Gabriel Amat: “Él lo niega rotundamente”, y el asunto “está en manos de la asesoría jurídica del partido en Almería” y que el partido “procederá con toda contundencia”.
Mientras tanto, Rosalía Martín, paralamentaria andaluza de Izquierda Unida por Almería exige la dimisón de Gabriel Amat y “la intervención inmediata de Zoido (presidente del PP andaluz) para que cese a Gabriel Amat de todos sus cargos”. IU recuerda que si pide esta “actuación política contundente” es porque no se trata de rumores, “sino de una investigación que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.
La mercantil Hispano Almería ha señalado que la documentación publicada este lunes por El País es “totalmente falsa” y ha sido “manipulada”. El administrador de la sociedad dedicada a la construcción, Miguel Ángel Morales, ha señalado que dicha documentación “ha sido sustraída de la empresa y manipulada” y ha remarcado que ha interpuesto denuncias contra “los responsables de la sustracción”. Morales ha anunciado, asimismo, el ejercicio de acciones judiciales contra los responsables de la publicación.