La juez que instruye el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha solicitado a la Junta de Andalucía que, “a la mayor brevedad posible”, remita al juzgado la relación de los “intrusos” incluidos en expedientes de regulación de empleo de 2001 a 2010.
Esta solicitud figura en un auto dictado por Alaya con fecha 31 de julio, último día previo a sus vacaciones, difundido este viernes por el PP-A, y en el que también reclama a la Junta la contabilidad de la Agencia IDEA correspondiente a los años 2010 y 2011, así como los expedientes relativos a las ayudas concedidas a cuatro empresas por un importe global cercano a los ocho millones de euros.
En dicho auto, la magistrada solicita a la Junta la relación de las personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas en el periodo 2001-2010, detallando además de nombre y apellido, la empresa a cuyo ERE o reestructuración laboral se vinculó, número de póliza de seguro en la que se incluyó y compañía aseguradora, puesto que con los “listados remitidos anteriormente por la Dirección General de Relaciones Laborales, no se ha remitido la relación de personas incluidas en las pólizas de seguros que no tenían relación laboral con la empresa correspondiente y que hayan sido detectadas en la relatada novación de pólizas”.
En cuanto a la contabilidad de IDEA correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, la juez solicita, concretamente, la memoria auditada junto con sus estados financieros, así como el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos, libro diario y libro mayor, con el desglose de todas las cuentas y subcuentas.
En cuanto a los expedientes relativos a las ayudas concedidas a empresas, se refiere a A-Novo Comlink, por importes de 189.301,75 euros y de 43.845; a Comercial Alimentaria Dhul, S.L.-Grupo Dhul, S.L, por importes de 441.436,2 euros, de 66.344,04 euros, de 77.563,11 euros, de 6.402.631,71 euros, de 202.554 euros y de 268,845,85 euros; a Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A.L, por importe de 3.829,5 euros, de 20.250 euros y de 65.800 euros, y a Pickman La Cartuja de Sevilla, S.A, por importe de 88.083,64 euros.
Modificaciones en la partida
En relación con las modificaciones presupuestarias del año 2010 de la Consejería de Empleo, la juez demanda a la Junta la “rectificación de la transferencia de crédito” por importe de 20 millones de euros aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2010, que “aumentaba el crédito” en una aplicación presupuestaria, con baja en la aplicación 31L de ayudas sociales.
También reclama el informe que se hubiera emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta en relación con el decreto ley de 16 de octubre de 2012 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.
La juez se refiere al decreto con el que la Junta, en aras a mejorar la regulación de las ayudas sociolaborales a ex trabajadores de empresas en crisis, asumía directamente y sin intermediarios el pago de las prestaciones que han sufrido demoras.
Otra demanda es la relativa a los escritos de notificación o comunicación que la Junta haya dirigido a los órganos del Estado o de la Comisión Europea en relación con las ayudas concedidas del programa 22E y 31L en el periodo 2000-2010, ambos inclusive, a “efectos de su compatibilidad con las normas del mercado común, así como pronunciamientos, si los hubiere, de la citada Comisión”, así como los informes emitidos por la Dirección General de Asuntos Europeos sobre las mismas ayudas y periodo.
En cuanto a los razonamientos jurídicos que se incluyen en el auto de la juez se expone que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado están examinando la documentación entregada por el juzgado del que es titular y procedente de la Junta, de manera que se está contrastando con la contabilidad de IDEA-IFA, en la que aparece que la agencia ha concedido ayudas de incentivos a una serie de empresas en “relación a las cuales no han sido remitidos los expedientes relativos a las ayudas concedidas a las mismas”.