La jueza Mercedes Alaya tiene un pie fuera de las macrocasusas (del caso ERE y del de los cursos de formación, principalmente). El TSJA ha dado un giro de timón y, después de que por dos veces (el 23 de junio y el 7 de julio) la mantuvieran al frente de la causa de los ERE, aunque fuera de la de formación por ser más reciente, este martes su Sala de Gobierno ha propuesto que la comisión de servicio otorgada a la jueza Alaya para continuar en el juzgado el pasado junio quede sin efecto.
En un informe, tras diversas valoraciones previas, ha acordado por unanimidad “someter a la consideración del Consejo General del Poder Judicial” que la medida de apoyo judicial quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado (Álvaro Martín), que quedará integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación de las diligencias previas de ambas macrocausas y la de los avales de la agencia IDEA, todo ello sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura, según ha indicado el TSJA en un comunicado.
Es decir, que después de las consideraciones de Alaya sobre Núñez y de Núñez sobre Alaya, y de un culebrón que ha durado meses, la actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Nuñez, se habría salido con la suya y precindirá de su antecesora. “Alaya se ha autoexcluido”, comentan brevemente fuentes judiciales conocedoras del caso al conocer la novedad de este miércoles. Cabe recordar que Alaya tiene plaza en la Audiencia de Sevilla desde junio y que atacó a su sucesora mientras se decidía esta cuestión. La Sala de Gobierno ha entendido conveniente el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el juzgado pero debe “variar por las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo acuerdo de 23 de junio”.
Dos días después de aquel acuerdo, el CGPJ acordaba que Mercedes Alaya y Álvaro Martín, propuestos el 8 de junio por el TSJA, colaborarían con Núñez en la actualización del órgano judicial y desempeñar esas tareas de refuerzo a la vista de su antigüedad en el escalafón y su pertenencia al orden jurisdiccional penal, así como por su condición de anterior titular y comisionado en el juzgado, respectivamente. En el caso de Álvaro Martín, de hecho, la comisión de servicio para la que se le nombró, ahora reforzada, suponía la renovación de la que ya tenía concedida en ese mismo órgano judicial.
El CGPJ, que en junio concedió a Alaya la comisión de servicio que ella había pedido para seguir en el juzgado, aún debe ratificar la decisión del TSJA en una próxima reunión de la comisión permanente (previstas para esta misma semana). El órgano de gobierno de los jueces deberá resolver después de haber evitado mojarse en el asunto solicitando al respecto sucesivos informes al alto tribunal andaluz.
Todo ello cuando la parte de la causa que se venía instruyendo en el Supremo ha sido recientemente devuelta al juzgado sevillano al quedarse sin aforados nacionales, al igual que la parte que investigaba el TSJA. De hecho, la Fiscalía ya ha pedido que al menos los exaforados autonómicos declaren como imputados. Es posible que esa petición alcance a los expresidentes Chaves y Griñán, y a los también exconsejeros Zarrías y Viera, a pesar de que todos ellos ya han prestado declaración en tribunales superiores.