Una delegación del Parlamento alemán (Bundestag) formada por diputados de los ocho partidos con representación y de diferentes corrientes políticas se personó el lunes a mediodía en el Ministerio de Transición Ecológica, en Madrid, en la primera parada de una serie de visitas programadas para recabar información sobre la sequía en España, la política de regadíos y el impacto de los cultivos intensivos de fresa en el Parque Nacional de Doñana.
Después de Madrid, la comitiva viajaría a Andalucía, donde ya habían cerrado encuentros con miembros del Gobierno andaluz, científicos y responsables de Doñana. El secretario de Estado, Hugo Morán, iba a recibirles en el Ministerio esa mañana, pero 20 minutos antes de la hora fijada saltó un comunicado de la Comisión de Medio Ambiente del Bundestag anunciando por sorpresa la suspensión del “viaje a Andalucía largamente planeado”. La embajadora de Alemania en España confirma por teléfono a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que todo se ha parado y que los diputados regresan a Berlín.
¿Qué había pasado? El Gobierno central y la Junta de Andalucía tenían confirmadas las visitas de la delegación alemana hacía un mes, aunque la noticia no se conoció hasta hace tres días, el viernes, a través de la agencia Efe. Durante el fin de semana, la tensión política entre ambas administraciones se disparó varios grados, con el mismo telón de fondo que ha crispado las relaciones institucionales desde hace meses: la ley de PP y Vox para regularizar cultivos de regadío ilegal en el entorno de Doñana, que está tramitando el Parlamento andaluz y que ha puesto patas arriba la política nacional e internacional. La iniciativa del Bundestag desató una ola de susceptibilidades, porque venía marcada por la campaña de boicot a la fresa de Huelva lanzada por una asociación alemana unos días antes.
Hora y media de reunión
Los diputados alemanes se enteraron minutos antes de que su visita había sido suspendida. Ya estaban en los pasillos del ministerio cuando saltó el comunicado del Bundestag, y el número dos de la ministra Teresa Ribera les hizo pasar a su despacho “por deferencia”. El encuentro estaba anunciado y se había convocado a la prensa gráfica, que tomó imágenes de la reunión. Pese a la cancelación, la reunión se dilató más de una hora y media.
Fuentes del Ministerio explican que se habló, “en términos genéricos, de la crisis de sequía que sufre España, singularmente Andalucía, de la gestión del agua y el cultivo extensivo de regadíos, de la necesidad de digitalización en el sector agrícola, y de la producción bajo invernaderos de Almería (donde iba a finalizar la visita el próximo viernes).
Es decir, ambas partes esquivaron el elefante en el centro de la habitación: Doñana. “No ha salido en el debate ni en la conversación”, precisó la ministra Ribera. El comunicado del Bundestag era claro: “En vista de la gran importancia política que los temas del viaje han adquirido en los últimos días de cara a las próximas elecciones nacionales españolas, el Parlamento alemán ha decidido renunciar por el momento a su viaje a Andalucía largamente planeado”.
La suspensión de la visita alemana parece haber provocado cierto alivio tanto en el Gobierno como en la Junta. “Era la tormenta perfecta: una visita de diputados alemanes justo después de la campaña de los consumidores alemanes contra la fresa de Huelva. No sabíamos cómo interpretarlo”, dice una fuente de San Telmo. “Es verdad que estaba programada de antes, pero ha llegado en el peor momento político”, avisan fuentes del Ejecutivo de Sánchez, donde barruntan que detrás del repliegue de la delegación alemana puede estar Manfred Webber, presidente del Partido Popular Europeo.
Weber ya se posicionó en el conflicto entre el Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos) y el andaluz (PP), cuando acusó, en un ataque inédito, a la Comisión Europea de hacer “política partidista” en favor de Pedro Sánchez, tras criticar duramente la ley andaluza de regadíos junto a Doñana. La vicepresidenta Ribera aplaudió la cancelación de la visita con un escueto: “me parece correcto”, aludiendo a la inminencia de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ribera ha vuelto a insistir en que este problema debe resolverse “de puertas para adentro”, insistiendo en que el Parlamento andaluz debe retirar la polémica ley.
La posición del Gobierno de Moreno respecto a la visita de la delegación alemana ha ido variando en función de cómo se han sucedido las noticias en los últimos tres días. La Junta conocía y autorizó la visita, programó los contactos con su consejera de Agricultura, el viceconsejero de Medio Ambiente y los responsables del Parque Nacional. Pero cuando saltó la noticia, enmarcó la visita en una supuesta estrategia de ataque del Gobierno de Pedro Sánchez, ligándola al boicot de la fresa de Huelva de la ONG alemana.
El sábado, el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, acusó a Sánchez de “ponerse del lado de los que atacan a Huelva” tras conocer que el Ministerio de Transición Ecológica recibiría a los diputados alemanes. “Es demencial”, advirtió.
Este lunes por la mañana, antes de saber que la visita del Bundestag se suspendía, Fernández Pacheco volvió a acusar al Gobierno de “usar esta visita” para hacer de altavoz del boicot a la fresa de Huelva en España. “No puede ser que el boicot a la fresa tenga como principal altavoz al Gobierno de España. Están encantados”, dijo.
Una hora después, tras conocerse la suspensión de la visita, el portavoz de la Junta rehacía su mensaje: “Está claro que la visita que la delegación alemana iba a hacer a Andalucía se le ha atragantado a Pedro Sánchez, le ha salido el tiro por la culata. Intentó politizarlo usándolo como un arma electoral, pero los diputados alemanes han demostrado tener mucha más lealtad institucional que el presidente del Gobierno”.
400 millones en venta de fresa a Alemania
Sobre las 12.40 horas de lunes, la Embajada teutona en España difundió el comunicado del Bundestag con la cancelación del viaje y trató de explicar cómo se había gestado al margen de la actualidad política nacional. El Parlamento alemán organiza dos viajes internacionales al año para que sus diputados conozcan de primera mano realidades que afectan a los intereses de Alemania. Desde el Gobierno central no dan cuenta de alguna otra visita anterior a España que no trascendiera a la opinión pública.
En este caso, la delegación alemana venía a analizar la sequía y el impacto del cultivo de la fresa de Huelva en el sobreexplotado acuífero de Doñana, la mayor reserva natural de Europa. El 98% de la producción de frutos rojos en España proviene de Huelva, que mueve al año 1.500 millones de euros, el 95% en exportaciones al extranjero, y Alemania es el país que más compra (en torno a 400 millones).
En el último mes, toda la prensa alemana se ha hecho eco de la encendida polémica que ha desatado en España la proposición de ley de PP y Vox para regularizar cultivos de regadío ilegal en el entorno de Doñana. El Parlamento andaluz tramita de urgencia esta iniciativa, avalada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, con el rechazo frontal de instituciones europeas, el Ejecutivo central y la comunidad científica, que alerta del perjuicio medioambiental que supondrá para el Parque Nacional.
El anuncio de la visita de la delegación alemana a Andalucía pilló con el pie cambiado a la Junta. Su primera reacción fue denunciar que la comisión estaba compuesta por “diputados socialdemócratas y verdes”. En realidad, la delegación está encabezada por el presidente de la comisión parlamentaria de medioambiente, el verde Harald Ebner, con representación de todos los partidos en el Bundestag: Dunja Kreiser y Michael Thews (Partido Socialdemócrata Alemán, SPD), Astrid Damerow y Volker Mayer-Lay (de la Unión Cristianodemócrata/ Unión Social Cristiana), Linda Heitmann (Verdes), Muhanad Al-Halak (Partido Liberal), Andreas Bleck (Alternativa para Alemania) y Amira Mohamed Ali (La Izquierda).
La visita del Bundestag a Andalucía empezó a gestarse hace seis meses, según el relato de la embajada, cuando la ley para legalizar regadíos en el entorno de Doñana ya había iniciado su tramitación parlamentaria. La polémica no nació ahí, porque la misma norma se activó al final de la pasada legislatura y decayó con el adelanto electoral. Pero el ruido de fondo ya era evidente.
La Comisión Europea había amenazado a España con multas millonarias si la ley sale aprobada, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad para paralizarla, la Unesco alerta del riesgo de Doñana de perder el sello de Patrimonio de la Humanidad, y los agricultores con permisos de riego en la zona piden que se rebaje la tensión política para evitar causar un perjuicio reputacional a la marca de la fresa roja de Huelva en los mercados internacionales.
Todos los puentes entre Gobierno y Junta en materia medioambiental están rotos. La ministra Ribera acusa abiertamente a Moreno de “negacionismo climático”, y éste le reprocha su “obsesión por castigar a Andalucía desde que gobierna el PP”. En este ambiente de guerra fría y susceptibilidad, la semana pasada se dio a conocer en redes sociales el boicot de una asociación de consumidores contra la fresa roja de Huelva, que ambos gobiernos han usado para cargarse de razones contra el otro.
Más de 140.000 ciudadanos se sumaron a una campaña en internet lanzada por la asociación alemana Campact, muy combativa en defensa del medioambiente, para exigir a las cadenas de supermercados del país que dejasen de vender fresas procedentes de España para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana: Lidl, Aldi, Edeka... Sánchez y Ribera difundieron la noticia en redes, acusando al Gobierno de Moreno de dañar la economía local de Huelva; la Junta de Andalucía le reprochó justo lo contrario: “que se hiciera eco de una campaña de desprestigio contra la fresa onubense, difundiendo bulos sobre la ley”.
La inflamación de la política española en torno a Doñana, con las elecciones municipales de fondo está contada, paso a paso, en los principales medios de comunicación de Alemania, que han enviado a corresponsales a Huelva a entrevistar a agricultores, ecologistas, responsables públicos...
El diapasón político decayó durante la campaña para las municipales del 28 de mayo, porque el PP decidió frenar la tramitación de la ley y reactivarla tras los comicios. Pero 48 horas después de abrirse las urnas, la polémica de Doñana volvió a estallar y la onda expansiva volvió a sorprender al Ejecutivo de Moreno.
PP y Vox vetaron a los científicos más críticos con la ley de la comisión parlamentaria que debe analizar y aprobar la norma, en una sesión única el próximo 13 de junio. Entre los nombres vetados destacó el de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, una de las voces con más autoridad sobre Doñana. El rechazo de Delibes a la ley que defiende el Gobierno de Moreno ya quedó patente hace un año, cuando el Parlamento le llamó a comparecer sobre el primer texto de la norma: “Esta proposición me parece irresponsable, desleal, frívola, irritante, inconsistente, un sinsentido”, dijo entonces.
La ola de críticas por el veto a Delibes hizo rectificar al PP de Moreno. La comisión de Fomento, que estudia el borrador, se reúne este martes a puerta cerrada para volver a incluir su nombre en la lista de 23 comparecientes que acudirán a explicar su posición, aunque los populares y Vox mantendrán fuera a Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana.
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