Las comarcas del Almanzora y Baza reclaman a la Junta que detenga la creación de pozos presuntamente ilegales

El Valle del Almanzora y la comarca de Baza se han unido para reclamarle a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que frene sus intenciones de abrir pozos que consideran ilegales dado que no encuentran amparo legal, según denuncian Agapro, Fundación Savia y la Plataforma en Defensa del Río Castril. Estas asociaciones presentaron una reclamación ante la Junta a finales de octubre argumentando que las prospecciones que se pretenden hacer en Alcóntar (Almería), en pleno corazón de la Sierra de los Filabres, comprometen el ecosistema de la zona al dejarla sin reservas naturales de agua. Sospechan que se busca beneficiar a las grandes empresas agroindustriales y a las comunidad de regantes del Levante dándole más agua para sus explotaciones.

En el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, los firmantes señalan que no existen motivos suficientes para extraer el agua de estos pozos. Para ello citan la Ley 9/2017 que regula los contratos en situación de emergencia ya que la Junta sostiene que hay un problema de sequía en la zona que necesita solventar tras el cierre del trasvase Negratín-Almanzora. Sin embargo, no existe ninguna declaración de sequía que pueda justificar las obras para abrir los pozos y conectarlos con el caudal del trasvase para regar los municipios que se verían afectados, según indican las plataformas que han cursado la queja.

Obras en terreno privado

El origen del problema tiene lugar el 1 de octubre. En aquella fecha, el subdirector de Infraestructuras de Agua redactó una memoria que justificaba la captación de nuevos recursos de agua para el abastecimiento de diferentes poblaciones almerienses. Un día después, el 2 de octubre, el director del área, Sergio Arjona, la hizo realidad aprobando por situación de “emergencia” las actuaciones para poner en marcha la captación y canalización del agua para abastecer a los municipios almerienses de Albox y Olula del Río. Dichas actuaciones ascendían en un primer momento a algo más de 3 millones de euros, hoy cuestan alrededor de 2,3 millones.

Las obras que aprobó aquel día el director de Infraestructuras de Agua suponían la apertura de una serie de pozos naturales ubicados en la Sierra de los Filabres en el municipio de Alcóntar (Almería). Las mismas comenzarían días después en unos terrenos privados donde los dos propietarios de los mismos no fueron informados ni expropiados, por lo que se iniciaron sin permiso. Motivo por el que ambos dueños han denunciado, ante la Guardia Civil, a la empresa encargada por la Junta para iniciar las excavaciones.

Infraestructura innecesaria

Plataformas, vecinos, ayuntamientos y agricultores, consideran que las obras que se quieren ejecutar para sacar agua de los pozos y conducirla hasta el trasvase del Negratín al Almanzora son “puro negocio”. Que ponen en peligro la biodiversidad de las comarcas del Altiplano de Baza y del Valle del Almanzora, la propia vida de los municipios y que son un intento más de consumir los recursos hídricos de los habitantes y trabajadores del campo que allí residen. No tienen justificación, argumentan, no solo porque no haya un episodio de sequía que las ampare, sino porque el abastecimiento de los municipios de Albox y Olula del Río que la Junta utiliza como excusa, está más que garantizado.

En el caso de Albox, según señalan en la reclamación dirigida a la Junta, esta localidad almeriense recibe agua del Embalse del Almanzora que actualmente está en 31 hm3, 8 puntos más de la media de los últimos diez años, que se ha situado en 23 hm3. Por ello, entienden que en ese sentido no está tampoco justificado que el agua sea necesaria para el consumo humano. Por su parte, Olula del Río cuenta con acuíferos naturales que abastecen al pueblo. De ahí que los denunciantes sostengan que hay intereses ocultos para beneficiar a determinadas entidades.

“No somos tontos, están robándonos el agua para crear cada vez más campos en la costa”, sostiene Alonso Segura, alcalde de Cúllar Baza (Granada), una de las localidades afectadas. El edil suscribe la opinión de que el agua que debía estar destinada para el abastecimiento urbano “se está dedicando sobre todo a regar explotaciones que no se están controlando”. En el punto de mira de quienes se estarían beneficiando sitúa a Aguas de Almanzora S.A., una empresa que se dedica al suministro de aguas de regadío. Argumentanque esta entidad está obteniendo recursos hídricos que deberían dedicarse a la población y que están destinándose a la agricultura descontrolada. “Hay agua, pero no hay una buena gestión de la misma”, añade.

Un trasvase polémico

Todos estos problemas beben del trasvase Negratín-Almanzora que se inauguró en 2004 y que sirve para abastecer a municipios y comunidades de regantes de Granada y Almería. Este se cierra cada vez que el nivel del embalse del Negratín (Granada) se encuentra por debajo del 30% de su caudal. Una situación que se ha producido este otoño y que ha provocado su cierre temporal. Aunque podría parecer que con la clausura de esta infraestructura se produce un problema de abastecimiento, hay que tener en cuenta que los municipios y regadíos reciben agua también del trasvase Tajo-Segura y de la desaladora de Carboneras.

Según los datos que manejan las plataformas denunciantes, con esa infraestructura se podría abastecer a una población de 300.000 personas, mientras que viven en ella 150.000. Por lo tanto, según estas cifras, hay agua de sobra para el consumo humano, por lo que el problema no reside ahí sino en las zonas de regadío. Un problema que la Junta no señala a la hora de iniciar la creación de estos acuíferos en el municipio de Alcóntar en la Sierra de los Filabres. De hecho, desde la Consejería de Agricultura se argumenta que estos pozos serían “una medida transitoria” mientras consiguen la reapertura, que ya han solicitado, del trasvase Negratín-Almanzora.

Un anuncio que no se creen en la zona como argumenta el alcalde de Cúllar Baza que teme que “cuando los abran y los utilicen para regar más campos, después no querrán cerrarlos porque seguirán haciendo falta”. Un argumento que también comparten las plataformas denunciantes quienes recuerdan además que con el cambio climático “no parece aconsejable que se permita el incremento de las demandas agrícolas, ni que el abastecimiento humano dependa de trasvases, que cada vez van a ser más problemáticos, ya que los fenómenos de sequía nos afectan a todos”.