El juzgado que investiga la muerte del joven en Oria cita a los responsables del centro sin acusaciones personadas
El Juzgado de Instrucción Único de Purchena (Almería), que investiga la muerte de un joven de 18 años en el centro de reforma Tierras de Oria tras ser inmovilizado en una cama con medidas de contención y de sujeción mecánica, ha llamado ya a declarar a los responsables del centro para que sean los primeros en contar qué pasó aquel día. Las acusaciones particulares que anunciaron su personación (Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Andalucía Acoge) aún no han podido formalizar su presencia en la causa, mientras que la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que gestiona el centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía, acaba de pedir también en el juzgado su personación como acusación, no como parte perjudicada.
Fuentes judiciales indican que se pueden practicar diligencias de averiguación estén o no estén personadas las acusaciones, pero el caso es que tanto la Red Española como Andalucía Acoge anunciaron hace tiempo su personación, el 3 de julio la primera, apenas dos días después de la muerte del joven, y 30 días despúes, Acoge. La “ralentización” de la personación de las acusaciones conlleva que se acuerden determinadas diligencias “sin posibilidad de oposición o controversia”, consideran fuentes cercanas al caso. La cuestión es que, al no tener acceso a la documentación, ni siquiera a la autopsia conocida este jueves, se le ha impedido a las acusaciones proponer la concurrencia de otros peritos a la práctica de la autopsia.
Acerca de la autopsia, difundida por Europa Press, fuentes del caso consideran que “omite toda consideración a la imprudencia que supone dar el trato de la inmovilización mecánica a quien estaba sometido a la medicación”. “Era el centro el que proporcionaba la medicación, era el centro el que debía controlar las consecuencias de las medicaciones que administraba y el trato inmovilizador contraindicado”, apuntan estas fuentes, que opinan que la autopsia “anticipa el archivo de la causa”, al tiempo que se muestran sorprendidas de que Ginso se persone como acusación y no como perjudicada, ya que fueron los empleados y los responsables los únicos que tuvieron participación en el suceso. “En todo caso serían responsables civiles subsidiarios”, añaden.
Acusaciones sin papeles
A la Red Española de Inmigración se le impuso para personarse una fianza de 7.000 euros, posteriormente rebajada a 1.000 euros tras un recurso de la organización y tres días de plazo para presentar el dinero. La Red, como Andalucía Acoge, aún no ha recibido el sumario, que está bajo secreto, más de dos meses después de anunciar su personación, al menos en el caso de la primera. A Andalucía Acoge aún no se les ha comunicado siquiera qué cantidad tienen que presentar para personarse, indican fuentes de la federación.
Con todo, el juzgado ya ha comunicado las primeras citaciones, en concreto las del director del centro, el responsable de la unidad terapéutica y el cooordinador responsable del área, entre otros, para los días 4, 11 y 18 de noviembre. Los trabajadores del centro difundieron este mismo viernes un comuicado donde defienden, apoyados en la autopsia, que la “fatalidad del hecho fue ajena” a su actuación. “Se produce lo que anunciábamos, un desenlace impredecible no deseado ni querido por nadie, pero que deja intacta la impecable labor que realizamos los trabajadores”, informaron los sindicatos UGT, CCOO y USO.
La autopsia, que aludía a una muerte “accidental”, señala de cualquier foma que la contención mecánica en decúbito prono --boca abajo--, contemplada en el protocolo del centro de Oria, “es contraria a las recomendaciones encontradas en la bibliografía y protocolos estudiados, por suponer un mayor riesgo de muerte con respecto a la contención en otras posturas”.
Nuevo protocolo
Desde primeros de septiembre, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tiene en vigor una nueva Instrucción sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de la medida de contención con sujeción mecánica en los centros de menores infractores de Andalucía. En el nuevo protocolo de actuación ya consta que los menores deberán ser colocados “en posición de decúbito supino -boca arriba”, evitando “otro tipo de posturas”, por ejemplo la que se ejecutó en Oria, “salvo indicación expresa justificada del personal médico basada en alguna razón específica (existencia de quemaduras, escaras u otras lesiones dérmicas o de otro tipo que contraindiquen el decúbito supino”.
En una comparecencia parlamentaria del pasado 25 de julio, la Junta de Andalucía se amparó en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para defender el uso de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores. El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, aseguró que su aplicación se realiza “con todas las garantias posibles de seguridad y respeto a los derechos de los menores”, detallando que su uso en los centros andaluces “es subsidiario”. “Se aplica pero no es una práctica diaria. Es un medio extraordinario”, dijo Marín.
El caso está sobre la mesa del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “No puedo cambiar la ley”, dijo Marín, quien también hizo referencia a las sugerencias del Defensor del Pueblo Español y a su aceptación por parte de la Junta, destacando principalmente el último informe del Defensor del Menor de Andalucía donde no se destacaba incidencia relevante alguna en Tierras de Oria tras la última visita al centro por parte de los defensores, en abril de 2018.
