Carboneras declara no urbanizables los terrenos del Algarrobico, un primer paso hacia la demolición del hotel

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado definitivamente con los únicos votos del equipo de gobierno del PSOE anular el sector urbanístico ST-1 en el que se levanta el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico y declarar el suelo no urbanizable de especial protección por enclavarse en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tal y como le obligaba en firme desde 2018 una sentencia del Tribunal Supremo (TS). El acuerdo suscrito este miércoles por la corporación local que preside el alcalde, José Luis Amérigo, apercibido judicialmente desde el pasado día 17 con multa de 700 euros cada 20 días, supone modificar el planeamiento urbanístico que da sustento legal a la licencia municipal de obras concedida en 2003 y daría respuesta a los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dar cumplimiento al fallo.

Se trataba de un paso necesario hacia la demolición del hotel, antes del cual no se podía hacer nada y que supone el inicio de deshacer paso a paso el camino andado: primero, cambiar la clasificación del suelo, después revisar la licencia. La sesión se ha desarrollado con reproches y críticas unánimes por parte de la oposición, que se ha abstenido, al trámite seguido por el equipo de gobierno, “saltándose todos los pasos previos” y con “prisas” tras la “amenaza” de multas al alcalde para aprobar este tipo de instrumento urbanístico. Los grupos han remarcado el “giro de 180 grados” dado en “apenas un mes” por los socialistas y ha rechazado que les hagan “copartícipes” de un “circo” en el que “ni pinchamos ni cortamos”.

“Ustedes son los responsables de este embrollo y ustedes son los responsables de ejecutar la sentencia”, han señalado los concejales de PP y Carboneras Avanza, Salvador Alarcón y Felipe Cayuela, quienes han pedido que se abra “una investigación” para depurar responsabilidades y “ante la verdadera batalla judicial” que, según han remarcado, “se abre ahora con la promotora del hotel” y su presunto derecho a ser indemnizada por “inseguridad jurídica”.

El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Soto, ha asegurado que están aquí para cumplir y acatar una sentencia“ y ha afirmado que lo están haciendo ”con todos los informes técnicos correspondientes al tiempo que ha defendido que se ha hecho “lo que nos manda la justicia como siempre”, y ha aludido a la dación de cuentas en los mismos términos que hizo al pleno en 2021 “impuesta por el equipo de gobierno” que les precedía y “”que no fue suficiente“.