El 10 de Mayo de 1981 se produjo el trágico Caso Almería, en el que tres jóvenes fueron asesinados y torturados por la Guardia Civil al ser confundidos con un comando de ETA. 36 años después, amigos y familiares han recordado a Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero para que la tragedia “no quede en el olvido”. Lo hacen todos los años.
El pasado domingo un grupo de personas -entre ellas la hermana de Juan Mañas Morales, Mary Carmen, el almeriense asesinado- familiares y amigos se reunieron ante el monolito levantado en su memoria junto a un barranco de la vieja carretera de Gérgal, donde aparecieron los tres cuerpos esposados, descuartizados, calcinados y acribillados a balazos, en el interior de un Ford Fiesta abrasado.
Reiteradamente, el abogado defensor de las familias, Darío Fernández, ha manifestado que el caso debería reabrirse porque existen pruebas que así lo exigen. El letrado, de 78 años de edad, en una reciente conversación con eldiario.es/andalucia reconocía que “cuanto más tiempo pasa de aquellos hechos más me afectan. No quiero hablar del asunto ya. No sé cómo pude sacar aplomo y valor entonces para enfrentarme a aquella monstruosidad”. Fernández, que abandonó la abogacía escribiendo un polémico libro titulado 'La justicia manchada', vive actualmente en el extranjero
En este emotivo acto, Mariano Junco, del Centro Andaluz del Pueblo ‘Javier Verdejo’, denunció “el trato de favor que tuvieron los únicos tres guardias que fueron condenados por el crimen a pesar de que fueron once los que se vieron implicados. Además, los hechos fueron calificados de homicidio en vez de asesinato, al no admitirse la existencia de premeditación ni alevosía, y sí un acto propio del cumplimiento del deber… como si la tortura y el falseamiento de la escena de un crimen fuera parte de las obligaciones”.
Participaron en algún momento en aquellos hechos juzgados, pero no fueron condenados, los sargentos Rafael Cañadas Pérez, Antonio González Bueso, Juan Sánchez Cabrera, Cabo Primero Guillermo Visiedo Beltrán, los guardias Eduardo Fenoy Rodríguez, Ángel Ojeda Guerrero, Antón Pavón Merino, Juan Martínez Castro.
Según Junco los condenados vivieron a “cuerpo de rey” tras un juicio que fue “una farsa total”. La hermana de Juan Mañas, dijo allí que “el Caso Almería, como muchos otros, no puede quedar en el olvido, ni en un libro empolvado en una biblioteca. Que sirva para transmitir a las nuevas generaciones valores como la amistad, la solidaridad y la justicia. Hay que seguir luchando para reparar las heridas que aún siguen abiertas en España”.
Criticó que estos hechos se calificaran como “un trágico error, un trágico error que marcó la vida de tres familias, emprendiendo una lucha con uñas y dientes contra el Estado que siempre dio la espalda a tres víctimas y tres familias, que sólo pedían Justicia, Justicia que nunca apareció”. El entonces ministro del Interior, Rosón, fue quien calificó los hechos de “un trágico error”. Mary Carmen Mañas destacó en el acto la lucha por la “dignidad, la inocencia y la honradez de Juan Mañas (24 años), Luis Cobos (29) y Luis Montero (33)”.
Al menos, en marzo de este año 2017, Andalucía les ha reconocido como víctimas del terrorismo de Estado. La ley de Memoria histórica y democrática andaluza, aprobada en el Parlamento andaluz, declara por primera vez a los tres jóvenes asesinados como víctimas de aquella represión. Sin embargo, el Gobierno español negó por tres veces a las familias este reconocimiento pese a exigirlo.
Aquella noche
Todo comenzó cuando la Guardia Civil recibió un aviso de que habían reconocido en Alcázar de San Juan a los tres presuntos etarras cuya imagen había aparecido en los medios de comunicación por cometer un atentado contra el teniente general Valenzuela. El denunciante confundió a las víctimas asesinadas con Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa, y los tres fueron detenidos en una tienda de regalos de Roquetas, comenzando el calvario con la detención en Roquetas de Mar. Pese a las explicaciones de los fallecidos no se comprobó el domicilio en Pechina (Almería) de Juan Mañas, a donde se dirigían de comunión acompañado de sus dos amigos.
La familia Mañas Morales recibió años después, en 1984, una carta anónima enviada por un guardia civil de la zona. Antonio Ramos, autor de un libro sobre el caso, afirmó que “describía de forma descarnada lo que más o menos se sabía o se intuía”.
Relataba su brutal muerte en un antiguo cuartel. “Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C.., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola que cada uno que recibieron (sic) por separado. Posteriormente, los envolvieron (sic) en mantas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no se conocieran los malos tratos”.
El anónimo guardia civil llega incluso a relatar en su carta que los asesinos utilizaron el dinero que llevaban las víctimas en sus carteras para comprar la gasolina con la que fueron carbonizados. “En la actualidad (1984) soy guardia civil, pero no asesino”.
El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena “por ser criminalmente responsables de tres delitos de homicidio” al teniente coronel Castillo Quero, jefe de la comandancia de Almería, al teniente Gómez Torres y al guardia Fernández Llamas, y fija una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. En 1984 el Tribunal Supremo confirmará la sentencia de 24 años de cárcel para el primero, 15 para el segundo y 12 para el tercero. El resto de Guardia civiles no fueron condenados. Fue la primera vez que se llevó a juicio a la Guardia Civil, expulsando del Cuerpo a los condenados.
Francisco Javier, el hermano que nunca pudo celebrar su comunión, recordaba años después que “a aquellos criminales siempre los protegieron. Se les dieron hasta unas viviendas en el pueblo costero de San José. Imagínate la rabia y la impotencia de saber que esta gente sigue sin ningún tipo de condena y encima no se haya pedido ni perdón por parte del Gobierno. Los familiares, 36 años después, siguen reclamando justicia contra todos los implicados y denunciando el amparo del Estado a los asesinos.