El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha celebrado este jueves el juicio contra tres extrabajadores de la empresa de seguridad del centro de reforma juvenil Tierras de Oria de Almería y un antiguo interno por difundir imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama con gomas y gritando de dolor pidiendo “por favor” que se les retiraran las sujeciones. Dos de los exempleados han sido absueltos debido a que uno de los jóvenes internos que fueron grabados ha retirado la acusación y se ha disculpado por videconferencia durante la vista oral. El tercero está pendiente de sentencia, donde se reflejará un acuerdo de conformidad al que ha llegado con la Fiscalía (condena de 23 meses de prisión y el pago de una indemnización de 4.50 euros) pero los dos anteriores han podido abandonar la sala después de que ninguna de las partes pusiera objeción a que quedara extinguida su responsabilidad penal y civil, según han informado a este periódico fuentes del caso.
Un juzgado de Purchena abrió en 2018 juicio oral contra estas personas relacionadas con este centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía pero que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO). Se trata del mismo centro de jóvenes donde el verano de 2019 murió un chico de 18 años tras ser inmovilizado sin presencia médica, según un vídeo al que tuvo acceso eldiario.es, y que está pendiente de la decisión de la Audiencia de Almería tras el recurso de la Fiscalía para la reapertura del caso.
La Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes que ahora han sido juzgadas, archivó el caso hace cinco años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores. Pero la denuncia del centro por la difusión del vídeo, publicado en febrero de 2015 por eldiario.es, siguió su curso y el juzgado acaba de celebrar la vista oral. El antiguo interno acusado deberá esperar a la sentencia, que se conocerá en los próximos días, de acuerdo a las mismas fuentes.
Los trabajadores del centro acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentaban a penas de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.
“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa el año pasado en un informe comprobado por eldiario.es Andalucía. El Defensor del Pueblo Español acaba de denunciar inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense.
La Fiscalía de Almería dijo en sus conclusiones provisionales que el vídeo difundido fue manipulado para su reproducción en bucle, ya que uno de los incidentes tuvo lugar en julio de 2011 mientras que el segundo se produjo en enero de 2014. En el vídeo se observa a uno de los jóvenes golpeándose contra el colchón y al otro gritando “¡guardia, por favor te lo pido!”, lo que corresponde, como dice el fiscal, a dos momentos diferentes.
“Lo grabé para denunciar lo que allí pasaba”
La práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas la corroboraron a este medio en su momento dos de los acusados y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.
Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indicó a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relató este antiguo trabajador de Tierras de Oria.
Este acusado también señaló incluso que, en uno de los juicios laborales que se han celebrado por estos hechos, se le mostró una especie de “recreación” de uno de los vídeos, presentado por el centro de menores. El exempleado apuntó en todo caso que “la inmovilización se puede utilizar para tranquilizar o para que el menor deponga su actitud pero no para causar el mayor daño y sufrimiento posible como yo he visto, apretando al máximo las correas. Lo tratamos de denunciar en su día y lo seguimos queriendo hacer. La Junta y el director se apresuraron en desmentirlo pero, insisto, los vídeos hablan por sí solos”.