El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena ha dictado auto de apertura de juicio oral contra tres vigilantes de seguridad y un coordinador empleado de la asociación Ginso por la muerte de Iliass Tahiri, el joven de 18 años que falleció el 1 de julio de 2019 atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama del centro de justicia juvenil Tierras de Oria, en la provincia de Almería, gestionado por la citada empresa privada por contrato de servicio de gestión integral con la Junta de Andalucía.
La jueza ha decidido que sea Ginso la que responda como responsable civil subsidaria, pero no la Junta de Andalucía, como pedía la familia, que solicita cuatro años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados y cuantiosas indemnizaciones. Según la representación legal de la madre y los hermanos aquel joven, además de la compañía aseguradora, la empresa de seguridad y la propia Ginso, debía ser la administración quien también debiera indemnizar subsidiariamente por aquellos hechos.
En el auto, fechado este 26 de junio y al que ha tenido acceso este medio, también se recogen las peticiones de la acusación particular que ejerce la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que solicita un año y seis meses de prisión a cada uno e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por plazo de cuatro años.
El relato de los hechos que ha expuesto recientemente la familia en su escrito de acusación es bien conocida, y se apoya principalmente en la grabación de los momentos previos a la muerte de Iliass, a la que accedió en noviembre de 2019 elDiario.es Andalucía, donde se mostraba cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.
Cabe recordar que la inmovilización sobre Iliass se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el entonces vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo. El Defensor del Pueblo Español denunció inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense. El propio Marín volvió a tener que responder sobre el asunto pero igualmente se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido en el centro. La entonces Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ya informó de que aceptaba las sugerencias y de que iba a revisar “una a una” ese tipo de contenciones.
Después del archivo del caso en enero de 2020, se debe recordar que en octubre de aquel año la Audiencia de Almería reabrió por primera vez el procedimiento, como así se lo pidió la Fiscalía. Tras el segundo archivo en mayo de 2022, la Audiencia volvió a revocar el sobreseimiento en abril del año pasado, ordenando la reapertura del caso y dando voz a las partes para que vuelvan a pronunciarse cinco años después de aquella trágica muerte.
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