El Gobierno de la Junta de Andalucía anunció este martes una novedad procesal: se ha personado en uno de los dos procedimientos judiciales con los que los ecologistas buscan, desde hace años, devolver a El Algarrobico a una situación urbanística y legal que permita su demolición.
El Algarrobico es un hotel de 20 plantas y 411 habitaciones a pie de la playa del mismo nombre, enclavada en el parque natural de Cabo de Gata (Almería). Empezó a construirse en 2003 con una licencia de obras del ayuntamiento de Carboneras (Almería) y fue paralizado en 2006 por orden de un juez. Desde entonces, nadie ha puesto o quitado un ladrillo de la mole, cuya ilegalidad (por invadir el parque natural de Cabo de Gata y la playa) está declarada por sentencia firme desde 2018. Una maraña judicial y administrativa mantiene a El Algarrobico atado a la playa, a pesar de los esfuerzos que todas las administraciones dicen hacer por desatarlo.
Ahora, la Junta de Andalucía anuncia que se persona en uno de los dos procedimientos abiertos, con los que se pretende que Carboneras clasifique al fin los suelos como no urbanizables y revise la licencia de construcción que concedió en su día. Con este último se busca ejecutar una sentencia dictada en 2021, en ejecución forzosa desde el 21 de septiembre de 2023. “Llevan dos años con una sentencia firme que les obliga a revisar la licencia, y ni caso”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de los grupos ecologistas, que llevan años batallando porque la ilegalidad declarada en los tribunales se traslade, al fin, a la realidad material.
Mientras no se desentrañe este doble nudo jurídico, la justicia ya ha dicho que nadie puede tocarle una piedra al edificio ilegal.
Más allá de su aún imperceptible efecto material en una situación jurídicamente endiablada, el anuncio de que la Junta quiere tener voz en ese procedimiento tiene una lectura política: se produce apenas unas horas antes de la puesta de largo en Sevilla de la candidatura de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, como número 1 del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Quizá por eso, el Gobierno andaluz lo acompañó de la solemnidad que da a sus actuaciones destacadas, reservándolo para la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
“La demolición de El Algarrobico es uno de los objetivos marcados por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno”, aseguró Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente y portavoz del gobierno andaluz, que en los últimos meses ha remarcado en varias ocasiones su compromiso con la demolición definitiva del hotel.
El propio Juan Manuel Moreno utilizó su último discurso de Nochevieja para pedir al Gobierno de España un pacto similar al de Doñana para poner fin a El Algarrobico. “Ya va siendo hora de tirar al suelo esa mole de hormigón y devolver ese espacio conjunto a los ciudadanos ya la propia naturaleza”, dijo entonces el presidente andaluz, que en los últimos meses ha cultivado especialmente su imagen de compromiso ambiental: ha visitado Doñana con la propia Ribera para sellar la paz con el Gobierno (luego momentáneamente rota) o Veta La Palma, por el que Andalucía ha pagado 70 millones para que sea un espacio de garantía vital de ese parque nacional.
En realidad, el pacto para acabar con El Algarrobico ya existe: en 2011, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía firmaron un protocolo de derribo, por el que el Estado asume los costes de demoler el hotel, y la Junta de Andalucía se hace cargo del tratamiento de los residuos, los escombros y de la restauración ambiental de la playa. En 2021, el Gobierno andaluz llegó a reservar una partida presupuestaria para tal fin.
Pero como recordó este martes Fernández Pacheco, ese acuerdo es papel mojado mientras persista un bloqueo jurídico que dura más de una década. “Si sigue sin declararse el suelo no urbanizable y sigue habiendo una licencia en vigor, no se puede tramitar una licencia de derribo”, subrayó el portavoz, quien volvió a apuntar al ayuntamiento (gobernado desde hace dos meses por Ciudadanos, con el apoyo del PSOE) como único responsable de tanta demora.
La personación o no en un procedimiento no es una actuación que suela merecer espacio entre las referencias informativas del Consejo de Gobierno. Fernández-Pacheco enmarcó el anuncio en la “toma de conocimiento” de las “acciones proactivas” que la Consejería de Fomento está realizando para devolver los terrenos de El Algarrobico a su estado natural.
Así, la Junta de Andalucía ya está personada desde hace un año en el otro proceso clave, con el que se trata de ejecutar la sentencia que obliga a Carboneras a clasificar como no urbanizables los terrenos, ajustando así la legalidad urbanística municipal (el PGOU) al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata y a la Ley de Costas.
Ese procedimiento está empantanado porque el ayuntamiento no ha ejecutado la sentencia, que es firme desde 2018. En estos años, Carboneras (gobernada hasta 2023 por el PSOE) ha querido cumplir por defecto (limitándose a publicar en BOJA la resolución judicial); ha pedido tiempo para estudiar qué hace; y ha querido cumplir por exceso (adoptando un acuerdo plenario que iba más allá, al decir que el suelo era no urbanizable desde 2018, cuando lo es desde 1994).
Este último acuerdo fue anulado por el TSJA el pasado marzo. Los magistrados llegaron a apuntar que el ayuntamiento estaba pretendiendo eludir la literalidad de las sentencias. La última resolución judicial del TSJA, dictada esta misma semana, ordena al ayuntamiento que le certifique cuál es el planeamiento vigente que afecta a El Algarrobico, para ver si ha cumplido o no su sentencia.
Los ecologistas siempre han visto en la errática actuación municipal la prueba de que el ayuntamiento, gobernado hasta 2023 por José Luis Amérigo (sobrino del alcalde que concedió la licencia en 2003), no quiere cumplir. Así lo entiende también la Junta.
Ahora, la personación de la administración andaluza en el segundo procedimiento (ejecución de la sentencia que obliga a revisar la licencia urbanística con vistas a su probable nulidad), no tiene más eficacia que la de convertir a la Junta en un actor con capacidad de dar impulso al proceso. Es decir, de presentar escritos defendiendo la conveniencia de que los jueces adopten una actuación u otra.
Ya están personados los grupos ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar), que en la revisión de licencia han optado por la cautela: en vista de que no está claro si ahora mismo Carboneras clasifica el suelo del Algarrobico como urbanizable o no urbanizable, el abogado de los ecologistas, José Ignacio Domínguez, ha pedido que se pare el segundo procedimiento hasta que se clarifique el primero. Su temor es que un paso en falso (revisando la licencia antes de que Carboneras declare que el suelo es no urbanizable) enmarañe aún más la madeja.
No está claro aún si la cautela de los ecologistas será también seguida por la Junta de Andalucía, cuyos máximos responsables dicen querer agilizar en lo posible los trámites que permitan de una vez meter la piqueta a una mole varada en la playa desde hace demasiado tiempo.
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