Sucesos
La detención de las once personas ocurrió en Roquetas de Mar por su presunta participación en un entramado empresarial de la construcción de invernaderos implicado en 23 delitos contra la Seguridad Social y 22 de frustración de la ejecución. La Policía Nacional ha llevado a cabo la operación en colaboración con la Tesorería General, a través de la cual se ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 2.477.750 euros.
Un empresario agrícola, que solicitó los servicios de la constructora de invernaderos, reconoce en conversación con elDiario.es/Andalucía que Hacienda le ha sancionado con 200.000 euros “por no pagar el IVA que le correspondía a esta empresa”. Confiesa que “esto es un tema del que todo el colectivo es consciente, pero que nadie se atreve a hablar por miedo”. Los empresarios detenidos habían copado el sector, utilizando trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito.
Agustín, nombre ficticio de este agricultor que se ha prestado a contar su historia, asegura que esta práctica “es muy habitual en este sector” y que opera libremente en la provincia de Almería, estafando a los del sector agro. Lo confirma al periódico la Gestoría Vázquez y Manchón, que son especialistas en asesoría fiscal en El Ejido. Su socio, Juan Leandro Manchón, aclara que “el principal fraude es que se están quedando con un IVA que no es suyo”. Él sabe de primera mano que esta forma de trabajar está muy extendida porque “me han llegado muchísimos casos de este tipo”. La investigación comenzó en septiembre de 2022, cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas de la construcción de invernaderos en Roquetas de Mar, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Este entramado empresarial tenía en común la utilización de trabajadores de las propias empresas como testaferros, así como la utilización de multitud de sociedades. Los empresarios detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros. “El cabecilla de esta red de entramados es ‘el rumano jefe’, que lleva una empresa matriz”, revela Agustín. Explica que no hay ningún administrador, pero la matriz tiene más empresas a su cargo. Estas suelen ser pequeñas y de otra índole, nada que ver con la construcción de invernaderos. “A la empresa madre lo único que le interesa es que sus hijas le facturen, por lo que no pagan las deducciones de la seguridad social ni el Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA”, indica. Añade que la multa tributaria le llegó dos años después de que contratara los servicios a la empresa de construcción de invernaderos.
De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, los responsables de este entramado empresarial habían copado el mercado de la construcción de invernaderos a través de un modus operandi definido. Utilizaban empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Al no abonar los seguros sociales de sus trabajadores, los precios que ofertaban eran mucho más bajos que los de otras firmas que sí cumplían sus obligaciones. De esta forma se generó un importante fraude directo por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficio y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, ya que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellos mismos. Tras un complejo entramado de sociedades y de testaferros se dificultaba la labor de los investigadores para la identificación de los responsables de las actuaciones ilícitas.
“Todas las reclamaciones y las cartas de aviso para que paguen solo les llegan a las empresas hijas”, asegura este empresario agrícola. Nada recae en la empresa matriz, “hay una especie de muro burocrático que les salvaguarda”. De manera que estas empresas quedan manchadas, pero la matriz resulta intacta, impoluta. Así, ‘el rumano jefe’ queda impune de cualquier delito. Asimismo, según declara un inspector de Hacienda consultado por elDiario.es/Andalucía, “en Almería hay más de 100 empresas de este tipo que operan engañando, principalmente a los agricultores”.
Al consultar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se saca en claro que en el sector de la construcción de invernaderos se ha detectado que hay sociedades que facturan sin medios y que son de reciente creación. A la hora de hacer la factura no deducen el IVA. La entidad aconseja al agricultor que debe verificar que la sociedad ejecutante de la obra es la que realmente emite la factura. Una de esas formas es “ver si se trata de una sociedad asentada y con una larga trayectoria en el sector no suelen existir problemas”.
Otra forma de verificarlo es que el agricultor se cerciore de que la empresa constructora dispone de los medios con los que se está ejecutando la obra. Por ejemplo, comprobando, a través de los documentos de la Seguridad Social, que los trabajadores que realizan la construcción del invernadero están dados de alta en la sociedad que factura, y que los apoderados que firman el presupuesto y el contrato de construcción son también los de empresa que emite la factura.
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