DERECHOS LABORALES
Cada temporada, miles de mujeres son contratadas para cortar, limpiar, envasar o etiquetar miles de toneladas de tomates, pimientos o pepinos que se producen en los invernaderos de Almería. Si a los hombres les corresponde (muy mayoritariamente) la recogida del fruto, el manipulado y envasado lo realizan casi siempre ellas, la mayoría marroquíes, que perciben unos 50 euros por jornadas teóricamente de ocho horas.
Sus condiciones son precarias, pero acaban de recibir un espaldarazo que podría servir para mejorar su situación: una sentencia de un juzgado almeriense ha reconocido que quienes son empleadas durante meses por la misma empresa, integrándose en la dinámica de trabajo sin que sus tareas dependan estrictamente de la temporada, tienen en realidad un contrato indefinido no fijo y no pueden ser puestas en la calle sin más.
La resolución dictada por el juzgado de lo social 2 de Almería obliga a Agrupación Campos del Levante, con sede en Campohermoso (Níjar, Almería) a readmitir a 16 trabajadoras a las que contrató bajo la modalidad de obra y servicio, pero a las que dedicaba a las necesidades comunes.
La jueza concluye que en realidad eran trabajadoras “indefinidas fijas discontinuas por fraude en la contratación temporal”. Y que, por tanto, su cese es un despido encubierto, que debe calificarse como nulo porque superó los umbrales que marcan la necesidad de abordar un despido colectivo.
Los responsables de la empresa no han respondido a la solicitud de una entrevista por parte de este medio.
La resolución tiene una relación directa con la reforma laboral de 2022: desde el año pasado, el contrato indefinido es la norma general, y solo cabe una contratación temporal cuando la relación de trabajo tenga un motivo exclusivamente “causal”. Es decir, obedezca a la realización de una determinada obra, servicio o campaña.
Las 16 de Campos del Levante fueron contratadas a jornada completa en distintos momentos del segundo semestre de 2021, con un objeto común (“campaña 2021/2022 envasado y manipulado hortofrutícola”) y un salario diario de 38,35 euros, incluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias. Pero todas fueron puestas en la calle a la vez: el 8 de marzo de 2022, apenas tres semanas antes de que entrase en vigor la reforma laboral, la empresa les comunicó que no renovaría sus contratos temporales y les abonó un finiquito de entre 160 y 270 euros.
Lo cierto es que la campaña no había terminado, pues aún faltaban cinco meses de recogida de tomate. Y que los informes de vida laboral, los contratos, las nóminas y los finiquitos confirman que las trabajadoras no daban respuesta a una necesidad puntual, sino a la tarea habitual. En la resolución se lee que Campos del Levante, que tiene en plantilla a unos 150 trabajadores, contrataba a estas 16 mujeres “para dar respuesta permanente, aun cíclica, a las necesidades de la empresa demandada”.
De esta forma, el contrato temporal enmascaraba una relación indefinida no fija, según razona la jueza, que advierte que por eso no cabe prescindir sin más de las trabajadoras. Si la empresa quería despedirlas, debía hacerlo acogiéndose a las normas que regulan el despido, que aquí sería colectivo por afectar a más del 10% de la plantilla.
La consecuencia es que las 16 trabajadoras serán readmitidas en sus puestos de trabajo, y Campos de Levante deberá pagarles los salarios devengados desde que las despidió, según ordena la sentencia, dictada el 19 de julio. Hace unos días les dieron de alta en la Seguridad Social, así que acudieron a la nave de Campohermoso. “Nos dijeron que estaban terminando campaña, y que nos llamarían a finales de septiembre”.
Agrupación Campos de Levante está dirigida por los hermanos Juan Antonio y Francisco José Martín, que gestionan un potente conglomerado de empresas agrícolas que incluye Agro San Isidro, Agrupación Campos de Levante o Níjar Green Bio. La empresa aún no ha ejecutado la sentencia.
“Creo que no les pareció bien la reforma y nos echaron antes de que terminara la campaña”, apunta Salma Babbou, que cuenta por teléfono que hasta la reforma del Gobierno lo habitual era ofrecer un contrato temporal, que se extinguía en algún mes del verano, y se repetía al inicio de la nueva campaña.
Babbou, que tiene 21 años, cuenta que ahora pagan 6,35 euros la hora, y que algunas cosas están mejorando poco a poco en el campo almeriense. Dice que ya no es tan habitual trabajar sin contrato, aunque los abusos también se cometen con quienes están contratados: “Yo presenté una hoja del médico que decía que no debía coger peso porque se me inflaman las rodillas, pero daba igual: me sacaban a remontar las cajas. El primer día me dijeron que de acuerdo, pero al tercer día la encargada dijo que le daba igual”.
Salma, Yousra, Nezha, Ikram, Najat… Las 16 mujeres que ahora deberán ser reintegradas en su puesto tienen nombres árabes, y constituyen una parte fundamental del éxito económico del campo almeriense: trabajadores migrantes cultivan y envasan las casi cuatro millones de toneladas de frutas y hortalizas que produce cada año. En la campaña 2021/2022 fueron 3,8 millones de toneladas con un valor total de 2.904 millones de euros, según los datos del informe anual de Cajamar, el 93% recogidas en invernadero y el 75% destinadas a las exportaciones.
Estas cifras se ha alcanzado mientras (o gracias a que) se mira a otro lado en los derechos laborales, sociales y humanos de miles de personas, según denuncian reiteradamente quienes están sobre el terreno. El mar de plástico almeriense supera ya las 32.000 hectáreas. Allí y en las naves distribuidas en sus alrededores trabajan unas 120.000 personas, el 90% de ellos extranjeros. Al menos unos 5.000, según diversas ONG, viven en infraviviendas, en chabolas sin agua corriente o electricidad, levantadas con palés y plásticos en decenas de asentamientos dispersos por Níjar o El Ejido, o en cortijos semiderruidos dispersos. Sus condiciones laborales son precarias, si es que tienen contrato. Quienes no lo tienen aspiran a cobrar cinco euros por cada hora de trabajo.
Quienes no están regularizados raramente acuden a los tribunales para hacer valer sus derechos. Pero la litigiosidad en los juzgados de lo social almerienses está aumentando, asegura José García Cuevas, portavoz del Sindicato de Obreros del Campo-SAT en Almería, que ha asumido la representación de las trabajadoras bajo la dirección jurídica de Legalcores. García Cuevas cita también otra victoria reciente ante el TSJA, que anuló el despido colectivo de más de 30 trabajadoras. “Estas sentencias dan aliento en el frente judicial y demuestran que esa posibilidad existe. Es una alegría para las trabajadoras y un mazazo para los empresarios que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo impunemente, pasando por encima de la ley y los convenios”.
Las resoluciones judiciales, la presión mediática (en gran parte internacional) y la movilización en las empresas hace que “se vaya mejorando algo”, concede el sindicalista, que reclama más medios y sensibilidad en los juzgados, la inspección y las fuerzas de seguridad para atajar los abusos laborales. “Es un sistema fraguado durante muchos años, con impunidad y complacencia de mucha gente, que se ha desarrollado porque no ha habido control. Hay un modelo Schengen que establece quién es ciudadano y quién no, y carencias de información, vivienda… Y eso genera una bomba de explotación”.
“Si hablas lo único que te dicen es que si no quieres trabajar ahí tienes la puerta”, señala Babbou, antes de observar que la mayoría lo asume con resignación: “Las trabajadoras no reclaman sus derechos hasta que las despiden”. Ella quiere volver. “Si me dicen que hay que volver, prefiero volver, si es con la ley y la justicia”.
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