La Junta de Andalucía ha sellado un acuerdo con Clínicas Pascual para que cinco de sus centros presten asistencia sanitaria durante los próximos cinco años, lo que ha generado el malestar del sector. El compromiso, dotado con 771 millones de euros, contempla que la citada entidad ponga en servicio como si fuesen hospitales públicos cuatro de sus centros en Cádiz y otro en Huelva. Según el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se trata de un pacto que mejora el concierto que con esta compañía ya había al tener “más hospitales” y durante “más años”. Pero para las mareas blancas, los sindicatos y algunas formaciones políticas, esta actuación vuelve dejar claro “el interés del gobierno regional por privatizar la sanidad pública”.
El concierto que se renueva entre la Junta de Andalucía y las Clínicas Pascual incrementa en dos el número de centros hospitalarios sobre los que ya había un acuerdo en los últimos años. A partir de ahora habrá uno más en Cádiz capital y se estrenará otro en Lepe, en la provincia de Huelva. Dos instalaciones que completarán la cartera que ya ofrece esta entidad privada, pero que contrasta con el hecho de que tanto Cádiz como Huelva tienen sendos hospitales públicos sin abrir.
En el caso gaditano, el actual Gobierno andaluz se comprometió en 2019 a construir un centro hospitalario regional que diese cobertura a la provincia alegando entonces el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que era un proyecto “necesario para Cádiz, entre otras cosas, por el progresivo envejecimiento de la población”. Sin embargo, tres años después, y después de década y media de compromisos, este proyecto sigue siendo solo una idea, ya que no se ha movido ningún centímetro de tierra, pese a que la Junta anunció en enero su construcción. Por el contrario, el concierto con Clínicas Pascual contempla el uso de cuatro de sus centros para paliar la falta de recursos en la sanidad pública.
Por su parte, la situación de Huelva resulta aún más complicada. Cuenta con tres hospitales de alta resolución (CHARE) sin abrir, aunque todos ellos cuentan con más de dos décadas de desarrollo. En el caso del CHARE de Aracena, su construcción se paralizó hace diez años y no fue hasta 2021 cuando el Ejecutivo regional retomó el proyecto para reconvertirlo en un hospital para el que aún faltan años. Lo mismo ocurre con los otros dos centros que, según la Junta de Andalucía, ya no serán un CHARE, sino hospitales. El problema es que uno no está construido y el otro está acabado, pero carece de accesos que permitan su uso.
El centro hospitalario que no está ni construido es el del Condado, cuyo futuro sigue en el aire. El otro CHARE que cobra especial importancia con este concierto entre la Junta de Andalucía y Clínicas Pascual es el de Lepe. Este hospital, que en el futuro se conocerá como Costa Occidental de Huelva, está construido desde hace tiempo, pero no se ha abierto aún porque carece de accesos por carretera, cuya competencia, asegura la Junta, corresponde al Gobierno central. Sin embargo, para el sector sanitario, el acuerdo entre la Junta y Pascual para incorporar el centro que tienen en Lepe hace dudar de si hay voluntad real de que el hospital público llegue a abrirse algún día.
Batalla judicial
Además, la renovación del concierto vuelve a poner en el foco la relación que tiene el Gobierno andaluz con esta entidad privada. Ya en las etapas socialistas se firmaron acuerdos con estas clínicas para dotar de infraestructuras a aquellos lugares que carecían de hospitales. El problema es que estos pactos siempre han generado polémica porque desde los sindicatos y las mareas blancas se han entendido como una forma de privatizar la sanidad pública. De hecho, según Elías Bendodo, entre 2014 y 2017 se mantuvo el concierto sin que la Junta de Andalucía del PSOE hubiese firmado nada con Pascual, lo que acabó en los tribunales. Según Bendodo, la Junta pagó 407 millones de euros, pero la empresa exigía 256 millones más sobre los que la justicia les estaría dando la razón, sostiene el portavoz del Gobierno andaluz.
Precisamente Bendodo califica aquello como uno de los “grandes agujeros económicos” que heredaron y considera que su actuación está sirviendo para “arreglar marrones de la etapa socialista”. Sin embargo, el Ejecutivo de Susana Díaz alegó en su momento que Pascual estaba atendiendo a pacientes de la sanidad pública en sus clínicas sin tener un concierto. Por ello, el Gobierno andaluz entró en una batalla judicial que ha ido perdiendo. Además, la Junta impuso una sanción de algo más de 5 millones de euros a esta entidad por aplicar precios abusivos que cobró al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por prestar servicios en esos años.
A pesar de ello, y en plena pelea en los tribunales, el Gobierno andaluz renovó los conciertos con Clínicas Pascual en 2017. Acuerdos que ahora expiraban y que ha vuelto a ampliar el actual Ejecutivo regional no sin polémica. Sobre todo porque las mareas blancas y los sindicatos acusan al bipartito de PP y Ciudadanos de seguir privatizando la sanidad pública y al mismo tiempo organizaciones como FACUA o partidos como PSOE o Unidas Podemos piden explicaciones a la Junta de Andalucía por seguir contando con esta entidad pese a los antecedentes que hay. Los socialistas hablan de una voluntad “clara e inequívoca” de seguir con estos conciertos.
No obstante, Pascual y el actual Gobierno andaluz mantienen una buena relación como ya lo demostró el hecho de que el mayor contrato de emergencia de la sanidad andaluza por la pandemia de la Covid-19. Un contrato millonario adjudicado directamente y sin necesidad de expedientes. Entonces, como ahora, el argumento es que era necesario porque Andalucía carece de hospitales públicos de referencia en las zonas en las que las Clínicas Pascual sí tienen presencia.
Malestar sectorial
Así, el malestar en el sector sanitario es mayoritario. “No hay dinero para reponer las plantillas de la atención primaria de toda Andalucía, que supondría un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros, no hay dinero para el necesario nuevo Hospital Regional para la provincia de Cádiz, o para un nuevo Materno-Infantil en Huelva, pero sí hay para un nuevo concierto para complacer a la Empresa Pascual y ampliar su poder”, denuncian las mareas blancas sanitarias de Andalucía. “Esta es una empresa condenada por su hostilidad demostrada contra el Sistema Sanitario Público Andaluz y que, sin embargo, sigue subiendo en el ranking de las empresas con mayores ganancias de Andalucía. Es cuestión de prioridades en las decisiones políticas”.
José-Pelayo Galindo, portavoz en CCOO, considera que lo que ofrece Clínicas Pascual es una “asistencia sanitaria de segunda división”. Entiende que el Gobierno andaluz ha tenido “tres años para hacer la inversión necesaria para suprimir los conciertos y no ha hecho nada”. “Es más, ha aumentado en dos los hospitales concertados. Esta acción se encuadra en la voluntad inequívoca de la Junta de Andalucía de privatizar servicios de la sanidad pública”. Por su parte, Antonio Macías, sindicalista de UGT, considera que estamos ante el problema “de siempre”. “El SAS tiene que recurrir a las empresas privadas para dar un servicio que debería ser público”.
“La externalización de servicios siempre ha existido y no de ahora. Seguro que la prestación de servicios sanitarios en las referidas poblaciones se puede mejorar con centros públicos, pero los compromisos y los hospitales y centros son los que son”, asume Victorino Girela de CSIF. “Por nuestra parte, seguiremos reivindicando más sanidad pública y menos concertada”. Al mismo tiempo, fuentes del SAS evitan valorar el acuerdo y emplazan a las declaraciones de Elías Bendodo. “Este contrato tiene la novedad de que se pasan de 250.000 a 400.000 andaluces con cobertura con dos hospitales más (no sale ninguno), uno en Cádiz capital y otro en Lepe entretanto se abren nuevos recursos públicos”, matizan. Además, este medio ha intentado contactar con las Clínicas del doctor Pascual sin éxito.