El Gobierno andaluz va a aprobar una prestación de 5.000 euros anuales para los huérfanos por violencia machista, una medida que se incluirá ya en los Presupuestos Autonómicos de 2024, cuyo anteproyecto de ley llegará al Parlamento a final de este mes. Se trata de una pensión de orfandad ya implantada en otras comunidades autónomas y que regula el propio Congreso de los Diputados desde 2019, con una cuantía algo mayor (600 euros al mes).
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha adelantado la iniciativa durante la sesión de control al Gobierno, en su turno de réplica al jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas. Esta pensión de orfandad para víctimas de la llamada violencia vicaria la podrán solicitar todos los huérfanos menores de edad que residían en Andalucía cuando sus madres fueron asesinadas, o cuyas madres vivían en esta comunidad en el momento del crimen, y la cobrarán anualmente hasta alcanzar la mayoría de edad (18 años).
Según las cifras de la Consejería de Igualdad e Inclusión Social, actualmente son 86 huérfanos los que eran menores de edad en el momento del homicidio o asesinato de sus madres (datos desde 2013, cuando el Gobierno de España empieza a contabilizar a los hijos del las víctimas mortales por violencia de género).
Esta cifra -que puede variar una vez se confirme oficialmente el asesinato machista el martes en Benalmádena- es “orientativa”, porque la Junta desconoce la edad actual de todos los menores, algunos pueden haber alcanzado los 18 años y quedarían ya fuera de las ayudas. Pero también puede haber niños o niñas cuyas madres fueran asesinadas antes de 2013, siendo muy pequeños, y por tanto con derecho a solicitar la prestación.
El Gobierno andaluz incluirá una partida para sufragar esta pensión en los Presupuestos Autonómicos de 2024, pero la medida puede entrar en vigor antes del 1 de enero del año que viene, confirman desde el departamento que dirige la consejera Dolores López. La consejería trabaja ahora con un calendario de implantación que permitiría a los menores huérfanos solicitar las ayudas antes de final de año, aunque los pagos empiecen a librarse poco después.
La iniciativa que ha anunciado el presidente Moreno en el Parlamento deriva, en realidad, de una proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso en 2017 para que ningún huérfano por violencia machista se quedara sin cobrar una pensión económica de orfandad porque sus madres no habían cotizado lo suficiente a la Seguridad Social. La medida salió adelante con los votos del PP, Podemos, Ciudadanos y el resto de formaciones de la Cámara Baja, y entró en vigor en 2019, con carácter “retroactivo” -hasta 2004, año en el que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género- y “universal”.
La cuantía de la ayuda estatal es de 600 euros al mes (7.200 euros al año) y beneficia aquellos hijos de víctimas de violencia machista que eran menores de 21 años en el momento del crimen, o que estén incapacitados parra el trabajo. También se puede prolongar hasta los 25 años si el huérfano está estudiando o no tiene recursos.
En lo que va de año, el Gobierno central ha registrado 51 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas -17 de ellas en Andalucía- y 51 huérfanos menores de 18 años.