La Junta de Andalucía ha hecho llegar hace unos días a las entidades sociales que trabajan con jóvenes procedentes del sistema de protección de menores un nuevo protocolo de actuación que, como principal novedad, propone derivar a aquellos que cumplen 18 años a los recursos subvencionados mediante IRPF, es decir, a los peor dotados económicamente dentro del sistema de atención, y con menor dotación de personal, debido al “creciente número” de menores inmigrantes no acompañados acogidos en los centros andaluces de protección de menores.
La Consejería de Igualdad, recientemente, reconocía tener “insuficientes” pisos para migrantes que cumplían 18 años aunque trataba de evitar que se quedaran “en la calle”. Cada año, aproximadamente un millar de menores migrantes (931 en 2018, 1.088 en 2019) cumplen la mayoría de edad y pasan ya a ser jóvenes extutelados por la Junta. Lo que hace ahora la administración, en un documento “borrador en el que todavía se está trabajando”, es “sistematizar” el procedimiento de acceso a los recursos, con independencia de su fuente de financiación (contrato de servicio, Fondo Social Europeo, subvención IRPF u otros) a fin de “unificar criterios y garantizar su adecuada utilización”.
La Junta recuerda en dicho documento que, además de su Programa de Adquisición de Competencias Sociolaborales, ha habido una “creciente proliferación” de programas y servicios destinados al colectivo de jóvenes que salen de la tutela de la Junta al cumplir la mayoría de edad. Así consta en el protocolo, enviado por la Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, que apunta entre las propuestas “establecer una línea abierta para el colectivo de jóvenes inmigrantes que han pasado por el sistema de protección de menores, redefiniendo los distintos recursos de la provincia y, preferentemente, adaptando y destinando los recursos subvencionados mediante IRPF a este perfil de jóvenes, en función de la demanda y con la participación de la entidad gestora, siempre y cuando no se distorsione el objeto y finalidad para la que se concedió la subvención”.
Más dificultad de inserción sociolaboral
Históricamente, las entidades sociales ya gestionaban de alguna manera este tipo de recursos, pese a que la Junta tiene la obligación legal de atenderlos, al menos hasta los 21 años según la legislación estatal. Pero es que además, en la práctica, el citado protocolo vendría a regular que los centros mejor dotados (autofinanciados por la propia Consejería o a través de fondos europeos, fundamentalmene) irían a parar a chicos que tienen una situación menos complicada, mientras que los peor dotados económicamente, que deberían ser sufragados con fondos propios de la Junta, serán utilizados por chicos que acaban de cumplir 18 años y que tienen más dificultad de inserción sociolaboral, según consideran fuentes de algunas de las entidades sociales andaluzas que gestionan este tipo de recursos.
“Los jóvenes que más lo necesitan son los peor tratados. Se hace una diferencia entre recursos de primera y segunda, y los jóvenes con mayor vunerabilidad dispondrán de los recursos peor financiados”, según coinciden diversas fuentes de las entidades consultadas, que denuncian que la Junta “descarga una serie de trabajos (documentación, idioma, habilidades laborales) justamente en los pisos que están peor dotados económicamente”.
Dice textualmete el protocolo en ese sentido: “Se trataría pues, de que algunos recursos de Alta Intensidad (IRPF preferentemente) funcionen a modo de 'pisos puente', con una intervención adaptada a las necesidades de este colectivo que carece de una larga trayectoria en el sistema de protección y que requiere, en primer lugar, la atención a sus necesidades básicas para poder incorporarse progresivamente a un proyecto de inserción sociolaboral, una vez lograda su adaptación y reúna las condiciones personales para afrontar su itinerario individualizado de emancipación”.
En concreto, entre los requisitos para los recursos de Alta Intensidad (recordemos, pisos de acogida) para jóvenes que han sido menores inmigrantes no acompañados, el protocolo advierte de que “algunos de ellos llegados con edades próximas a la mayoría de edad, sin apenas conocimiento del idioma, con niveles bajos de formación, sin referentes familiares ni posibilidades de acceder a una vida independiente, lo que los convierte en personas en situación de extrema vulnerabilidad. Se trata de un colectivo que no se adecua a los perfiles que tradicionalmente han sido beneficiarios de los programas de Alta Intensidad y que requiere, en primer lugar, la atención a sus necesidades básicas para poder incorporarse progresivamente a un proyecto de inserción sociolaboral, una vez lograda su adaptación y reúna las condiciones personales para afrontar su itinerario individualizado de emancipación. De ahí que sea necesario adaptar ciertos recursos de Alta Intensidad, preferentemente los de IRPF, a este perfil específico de jóvenes. No obstante, deberán cumplir con el perfil general para acceder al mismo”.
“La obligación” de la Junta
“Lo que vienen a decirnos a las ONG es que los jóvenes extranjeros, como llevan aquí poco tiempo y poca documentación, nos encarguemos de ellos, les enseñemos español y que, cuando estén bien preparados y estén en condiciones óptimas para trabajar, se los devolvamos a la Junta y a sus pisos para que puedan cumplir con sus objetivos de fondos europeos”, resumen desde una entidad. En otro punto del documento, relativo a las funciones de las entidades en el proceso de acceso a los programas de mayoría de edad, se insiste en que estas deben “adaptar los recursos de Alta Intensidad (IRPF, preferentemente) al perfil de jóvenes con escasa trayectoria en el sistema de protección”.
Según las entidades, se propone el uso de centros financiados por IRPF ante la ausencia de otros recursos. “Son fondos para proyectos extras que usan las entidades para cubrir obligaciones de la Junta de Andalucía. Es como si se plantease que un colegio público o un hospital fuesen cubierto por los fondos de IRPF por entidades sociales”, apuntan las fuentes, que recuerdan además que dichos fondos proceden de la 'x solidaria' de la declaración de la renta de cada ciudadano, destinando el 0,7% de la misma para fines sociales. “La Junta, por ley, tiene que prestar servicio a los jóvenes extutelados. Y se está regulando que una subvencíón cubra una política social que es obligación de la Junta”, añaden las fuentes, que lamentan que “la Junta no debe condicionar a la voluntad de las entidades sociales la cobertura del derecho de los niños”. Esos fondos “no están hechos para cubrir una necesidad de la administración”, lamentan las fuentes que, en todo caso, reconocen cierto desorden en la organización de todo este tipo de recursos.
Justificación ante la Unión Europea
Una de las entidades, con programas financiados por IRPF y programas contratados directamente por la administración, dice que “no es lo mismo que se presente una subvención para montar un piso con los fondos IRPF para extutelados a que ahora lo integren en un protocolo de actuación y se generen obligaciones derivadas de esos fondos como si fuese un centro propio de la Junta”, insisten las fuentes. “Lo que hace ahora la administración autonómica es absorber esos recursos e introducirlos en un sistema que perpetúa los pisos precarios para los chavales más vulnerables. La Junta tiene que justificar los fondos sociales europeos y se queda con los jóvenes que le van a garantizar unos resultados de éxito”, coinciden desde las entidades.
A ese aspecto al que aluden las fuentes señala claramente el protocolo lo siguiente: “Se trata de definir los recursos de mayoría de edad en base a su financiación y objetivos y determinar el perfil de participantes para cada uno de ellos. En el caso de los recursos de Alta Intensidad financiados con el Fondo Social Europeo, y dado el grado de complejidad de cumplimiento de objetivos que se exigen para su verificación, estos recursos deberán ser considerados los más idóneos para aquellas y aquellos jóvenes que reúnan unas características más favorables para la inserción laboral”.
Se argumenta en el protocolo que “en los últimos años, los centros de protección de menores han acogido a un creciente número de menores inmigrantes no acompañados, algunos de ellos con edades próximas a la mayoría de edad, que no reúnen el perfil para el acceso a los recursos de Alta Intensidad, pues no ha habido tiempo para su adaptación, en algunos casos, ni para la elaboración de su itinerario o proyecto educativo; así mismo, muchos de estos jóvenes presentan carencias con el idioma, bajos niveles formativos, dificultades en la obtención de la documentación y en los trámites administrativos y que, por tanto, en principio, no reúne las condiciones (idioma, adaptación, documentación, tutela…) que se requerían tradicionalmente para el acceso a los recursos de Alta Intensidad”.
Reforzar la colaboración
Según la Junta, “esta nueva realidad supone un reto importante para incrementar y adaptar los recursos de Alta Intensidad sin que se vea afectada la filosofía del Programa. Para ello, es preciso reforzar la colaboración entre las distintas administraciones y entidades sociales. De esta forma, poder articular y consolidar
programas en diferentes ámbitos (vivienda, apoyo económico, jurídico, formación o inserción laboral) indispensables para garantizar un buen proceso de emancipación y para idear nuevos programas y servicios que, manteniendo esta lógica de colaboración, ofrezcan respuestas de calidad también a este colectivo de jóvenes, que no ha podido beneficiarse de un periodo previo de adaptación, indispensable para su su proyecto de integración“.
La Junta propone acto seguido, sin distición de nacionalidad, “agotar las alternativas familiares y de personas allegadas, incluyendo las alternativas de acogimiento y apoyo familiar que puedan promover entidades sociales y/o de voluntariado” para aquellos menores que cumplan 18 años. A juicio de una de las entidades, esta propuesta resulta “contradictoria” porque “si tenemos a un chico en el centro hasta los 18 años porque no puede estar con la familia, ¿a partir de que cumpla la mayoría de edad ya lo puedo mandar con su familia?”, se pregunta un portavoz.
Otra de las cuestiones que lamenta una de entidades, que tratan de acordar un planteamiento común ante el nuevo protocolo, es la falta de diálogo. Según José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, “si se va a hacer depender la gestión de las entidades sociales, como se indica en la instrucción, qué menos que hablarlas con ellas. Si fuera un documento definitivo, que no lo tenemos confirmado, lo lógico hubiera sido hacer un proceso de consulta con las entidades que gestionamos y que la Junta conociera nuestro punto de vista”, señala.