El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla trabaja en una fórmula jurídica para reconocer el derecho de autodeterminación de género en todos los formularios de la Administración pública andaluza. La idea es introducir una “tercera casilla” en la opción de sexo [“Otros”] para las personas intersexuales y las no binarias que no se sienten identificadas con la dualidad hombre-mujer “en todos los documentos oficiales de la Junta de Andalucía”. La Consejería de Igualdad (Ciudadanos) ya estrenó esa tercera casilla, por primera vez, en el formulario de solicitud para formar parte del nuevo Consejo Andaluz LGTBI, un órgano de consulta dependiente del departamento de Rocío Ruiz.
La Dirección General de Diversidad Sexual se ha reunido hace unos días con el gabinete jurídico de Igualdad para elaborar y presentar una propuesta a la Secretaría General de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, que es responsable de la inscripción de formularios de la Junta. “El objetivo es extender la tercera casilla a escala general de toda la Administración andaluza, desde registros hasta matrículas, solicitudes de ayudas, órganos de participación, etc.”, explican fuentes de Igualdad.
Mientras el pulso entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno de España mantiene bloqueada la tramitación de la Ley Trans, el Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos está dando pequeños pasos en favor del llamado “derecho de autodeterminación de género” (poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales). El marco legal del que se sirve la Consejería de Igualdad es la Ley andaluza de Transexualidad, una norma pionera que fue aprobada en 2014 por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias de entonces (PSOE, PP e IU).
Esta legislación autonómica no alcanza a modificar el Registro Civil para que cualquier persona trans cambie directamente su identidad biológica por su identidad de género (esto dependerá de la ley estatal en trámite). Ahora mismo, la ley española obliga a inscribir a un recién nacido en el Registro Civil bajo uno de los dos sexos en un plazo de 72 horas. Pero la ley andaluza sí permite adaptar toda la documentación administrativa de la Junta para este colectivo, desde la matrícula escolar de un menor trans, la tarjeta sanitaria, el carné universitario...
Cuando se debatió la norma, en 2014, se planteó crear una “tarjeta identificativa” para personas transexuales, como un nuevo DNI que reconociese esa identidad de género en todas las ventanillas de la Administración andaluza. Finalmente, el anterior Gobierno socialista lo descartó, porque los letrados del Parlamento plantearon ciertas dudas jurídicas y advirtieron de que podían incurrir en una invasión competencial y exponerse a un recurso del Ejecutivo central (en manos, entonces, de Mariano Rajoy).
Sin embargo, el artículo 9 de la Ley andaluza de Transexualidad ha permitido al Gobierno autonómico exprimir todas sus competencias en el ámbito del registro civil del colectivo. “Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, Andalucía proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”. El paso adelante definitivo en este sentido lo ha dado el actual departamento de Igualdad, que hace un mes incluyó por primera vez la “tercera casilla” en el apartado de sexo dentro de un formulario de la Administración pública.
Fue en el impreso de solicitud para formar parte del primer Consejo Andaluz LGTBI, un órgano participativo y consultivo -adscrito a Igualdad- cuyo objetivo es impulsar las políticas en defensa de la diversidad, garantizar los derechos y la no discriminación de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y sus familiares. El formulario ofrecía al interesado la posibilidad de marcar la casilla “Otros” en la opción de género, además de las habituales “hombre” y “mujer”, para aquellas personas “que no encajan en la asignación tradicional del sexo”. “Es un avance aparentemente pequeño hacia los derechos de aquellas personas que se sienten no binarias o intersexuales, pero aporta coherencia precisamente por tratarse de un organismo público que defiende los derechos del colectivo LGTBI”, explica Ángel Mora, director general de Diversidad Sexual de la Consejería de Igualdad.
Los conceptos no binario e intersexual son nuevas categorías en la identidad de género. La intersexualidad presenta varias tipologías, pero en resumen, se trata de personas con alguna anomalía genética, por ejemplo, con características físicas de una mujer, pero con los códigos genéticos de un hombre (el hombre es cromosoma XY y la mujer XX, pero a veces no surge así). Es un estado biológico con caracteres intermedios entre el hombre y la mujer. Quienes se definen como “no binarios” son aquellos que no encajan en las categorías hombre o mujer, asociadas a ser masculino o femenino. Son personas con una concepción propia de su cuerpo, de las relaciones que establecen con su entorno y que difícilmente se adaptan a las normas cotidianas.
En julio de 2019, la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz aprobó una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE, que instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a apoyar a las personas intersexuales, impulsando una normativa que garantizase sus derechos. La iniciativa salió adelante con 14 votos a favor -de todos los partidos- y los dos votos en contra de Vox. El partido ultraderechista ha retirado su apoyo al Gobierno de PP y Ciudadanos por negarse a implantar el veto parental en las escuelas, esto es, un supuesto derecho de las familias a prohibir las actividades complementarias (obligatorias) en el colegio de sus hijos. Esta medida, el llamado pin parental, está pensada sobre todo para evitar ciertos contenidos en el aprendizaje de la diversidad sexual y la igualdad de género, con los que Vox está radicalmente en contra.
Mientras la ultraderecha amenazaba a la Junta con dejar caer leyes y decretos en el Parlamento andaluz, al retirarles su apoyo, el Ejecutivo de PP y Cs ponía en marcha una medida precisamente en las escuelas andaluzas para avanzar en los derechos de autodeterminación de género, en beneficio del alumnado trans. Se trata de una aplicación recientemente habilitada en la intranet de la Consejería de Educación para que los colegios puedan registrar la “identidad temporal” del alumnado trans, una vieja demanda de la asociación de familias de estos menores (alrededor de 250 en las escuelas de Andalucía).