La Junta de Andalucía estudia recurrir el veto de la Mesa del Congreso para las actas de Manuel García Caparrós

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha informado este jueves de que se ha solicitado que los servicios jurídicos evalúen la posibilidad de presentar un recurso para que se hagan públicas las actas de la comisión de encuesta [de investigación] creada tras el asesinato en Málaga del sindicalista Manuel García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 durante las movilizaciones exigiendo autonomía plena.

Lo ha dicho en la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del Parlamento de Andalucía, después de que la Mesa del Congreso haya rechazado su petición para que se desclasifiquen estos documentos. Una negativa que la Mesa del Congreso basa en que los comparecientes en dicha comisión de investigación lo hicieron con la garantía de la Ley de Patrimonio Histórico de que su contenido sería secreto por 50 años.

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, le ha reprochado el “postureo” de la Junta de Andalucía en este tema, entre otras cosas porque el PSOE ha vetado la comparecencia en la comisión de la diputada de Unidos Podemos por Málaga, Eva García Sempere, la única que ha podido acceder a la documentación tras pedirlo en tres ocasiones a la Mesa del Congreso, que con ello levantó parcialmente el secreto pero sólo para esta consulta.

Manuel Jiménez Barrio ha considerado que no tiene sentido que comparezca Eva García Sempere cuando el Gobierno de Andalucía, dado que la Mesa del Congreso le ha dado la misma solución a su demanda, podrá consultar los archivos directamente. Por ello, cree que el que debe comparecer es él como vicepresidente cuando tenga acceso a las actas. “No se trata de ningún postureo. El Gobierno de la Junta de Andalucía lo ha solicitado formalmente y usted debería estar detrás de esta reivindicación”, le recriminado a Antonio Maíllo.

Cabe recordar que a su vez IU ha pedido en el Congreso de los Diputados que sí se haga pública la ponencia previa a la comisión de investigación, dado que entiende que no estaría sujeta a salvaguarda del secreto, y en el Ministerio de Interior, que se facilite el informe de la policía del 14 de diciembre de 1977, cuatro días después de que fuera asesinado por el tiro de un agente. IU considera que en ninguno de los dos casos se puede hablar de informes secretos.