El Gobierno andaluz ha cuestionado la independencia del Tribunal Constitucional (TC) tras conocer, el pasado lunes, el borrador de la ponencia de una sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso de los ERE.
El Pleno del TC tendrá que votar a partir del 18 de junio si apoya o no la redacción propuesta, pero el contenido de la ponencia se hizo pública sólo cinco días después de que Magdalena Álvarez reapareciese en un mitin de Pedro Sánchez en Benalmádena (Málaga), en la recta final de la campaña para las europeas.
A ningún socialista le pasó desapercibido que el presidente del Gobierno, acompañado en aquel acto por su esposa, Begoña Gómez, rindiera tributo público a la ex ministra. La primera muestra clara de redención para los dirigentes que formaron parte de la cúpula de los gobiernos socialistas andaluces de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el macrofraude de los ERE. “Aquí está Magdalena”, dijo Sánchez en Benalmádena, poniendo a la exministra como ejemplo del “vil ataque de la derecha durante muchos años”.
Entonces se interpretó como una forma de ligar el proceso judicial contra Magdalena Álvarez -que los socialistas empiezan ya a enmarcar abiertamente en un contexto de lawfare o guerra sucia promocionada por el PP- con el de la esposa del presidente, citada como investigada horas antes en un supuesto caso de corrupción y conflicto de intereses.
Tras el Consejo de Gobierno de este martes, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha sido preguntado por el sentido de la ponencia del Constitucional que rebaja la condena a la exministra socialista. “Vamos a estar atentos a los votos de cada juez en esta sentencia. Nos preocupa que Pedro Sánchez organice un homenaje a Magdalena Álvarez en plena campaña electoral y, justo cuando acaba la campaña, sabemos que la ponencia del Constitucional puede anular la sentencia contra la exministra”, ha advertido el también consejero de Medio Ambiente.
El caso ERE sentó en el banquillo a los expresidentes Chaves y Griñán -que gobernaron Andalucía durante más de dos décadas- y el Supremo terminó condenando a toda la cúpula de sus ejecutivos, incluido ellos mismos. Se les imputan delitos de prevaricación y malversación, entre otros, con condenas de inhabilitación y cárcel, que la mayoría sigue cumpliendo. Políticamente fue el caso que carcomió los cimientos del PSOE andaluz, tras 37 años ininterrumpidos en el poder, y contribuyó a la entrada del primer gobierno de derechas en Andalucía, liderado por Moreno con apoyos de Ciudadanos y Vox en 2018.
El portavoz de la Junta se ha preguntado este martes si el presidente Sánchez “sabía por dónde iría la ponencia del TC” cuando decidió homenajear a Álvarez cinco días antes en un mitin. “¿Sabía la futura sentencia, que se iba a anular el caso ERE”, ha reiterado, tras anunciar que el Ejecutivo andaluz estará “atento para ver qué magistrado se abstiene”. El presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ya se abstuvo estando en el Supremo; y el magistrado Juan Carlos Campos, ex ministro de Sánchez y portavoz de Justicia del PSOE puso en duda el procedimiento de los ERE a favor de los condenados, ha recordado Fernández Pacheco.
“Si al final el caso de corrupción más importante de España queda anulado, la justica española quedará muy tocada a nivel internacional”, ha asegurado, tras subrayar su “preocupación por la sensación permanente de intromisión que tiene el PSOE en los procedimientos judiciales en España, incluso en aquellos ratificados por el Supremo”.
El caso de los ERE ha pasado por 20 jueces distintos, a lo largo de su dilatado procedimiento judicial, y todos han visto los mismos delitos (algunos más discutidos que otros). La prevaricación, que se le imputa a Magdalena Álvarez, “se ha dado por hecho en todos los casos”, ha recordado el portavoz.
La ponencia del Pleno del TC está a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía y plantea que estime el recurso de Álvarez en lo relativo al delito de prevaricación. A principios de año trascendió que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación “en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos” de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. La cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos –luego aprobada como ley– podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.
Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.
El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea “un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales”, según ha apuntado este lunes el tribunal en una nota informativa.