Andalucía impone multas para frenar la pandemia: 100 euros por contagiar a 15 personas; 600.000 euros por más de 100 contagios

Las recomendaciones no bastan, la obligatoriedad de las normas sanitarias contra la Covid-19, tampoco. El Gobierno de Andalucía ha aprobado este martes un régimen sancionador duro contra aquellos que incumplan las medidas de seguridad, que incluye multas económicas de 100 a 600.000 euros. La horquilla depende de si la infracción es leve, grave o muy grave, según el número de contagios que provoque dicha infracción. El decreto ley que regula las sanciones también recoge el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de cinco años. 

Las sanciones leves van de 100 a 3.000 euros, y se considera aquellas vulneraciones de las normas sanitarias que provoquen menos de 15 contagios. Por ejemplo, no llevar la mascarilla -que es de uso obligatorio- o llevarla mal puesta. Las sanciones graves van de 3.001 a 60.000 euros de multa, para aquellos cuya imprudencia provoque entre 15 y 100 contagios. Por ejemplo, si no colaboran con la Policía Local u otras autoridades que vigilan el cumplimiento de las normas anti Covid (por ejemplo, los vigilantes de las playas, que pueden derivar las infracciones a la Policía). También se multará a aquellos que no respeten el aislamiento y la cuarentena obligatoria, decretada por las autoridades sanitarias para los casos positivos o sospechosos de serlo; y a los locales de ocio que reabran sus puertas tras haber sido clausurados por la autoridad competente, y a los que no comuniquen “los casos de sospecha o diagnóstico de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria”.

Por último, las multas más severas, de 60.001 a 600.000 euros, es para los casos más graves, que provoquen contagios a más de 100 personas. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha puesto el ejemplo de aquellos establecimientos, discotecas, locales de ocio, supermercados, terrazas o tiendas que superen el aforo permitido; también las celebraciones de fiestas con aglomeraciones, donde no haya garantizada la distancia mínima de seguridad (los botellones están prohibidos), y también serán multados aquellos que presenten documentación falsa a las autoridades.

La Junta ha puesto especialmente el acento en los jóvenes, que mayoritariamente copan los nuevos contagios en Andalucía. El 70% de los casos positivos son personas de entre 20 a 55 años. El Gobierno autonómico ha descartado ordenar el cierre de los locales de ocio nocturno, donde se están produciendo muchos de las nuevas infecciones. Sólo en la última semana, el Ayuntamiento de Mojácar, en Almería, ha detectado un brote de 20 contagios en dos discotecas del municipio; en Torremolinos se ha clausurado un pub tras la difusión de un vídeo en el que aparecía un DJ escupiendo alcohol a los asistentes a una fiesta, sin mascarillas ni distancia de seguridad; y en Vera se ha sancionado a 140 personas por un botellón y no llevar mascarillas.

Las multas que acaba de regular la Junta serán impuestas por los autoridades en función de su cuantía. Las más abultadas corresponderá determinarlas a la Consejería de Salud, las de menor coste queda en manos de la Policía Local de los municipios, la Policía Autonómica de la Junta o la Policía Nacional (Presidencia le ha comunicado este martes el régimen sancionador a la Delegación del Gobierno en Andalucía para facilitar la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado).

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una paga extraordinaria para compensar el sobreesfuerzo de los 117.000 sanitarios andaluces frente a la Covid-19, que supondrá 600 euros más de media en sus nóminas. También se ha aprobado una bonificación con cuatro días más de vacaciones, y se ha suprimido definitivamente el complemento de exclusividad que cobraban aquellos médicos o enfermeros (unos 800 euros mensuales) de el sistema público de salud por no trabajar también para la sanidad privada.