Andalucía pide al Gobierno central “cambios sustanciales” en los trámites del Ingreso Mínimo Vital

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha suscrito un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el sindicato UGT-A, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Mesa del Tercer Sector y el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales al objeto de reivindicar al Gobierno central “cambios sustanciales” en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Según ha indicado en un comunicado la Consejería, el documento firmado solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al de Derechos Sociales y Agenda 2030 que “se definan con exactitud las tareas encomendadas a la Administración Autonómica y a los Gobiernos Locales respecto a los trámites”.

El acto de firma ha tenido lugar en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y, además de su titular, Rocío Ruiz, ha contado con la presencia del presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, José Luis Sarasola, el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, el secretario de Políticas Sociales, Vivienda y Memoria Histórica de UGT Andalucía, Ramón Sánchez-Garrido, y el director de Relaciones Institucionales de la CEA, Luis Picón.

Con este acuerdo, la Junta busca el objetivo de “favorecer a la población más vulnerable y beneficiaria de esta prestación”. En este sentido, ha exigido “ubicar adecuadamente la cuestión de los trámites en el cuadro de competencias y contar con los instrumentos legales de financiación que se consideren oportunos”.

El documento firmado reconoce y suscribe “la importancia de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva”, por lo que las partes firmantes del acuerdo consideran que cualquier tipo de trámite “ha de ser gestionado a través de la propia Seguridad Social siempre que no se haya suscrito convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales”.

Sobresaturación“ de los servicios sociales

El documento, a parte de lo dictado, pone en conocimiento del Gobierno de España la “situación de sobresaturación” de los servicios sociales comunitarios. La Junta ha señalado que “la crisis social provocada por el Covid-19 ha agravado de forma sobresaliente este hecho”.

Por este motivo, el organismo andaluz ha exigido que “se dote a los servicios sociales competentes de una financiación suficiente y adicional que permita un refuerzo de medios, recursos materiales y humanos para afrontar las tareas encomendadas, así como el establecimiento de un procedimiento de actuación claro, realista y específico que delimite las funciones”.

Respecto a la incidencia que el Ingreso Mínimo pueda tener en las rentas de competencia autonómica, el documento firmado pone sobre la mesa las dudas jurídicas que se generan sobre a quién debe corresponder la emisión de certificados en el ámbito local, considerando el papel reservado a los habilitados de carácter nacional.

En este sentido, la Junta ha remarcado que “se disponga de una herramienta de valoración sistemática y objetiva de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que facilite la emisión de informes por parte de los servicios sociales comunitarios de manera homogénea en todo el Estado”.

“Lo primordial es reducir procedimientos, eliminando lo dispensable de todo procedimiento administrativo al objeto de reducir al máximo los tiempos de resolución y de implementación del Ingreso Mínimo Vital”, ha indicado la Consejería.

Por último, el acuerdo pone de manifiesto que el trabajo que requiere el denominado 'protocolo 1' establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el traspaso de personas perceptoras de la Renta Mínima a ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital genera una carga administrativa “muy elevada e inasumible actualmente con medios propios de la Junta de Andalucía”.

En su lugar, se propone el reconocimiento de forma automática como persona titular del Ingreso Mínimo Vital de toda aquella que, a fecha de traspaso de dichos datos, tenga una edad comprendida entre 23 y 65 años y sea titular de la Renta Mínima andaluza.

“Perjuicio a las personas”

La Junta ha señalado que “la falta de automatización de proceso de pasarela entre la Renta Mínima y el Ingreso Mínimo está suponiendo un perjuicio a las personas que deberían ser beneficias de la prestación estatal”.

El acuerdo considera “imprescindible” un aumento en la aportación del Estado al 'Plan Concertado de Prestaciones Básicas' en materia de Servicios Sociales.

De esta forma, “se evitarían situaciones como la acontecida durante el ejercicio presupuestario del año 2019 en la que la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía fue de 64,8 millones de euros y la de los Gobiernos Locales de 236,9, mientras que el Gobierno central facilitó 7,7 millones de euros”, ha señalado la Junta.

El Parlamento de Andalucía aprobó el año pasado una Proposición No de Ley en Pleno (PNL) relativa a la “mejora de la financiación” del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales.

En ella, se instaba al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a “incrementar la aportación de la Comunidad Autónoma en la misma proporción y en los mismos plazos en los que se realice el incremento de recursos por parte del Gobierno de España”.

Además, ha explicado que “Andalucía cuenta con el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social en la comunidad, de la que se beneficiaron 34.222 familias durante el año 2020 y que en la última nómina del pasado mes de abril se dieron de alta 4.972 personas titulares”.

La Junta ha señalado que esta situación se ha visto “alterada por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital y las nuevas obligaciones que impone su Real Decreto a los servicios sociales comunitarios”.