La mayoría absoluta del PP en Andalucía abre la puerta a un Gobierno en solitario de Juan Manuel Moreno sin la presencia de Ciudadanos ni el condicionante externo de Vox. El PP vuela solo. La primera pregunta de la legislatura es si Moreno mantendrá el rumbo de las políticas gestionadas hasta ahora por sus socios naranjas, que pilotaban cinco consejerías: Educación y Deporte, Economía y Universidades, Empleo, Igualdad u Bienestar Social, Turismo, Regeneración Democrática y Justicia.
Pero quizá la gran incógnita sea otra: ¿derogará las medidas que Vox le impuso en la negociación de la investidura y en la negociación de los tres presupuestos autonómicos que aprobó con el apoyo de la ultraderecha?
Hasta que los sociólogos, politólogos y tertulianos decidan si la rotunda victoria del PP en Andalucía el pasado domingo representa un cambio sociológico o una traslación del eje político del centro izquierda al centro derecha, lo que sí se puede aventurar es que el nuevo escenario simplifica mucho la legislatura que viene por delante. Andalucía regresa a un momento político anterior a la crisis de las instituciones y del bipartidismo, de los indignados del 15M, de la fragmentación parlamentaria, los partidos emergentes y el auge de los populismos.
Regresa 14 años atrás, cuando tuvo lugar el último gobierno monocolor con mayoría absoluta -2008, con Manuel Chaves-, cuando se aprobaban leyes y presupuestos en solitario, sin condicionantes externos, había un Ejecutivo con manos libres y una oposición limitada en su labor de fiscalización. Entonces era el PP -“entrenado en derrotas electorales”, recordaba Juan Manuel Moreno en la noche de su victoria- quien ejercía la jefatura de la oposición y acusaba al PSOE de gobernar “con rodillo”, sin escuchar las críticas ni atender las propuestas de sus adversarios.
Moreno, que fue víctima de ese “rodillo”, advierte de que no será así y que primará “la humildad” y la escucha, pero ¿quién sabe? El escenario que tiene por delante es un planeta desconocido por el PP y olvidado ya por el PSOE. El ejemplo más evidente está en el calendario que marca el inicio de la legislatura: de no haber conseguido esos 58 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta, Andalucía estaría en tensión de aquí hasta la investidura de Moreno, si es que llegaba a producirse. Habría empezado la cuenta atrás desde el día después de contabilizar las urnas hasta el 14 de julio, fecha en la que ha de constituirse el Parlamento, sus 109 diputados tomando posesión, y elegir a los siete miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara.
Ese momento es clave en todas las legislaturas con gobiernos en minoría, porque quien controla la Mesa controla el ritmo, el orden y las reglas del debate parlamentario, que van a ejercer de contrapeso al poder ejecutivo. Solía ser el partido minoritario de la coalición de Gobierno quien se quedaba ese papel. En el mandato anterior lo fue Ciudadanos, presidía el Parlamento Marta Bosquet, a quien la oposición de izquierdas afeó una y otra vez que torciese el reglamento en favor del Gobierno de PP y su partido.
En esta legislatura, que se preveía la de mayor influencia de Vox sobre el presidente Moreno, la presidencia del Parlamento parecía irrevocablemente destinada a ser ocupada por un miembro de la ultraderecha, como ha ocurrido en Castilla y León. Vox incluso dio el nombre de su candidato, el ex portavoz parlamentario Manuel Gavira, diputado por Cádiz, y cabeza visible del grupo hasta el aterrizaje de Macarena Olona. Hubiera sido la primera concesión del PP a la extrema derecha, a cambio de su apoyo en la investidura.
Así fue la negociación en dos carriles paralelos del mandato anterior: PP pactando un gobierno y un parlamento con Ciudadanos y PP pactando una legislatura con Vox. Pero la mayoría absolutísima de Moreno, 19 puntos por encima del PSOE, ha evaporado todas las incógnitas e incertidumbres de aquí al 14 de julio. Los populares, previsiblemente, van a presidir el Gobierno y el Parlamento. La Mesa, con siete miembros, tendrá cuatro del PP -incluida la presidencia- y los otros tres sillones se los repartirán PSOE, Vox y Por Andalucía, uno cada uno (los dos diputados de Adelante Andalucía formarán grupo mixto, pero estarán fuera).
También es previsible que los socialistas levanten la voz y protesten porque con sus 30 diputados solo les corresponda un asiento en la Mesa, los mismos que a Vox, con 14 escaños, y a Por Andalucía, con 5. El PP pasó por una situación similar hace tres legislaturas, lo denunció ante el Tribunal Constitucional -a través de una denuncia de su diputada Patricia del Pozo- y lo ganó, logrando recuperar un puesto más en dicho órgano, que el PSOE le había arrebatado.
Con estos antecedentes, es probable que sea el mismo PP quien proponga la solución que se adoptó en aquel momento para que la composición del órgano rector de la Cámara cumpliera con el reglamento, esto es: todos los grupos parlamentario deben tener un representante en la Mesa. Lo que se hizo entonces fue aumentar la composición, de siete a ocho miembros, introduciendo a un vocal más con voz pero sin voto. Quizá en este lance se produzca la primera discusión de la legislatura, pero es evidente que la intensidad y la repercusión de la misma queda muchos decibelios por debajo de lo que se ha vivido en la pasada legislatura y la anterior. Y la anterior.
El segundo debate, una vez eche a rodar la legislatura, es la recomposición de los órganos de extracción parlamentaria: el Consejo de Administración de la RTVA, el Audiovisual, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz... La nueva mayoría del PP le permitirá controlarlos todos y orillar la posición de otros partidos. Donde más se notará este giro es en el ente responsable de Canal Sur Televisión.
El futuro presidente o presidenta del Parlamento tiene 15 días de plazo, desde el 14 de julio, para fijar el debate de investidura de Moreno (no hay otro candidato posible). No se llegará a apurar ese plazo si, como ha anunciado ya el presidente en funciones, su intención es formar el nuevo Gobierno cuanto antes para que los niveles inferiores del organigrama se creen durante el mes de agosto. El objetivo es retomar el curso político en septiembre a pleno rendimiento para presentar el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2023 -las cuentas actuales están prorrogadas- antes del 31 de octubre, como marca la ley, y aprobarlo definitivamente en diciembre.
Algunos de los consejeros del PP del actual Ejecutivo (y alguna de Ciudadanos, como la titular de Empleo, Rocío Blanco) repetirán previsiblemente, aunque el entorno de Moreno habla ya de “refrescar” los rostros de un Gobierno muy asociado a la etapa anterior, marcada por la coalición con los naranjas, la dependencia de Vox y, sobre todo, la pandemia. El área económica tendrá un peso significativo sin descartar el nombramiento de una vicepresidencia económica, que podría ocupar el consejero de Hacienda, Juan Bravo, uno de los hombres fuertes del PP andaluz en la dirección nacional de Feijóo. Elías Bendodo, portavoz y actual consejero de Presidencia en funciones, sale de la Junta para centrar todos sus esfuerzos en la coordinación general del partido en Madrid.
De modo que la primera consecuencia del 19J será que el ruido del debate político va a desplomarse en picado. Los exabruptos, propuestas legislativas y discursos de algunos dirigentes de Vox, que hemos visto en el último mandato, irán perdiendo eco a medida que ellos mismos y el público político se percaten de que ya no tienen incidencia en la agenda del Gobierno. El PP tiene las manos libres y será el único responsable de sus decisiones. No tiene a Vox ni para lo bueno -parapetarse de las críticas de la izquierda- ni para lo malo -plegar su discurso y sus políticas a los postulados de la ultraderecha-.
También es el momento para que el PSOE revise su estrategia de oposición tras el fracaso de las urnas. Los socialistas también han perdido a Vox como vehículo político para atizar al Gobierno y tratar de estimular al electorado progresista. No funcionó en la campaña y poco sentido tiene ahora que los de Olona son meros figurantes en comparación al peso específico que tuvieron en la pasada legislatura. Veremos si la alicantina recoge su acta o regresa al Congreso antes del día 14. Vox ha vetado la entrada a este periódico y otros medios de comunicación a su primera y única rueda de prensa desde que llegó a Andalucía pero, preguntada por compañeros, la candidata dejó entrever que su continuidad aquí dependerá “de los designios de dios”.
Con todo, la ultraderecha sigue manteniendo un peso considerable en el Parlamento andaluz, es tercera fuerza, y dispone de un cupo alto de iniciativas para poner en aprietos al PP. No tiene margen para doblar al Gobierno de Moreno, pero puede usar el Parlamento andaluz como plató de sus batallas culturales y comprometer la posición del PP de Alberto Núñez Feijóo, que aún se debate entre la vía Ayuso [el estilo robusto de la presidenta de Madrid] y la vía de la moderación que el gallego comparte con Moreno.
Pero eso aún está por ver. Las izquierdas siempre han reprochado al presidente andaluz que Vox sólo había servido para “centrar” la imagen pública de Juan Manuel Moreno, pero que en realidad el PP habría impulsado las mismas políticas sin ellos que con ellos. Quizá sea esa la gran incógnita de esta legislatura. El anterior Gobierno de PP y Ciudadanos introdujo medidas forzadas por Vox en la negociación de la investidura y de los tres presupuestos autonómicos que aprobaron juntos. ¿Va a mantener Moreno esas iniciativas o las va a deshacer? No hay dudas respecto a la agenda económica y fiscal, porque ahí la coincidencia entre PP, Ciudadanos y Vox siempre fue notable.
Pero, ¿qué hay de las batallas culturales que Vox logró colar en las políticas sociales? ¿Va a mantener Moreno el teléfono para víctimas de violencia intrafamiliar que creó la Consejería de Igualdad? Aquello fue una imposición de la ultraderecha, que utiliza este término para negar la violencia de género. El Ejecutivo andaluz hizo aquella concesión a Vox, pero articulando un discurso paralelo para aminorar su impacto: “violencia machista y violencia intrafamiliar son cosas distintas, se pueden complementar”. Los datos y la puesta en marcha del teléfono que exigía el partido de Santiago Abascal demostró que no lo eran.
La mayoría de llamadas recibidas fueron derivadas a otros servicios que ya existían: el teléfono para víctimas de la violencia machista, el teléfono de atención al menor y el que existe para personas mayores. La violencia intrafamiliar, que el PP circunscribe a las agresiones entre familiares dentro del ámbito doméstico, principalmente de hijos a padres, también tiene un claro componente de género, dado que las agredidas suelen ser las madres.
¿Qué va a pasar con el presupuesto de cooperación para países en desarrollo, de cuya partida la Junta extrajo un pellizco para aumentar el gasto en seguridad en centros de menores extranjeros no acompañados? Fue otra demanda de Vox en la negociación del Presupuesto de 2019, bajo el prejuicio de que los niños inmigrantes al cuidado de la Consejería de Igualdad eran delincuentes y habían generado problemas de inseguridad en los barrios donde se encontraban los centros de acogida. No había datos oficiales que corroborasen tal discurso, pero Moreno consintió en esta petición para salvar las cuentas de aquel año.
¿Qué ocurrirá con la Ley andaluza de Memoria Histórica? El PP firmó un acuerdo político con Vox para derogar esta norma, que fue aprobada en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra (fue la primera vez que los populares se abstenían en España en una ley memorialista; la estatal la habían recurrido en los tribunales). Moreno negoció con la ultraderecha que se aprobaría una ley de concordia si se alcanzaba un consenso mayor que el que tuvo la Ley andaluza de Memoria, pero no se dio ese escenario.
Vox presentó dos propuestas de ley, la primera con un único punto derogatorio, la segunda con algo más de contenido. El Parlamento vetó ambas, con el rechazo también del PP y de Ciudadanos (que nunca firmó ese acuerdo). Con todo, las políticas memorialistas no han sido una prioridad para el Ejecutivo de Moreno en este mandato, por falta de presupuesto y de iniciativa política.
De todas las normas, leyes y propuestas que quedaron pendientes tras el adelanto electoral, una destaca por encima de las demás: se trata de la proposición de ley que registraron los tres partidos que sostenían al Ejecutivo de Moreno -PP, Ciudadanos y Vox-, pero que avalaba el propio Moreno: la amnistía a los regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Fue inicialmente iniciativa de la extrema derecha, pensada para captar apoyos en el ámbito rural de Huelva, y que enseguida fue asumida y pilotada por la Junta, a través de PP y Ciudadanos, temerosos de que Vox les ganase ese espacio político.
Ese temor también lo sintió el PSOE andaluz, que se abstuvo en el debate de toma en consideración, abriendo la puerta a la ampliación de regadíos en un espacio donde el principal problema es que no hay agua. La proposición de ley llegó hasta la consulta pública a los agentes sociales, económicos, alcaldes de la zona, ecologistas y expertos que circularon por el Parlamento para dar su opinión. El Gobierno central, la Comisión Europea e incluso la Unesco hicieron llegar su aviso a Moreno: si la ley prosperaba, irían a los tribunales para frenarla, y la consideración de patrimonio de la humanidad de Doñana correría un serio riesgo.
El presidente andaluz defendió personalmente esta iniciativa, habrá que ver si ahora la retoma en su agenda junto al resto de leyes que se quedaron en el cajón, como anunció tras disolver la Cámara.
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