Andalucía rediseña el currículum de Primaria y Secundaria sin incluir el veto parental en las escuelas que exige Vox

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía trabaja desde hace cinco meses en los borradores de los nuevos decretos que regulan las enseñanzas mínimas en las etapas de Primaria y Secundaria. Son documentos que ya conocen los sindicatos de profesores, y ninguno de ellos recoge el llamado “pin parental” de Vox, una supuesta potestad de los padres para vetar ciertos contenidos de las asignaturas obligatorias y evaluables que imparten sus hijos en la escuela.

Un decreto es la norma de máximo rango autonómico, después de una ley. Por debajo está la orden, y por debajo de la orden están las instrucciones que la consejería envía a los centros para orientar al profesorado sobre aspectos de la normativa. En Murcia el llamado pin parental se ha empezado a implantar a través de unas instrucciones, generando mucha incertidumbre entre el profesorado sobre el alcance de su aplicación.

En Andalucía, las actividades complementarias que Vox propone vetar forman parte de las asignaturas obligatorias, reguladas por decreto, y su función y desarrollo aparecen recogidas en otros decretos: los Reglamentos Orgánicos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria. La Junta andaluza no baraja ningún cambio en esta normativa para encajar jurídicamente el pin parental de Vox, según confirman desde la Consejería de Educación.

La polémica sobre el veto parental tuvo un perfil bajo cuando se abrió en Andalucía, el pasado mes de noviembre, pero ahora ha regresado con más fuerza impulsada por el debate nacional y la confrontación polarizada entre Vox (que ha arrastrado a la dirección nacional del PP) y el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En Andalucía, el partido de extrema derecha dejó este debate en segunda fila cuando el consejero de Educación, Javier Imbroda, advirtió en el Parlamento de que el veto parental era contrario a la legislación estatal y autonómica. En Murcia fue una línea roja para Vox, a cambio de apoyar las cuentas autonómicas. Aquí, en cambio, el Gobierno andaluz de PP y Cs ha contado con el respaldo de la extrema derecha para aprobar los Presupuestos de 2019 y de 2020, que tampoco contemplan el veto parental.

Vox: menos peso desde hace un mes

Ahora Vox Andalucía exige de forma retroactiva el cumplimiento de una medida comprometida en el acuerdo presupuestario suscrito el pasado septiembre -el punto 19- y amenazan con hacer tambalear al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno si no incluyen el veto parental en la normativa educativa. “Las leyes se cambian”, avisan. Pero las advertencias de la extrema derecha pesan menos desde la segunda semana del pasado diciembre, cuando apuntalaron al Gobierno andaluz con su apoyo a las cuentas del presente ejercicio. Moreno tiene garantizada la gobernabilidad prácticamente hasta el final de la legislatura: aunque Vox cumpla su amenaza y le retire su respaldo, la Junta podrá prorrogar el Presupuesto de este año y estirar su mandato hasta final de 2021, a las puertas de las próximas elecciones autonómicas.

El presidente andaluz no contempla ese escenario, prefiere bajar la tensión y garantizarse una estabilidad pacífica. En cambio, el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, no ha rehuido el choque con Vox y este lunes ha asegurado que el veto parental “no se aplicará” en Andalucía, que “no se darán pasos atrás en derechos conquistados”.

Desconfianza en el profesorado

Los socios de la Junta han reaccionado de manera dispar al último órdago de Vox: Ciudadanos, que ostenta las competencias de Educación, ha enfriado el debate. Este lunes por la tarde, Imbroda recibió al portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, para trasladarle que el veto parental es inaplicable “como tal”, y que ponerlo en práctica como ha hecho Murcia abriría un litigio en los tribunales con el Ministerio de Educación. Pero esta vez el consejero no se ha limitado al debate técnico-jurídico de la medida de Vox. “No voy a tolerar ninguna transmisión de desconfianza en nuestros docentes ni en nuestros centros educativos”, ha dicho Imbroda, tras advertir de que “lo que se firmó [con Vox] es que se estudiaría algún tipo de autorización previa de los padres para las actividades extracurriculares, pero no para las curriculares, porque son obligatorias. Eso es ley y este consejero no va a contravenir la ley”.

En el encuentro, según la Consejería, Imbroda y Hernández han abordado “medidas para avanzar en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos conforme a sus valores siempre dentro del marco normativo y del respeto a la autonomía de los centros educativos, con propuestas que mejoren la comunicación y accesibilidad del plan de actividades complementarias, con el objetivo de mejorar la transparencia y reforzar la supervisión y el control de las mismas”.

El consejero ha recordado que “el plan de actividades complementarias es aprobado antes del inicio de curso tanto por el Claustro de Profesores como por el Consejo Escolar de cada centro, donde están representadas las familias”. En este sentido, ha explicado que “en la actualidad ya hay instrumentos para garantizar la libertad de los padres, ya que las propias familias pueden decidir que sus hijos acudan o no a estas actividades por cuestiones morales y religiosas, como establece la Constitución Española”.

El punto 19 del acuerdo político firmado por PP, Cs y Vox habla de implantar “la ”autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias“. Y estas actividades, aunque no estén ligadas al currículum, sí forman parte de las asignaturas obligatorias y son evaluables. No está en manos de los padres cambiarlas, pero tampoco lo está en manos de la Junta andaluza. Es el claustro de profesores del centro, con la participación y connivencia del Consejo Escolar (donde están representados los padres con voz y voto), el que diseña esas actividades: la visita a un museo en Historia del Arte; la creación de un huerto en Ciencias o una charla del miembro de una ONG o colectivo LGTBi sobre diversidad sexual (esto último es lo que desata el rechazo visceral de Vox). Antes de reunirse con Imbroda, Hernández había advertido al consejero a través de una rueda de prensa de que si se reitera en el no a la medida ”tendremos problemas“.

Un debate orillado en noviembre

En la Junta andaluza, la reactivación de este debate no ha sentado bien. El PP andaluz ha sido menos rotundo que Ciudadanos en su reacción adversa a la iniciativa de Vox. Los populares han visto sacudido el perfil de moderación que predica el presidente Moreno, en parte, por las encendidas declaraciones de su líder nacional, Pablo Casado, que abraza la medida como si fuera suya (aunque no está en el programa electoral del PP). La vía intermedia para decir sí pero no a sus socios de Vox, sin poner en peligro su alianza, es aludir machaconamente al orden jurídico que, hoy por hoy, deja escaso margen al desarrollo de esta iniciativa. Una ley estatal (del PP), el Estatuto de Autonomía (con rango de ley orgánica) y al menos tres leyes autonómicas impiden a las familias seleccionar las actividades complementarias de sus hijos o sacarlos de clase durante el horario lectivo. En 2009, el Tribunal Supremo dictaminó que la objeción de conciencia en la educación obligatoria es ilegal [la sentencia que avaló la asignatura de Educación para la Ciudadanía, contra el criterio de familias, la Iglesia y el PP, que denunciaban que la materia servía para adoctrinar a los niños]

El debate sobre el veto parental de Vox tiene dos velocidades descompasadas: el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos abrió antes el melón, incluyendo la medida en el acuerdo de Presupuestos para 2020. Luego el mismo debate, en los mismos términos, se trasladó a Murcia, donde existe la misma coalición de Gobierno, igualmente sustentada desde fuera por el partido de Santiago Abascal.

La diferencia es que en Andalucía, el debate sobre el veto parental quedó orillado -pasó desapercibido en un debate parlamentario el pasado noviembre- y Vox no exigió un cambio normativo inminente como condición indispensable para apoyar los Presupuestos de este año, como ha ocurrido en Murcia. El Ejecutivo de Fernando López Miras, que se formó seis meses después del Gobierno andaluz de Moreno, sí aceleró esa medida del pacto con Vox: la Consejería de Educación dictó unas instrucciones que remitió a las escuelas de Murcia instándoles a pedir a las familias de sus alumnos el consentimiento expreso para que sus hijos participen en las actividades complementarias que forman parte de las asignaturas obligatorias y son, por tanto, evaluables.

Leyes contrarias al veto

El Ejecutivo murciano abría la puerta a que los padres vetasen dichas actividades si consideraban que vulneraban sus principios ideológicos o morales. La Junta de Andalucía no lo hizo: el consejero Imbroda explicó a sus socios de Vox en el Parlamento lo mismo que ha repetido este lunes: que el veto parental se sale del ordenamiento jurídico actual, que la Ley Orgánica de Educación en vigor (del último Gobierno del PP) impide aplicar esa medida “como tal”, que se trata de una norma básica, y que las actividades complementarias son un deber, no son voluntarias, y su diseño corresponde al claustro de profesores, no a las familias. Vox relaciona este debate con el supuesto “adoctrinamiento en las aulas”, una denuncia que salpica a quienes directamente imparten la docencia. En Andalucía hay 100.000 profesores a los que no se les presupone una ideología homogénea.

Además de la Lomce, la Ley de Educación Andaluza (LEA), la autonomía pedagógica de los centros escolares y la libertad de cátedra del profesor -avalada por la Constitución- impide a un padre condicionar el modo en el que un maestro imparte clases a su hijo, dentro del marco curricular. Teóricamente ese padre ya debe conocer qué actividades complementarias recibirán sus hijos en determinadas asignaturas, porque éstas forman parte del Plan anual de Centro, público y accesible de extrema derecha, dice Imbroda, “ya está recogida en el marco normativo actual”, porque los padres “ya pueden elegir antes” de escolarizar al niño.

Contenido transversal

Vox vincula el veto parental a los contenidos relacionados con la diversidad sexual, sobre los que se imparten charlas en las escuelas por personal no docente (supervisado antes, durante y después) por el profesorado del centro. Al margen de la legislación educativa que impide la implantación del veto parental, en Andalucía la educación afectivo sexual está blindada en la Ley de Igualdad, la Ley sobre los derechos del colectivo LGTBi, y el propio Estatuto de Autonomía. La diversidad sexual es, por ley, un contenido transversal que empapa todas las asignaturas. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha recibido esta mañana a 25 asociaciones del movimiento LGTBi para confirmarles que su participación en las aulas andaluzas no se verá alterada por una medida de Vox que, ha recalcado, “no tiene viabilidad legal ni moral”. Vox puede exigir lo que quiera, pero tendrá que pasar unos trámites e informes legales“, avisa.

El titular andaluz de Educación ha calificado este debate de “interesado, artificial, absurdo y estéril”, y ha afeado a Vox y al Gobierno de Sánchez que fomenten la “polarización”. Imbroda defiende que se eduque en “valores de tolerancia, igualdad y respeto a la diversidad” -“principios recogidos en nuestro Estatuto”- y ha negado que estas actividades complementarias sirvan para trasladar una imagen distorsionada o perniciosa de la sexualidad. “Se puede reforzar la inspección educativa por si hay algún caso puntual, que será sancionado”, pero las quejas de los padres que ha recibido la Consejería sobre este tipo de talleres “son casos aislados”.

El portavoz de Vox ha leído en su comparecencia algunas frases, supuestamente sacadas de esas actividades complementarias, como ésta que parece incitar a la pederastia: “Todas las personas tienen que tener derecho a disfrutar de la sexualidad. También un niño de 8 añitos. Las relaciones intergeneracionales cada día están más perseguidas penal y socialmente, despertándonos un día sí y otro también con más que dudosos éxitos policiales. Cuando una persona tiene algún tipo de relación con cualquier persona aunque sean menores no tiene por qué hacer daño a nadie”.

Cuando se le ha preguntado reiteradamente en qué centro educativo andaluz había tenido lugar esa charla, quién la había denunciado, cuándo se había producido, y si la consejería tenía constancia de tal suceso, Hernández ha reconocido no tener esos datos. “No tengo esos datos concretos, esto es una comparecencia de prensa genérica”, ha dicho, para luego subrayar que “ninguno de nuestros dirigentes aboga por discriminación por razón de sexo y condenamos cualquier acto de acoso, sobre todo en los centros educativos”.

Durante el debate parlamentario, la diputada de Vox que defendió el veto parental, María José Piñero (médico de profesión), llevó escrita su intervención y leyó que “los talleres sobre diversidad sexual podían perjudicar el desarrollo psicomotor del niño”, es decir, la habilidad de movimiento, la psicomotricidad del niño vinculada sobre todo al sistema nervioso. Vox difundió el vídeo de su intervención la semana pasada en redes sociales para que su explicación sirviera de ejemplo de “sentido común”. Varios diputados y dirigentes del partido lo retuitearon en sus cuentas de Twitter. Preguntado este lunes al respecto, el portavoz del grupo rectificó a su compañera: “No sé por qué dijo eso, debe de ser un error de transcripción”. Minutos después, Vox había retirado el vídeo de Piñero de las redes sociales y borrado todos los retuit de su intervención.