Este 28F, Día de Andalucía, empieza de manera extraoficial la carrera electoral de los partidos hacia las urnas, que se abrirán previsiblemente el próximo otoño. Todos los partidos, excepto Vox, se declaran andalucistas. Todos compiten entre sí por abanderar el autonomismo y le niegan al adversario la legitimidad para defender el legado de aquel 28 de febrero de 1980; bien porque “llegaron tarde y nunca se lo han creído”; bien porque “traicionaron su significado al dejar a Andalucía relegada a un segundo plano tras 40 años de autogobierno”; o porque no son partidos “de obediencia andaluza”, sino “sucursales de sus direcciones en Madrid”.
Este lunes se conmemora el referéndum en el que, hace 42 años, los andaluces votaron masivamente a favor de una autonomía plena y por la vía rápida, asimilable al resto de comunidades históricas de España. El 56% del censo electoral votó a favor de un autogobierno en las mismas condiciones que Cataluña, Galicia y Euskadi, y aquello desdibujó el trazado previsto para un Estado autonómico a dos velocidades. El 28F fue la expresión de la unidad popular, frente a algunos poderes fácticos de relevancia que ejercieron una fuerte resistencia. Hoy es más un recurso político abocado a la división partidista. Sobre todo en este año electoral tan incierto.
En boca de los actuales dirigentes andaluces, el andalucismo es más una categoría sociológica que política. El Partido Andalucista (PA) se extinguió en 2015, y ninguna otra formación ha ocupado el vacío que dejó en el Parlamento, donde andalucismo era sinónimo de nacionalismo. El PA llegó a tener representación en el Congreso, donde ocupó cinco escaños (1979).
Ahora hay una coalición -Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez- que aspira a recuperar ese espacio político, de perfil soberanista, que se presenta como el único partido con su sede central en Andalucía, y cuestiona el andalucismo del resto de fuerzas de izquierdas porque “responden a los intereses de sus direcciones nacionales”. “Somos la única candidatura de obediencia andaluza”, dicen los Anticapitalistas, partido que tiene el control de Adelante, tras su ruptura dramática con los socios fundadores: Podemos e IU.
El primer Gobierno andaluz de centro derechas -PP y Ciudadanos- se juega la continuidad que consolidaría un cambio de ciclo en una comunidad en la que 37 de los 40 años de autonomía han gobernado los socialistas. Luego está un PSOE que ha pasado tres años noqueado en la oposición, reconstruido a toda velocidad en los últimos diez meses, y que aspira a recuperar el poder que perdió en 2018. Ambos se disputan el 28F como si fuera un sinónimo de legitimidad para gobernar Andalucía.
El presidente de la Junta y líder regional del PP, Juan Manuel Moreno, defiende un andalucismo desacomplejado al que le ha puesto un apellido -“andalucismo moderno”- que crea un nuevo marco mental para la derecha andaluza: no somos señoritos ni terratenientes, vienen a decir los populares, para sepultar de una vez por todas los “prejuicios”. “El cuento de que el PP es malo para Andalucía se ha acabado”, sentencia Moreno.
En realidad hace 15 años que la derecha andaluza se resituó en la identidad autonomista, desmarcándose de aquella Alianza Popular que a principios de los ochenta pidió a los andaluces que se abstuviera o que votara en blanco en el referéndum a favor del autogobierno. O de aquella UCD que imprimió carteles con el lema: “Andaluz, éste no es tu referéndum”. En 2007, el PP de Javier Arenas participó de manera proactiva en la reforma del Estatuto de Autonomía, que permitió “modernizar” la ley orgánica en paralelo al polémico Estatut de Cataluña.
La dirección nacional del PP impugnó el de los catalanes ante el Tribunal Constitucional, que terminaría anulando algunos de sus artículos más importantes, germen del desgarro sociopolítico que vive hoy Cataluña junto al empuje independentista. Pero los populares no impugnaron el Estatuto andaluz, a pesar de que compartía muchos de sus artículos con el catalán, incluidos algunos que fueron anulados por la justicia.
La reforma estatutaria de 2007, pactada por PSOE, PP e IU, reconcilió a todas las formaciones políticas en torno al 28F, pero enseguida la realidad se desdobló. La derecha tenía su andalucismo “moderno” y las izquierdas siguieron ondeando su andalucismo “histórico”, más puro. Hoy los populares acusan a los socialistas de “dar carnés de andaluces de primera y de segunda”, de haberles repudiado del 28F durante las cuatro décadas que gobernaron Andalucía, asimilando el nombre del PSOE al de la propia comunidad.
Los socialistas denuncian que la derecha nunca se ha creído el Estatuto ni la autonomía plena. En la última sesión de control al Gobierno, la portavoz Ángeles Férriz saltó por encima de la reforma de 2007, suscrita por el PP, y le espetó al presidente Moreno que su partido era heredero de aquella derecha que en los años 80 se opuso al referéndum. “Ustedes nunca se lo han creído”, dijo.
El PSOE le recuerda insistentemente a Moreno que es presidente de la Junta de Andalucía “con los votos de un partido de extrema derecha que no cree en la autonomía andaluza y que quiere cargarse el Estado autonómico”. “No nos gusta el Estado de las Autonomías, porque es una fuente de división entre los españoles. No vamos a participar en el 28F porque es el germen del clientelismo del PSOE”, recordó el jueves pasado el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira. El partido de Santiago Abascal ha afianzado el Gobierno de Moreno durante los tres primeros años de legislatura, apoyándole tres Presupuestos autonómicos y un puñado de leyes importantes. Vox ha sido socio de legislatura, pero ahora presiona para adelantar los comicios, acusa al PP de haber “traicionado el cambio”, de haber perpetuado el sistema de gobierno del PSOE.
Los de Abascal “no creen en el Estado de las Autonomías”, pero están determinados a entrar en el próximo Gobierno andaluz -así como en el de Castilla y León-. La diputada de Vox en el Congreso, Macarena Olona, despunta como posible candidata a la presidencia de la Junta. Este lunes estará en Sevilla, alejada de las efemérides oficiales, ofreciendo un mitin junto al río en el que van a denunciar la “corrupción” de los anteriores gobiernos socialistas y de los sindicatos de clase, CCOO y UGT.
El 28F es un arma política muy potente como para dejársela en exclusiva al partido que gobierna. En el último congreso del PP andaluz, celebrado en Granada el pasado noviembre, los populares incluyeron en su reglamento interno una referencia explícita al 28F: “Un reto que tiene este partido, una obligación y un derecho que es defender, reivindicar y celebrar el Día de Andalucía”.
Al poco de ser investido presidente, Moreno visitó en su casa al ex ministro de UCD Manuel Clavero Arévalo -ya fallecido-, que dimitió cuando su partido se opuso al 28F. Clavero es el único referente del centro derecha andaluz de aquella época para el PP de hoy, y Moreno no dudó en señalarle enseguida como “mentor” e “inspiración” de su andalucismo “moderno”. Su Gobierno ha creado una medalla honorífica que lleva el nombre de Clavero, y que en el primer año se le concedió al socialista Rafael Escuredo, primer presidente preautonómico de Andalucía, y este año a la Fundación Blas Infante. Además, desde el lunes pasado, la sala donde se reúne cada semana el Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Telmo, también lleva el nombre del ex ministro de la UCD.
El jueves pasado, tras el desgarro autoinflingido por el PP que derivó en el destierro político de su líder, Pablo Casado, el grupo parlamentario popular compareció en los jardines de la Cámara, ante el busto de Blas Infante, para leer un manifiesto de reafirmación andalucista. Ese mismo día, por la tarde, el Parlamento aprobó una proposición no de ley del grupo socialista en defensa del marco autonómico, que reconocía las figuras de Escuredo y de Plácido Fernández-Viagas, y ponía en valor el significado histórico del 28F, pero también del 4D, que conmemora las manifestaciones de miles de andaluces que exigían una autonomía de primera -y que desembocó en la convocatoria del referéndum-, donde murió de un balazo el sindicalista Manuel José García Caparrós.
El 28F es un símbolo de reivindicación que, en la práctica, ha servido a los gobiernos andaluces para confrontar con los gobiernos de España cuando el color político no coincidía, usando como marco discursivo el “agravio comparativo”. El no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. El ex presidente Manuel Chaves frente al presidente José María Aznar; el ex presidente José Antonio Griñán y Susana Díaz frente a Mariano Rajoy. Ahora Juan Manuel Moreno frente a Pedro Sánchez, a quien ha llegado a comparar con el presidente Adolfo Suárez, que en los ochenta trató de frenar la autonomía plena andaluza. Pivotar contra Moncloa o contra los nacionalismos catalán y vasco, que históricamente han condicionado con sus votos los Presupuestos Generales del Estado, siempre ha dado réditos políticos al Ejecutivo andaluz de turno.
Otra derivada del 28F es aquella que protagonizan los partidos a la izquierda del PSOE, que nunca han participado de las efemérides oficiales del Gobierno andaluz, y en su lugar han organizado manifestaciones reivindicativas en las calles, conscientes de los déficit que aún arrastra Andalucía tras más de 40 años de autogobierno. En esto hay cierta coincidencia argumental entre las fuerzas de derechas y los grupos a la izquierda del PSOE, ambos reprochan a los socialistas que la comunidad no haya logrado converger a más velocidad con la media de España durante las más de tres décadas ininterrumpidas que gobernaron.
La unidad del 28F también se ha roto en estas manifestaciones que protagonizan las izquierdas, este año electoral, más divididas que nunca. El Día de Andalucía era la fecha tope, impuesta por un grupo de mediadores, para tratar de reconciliar a los cuatro partidos a la izquierda del PSOE -IU, Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos- de que formasen una candidatura unitaria para evitar que la dispersión del voto progresista fuera penalizada por la ley electoral. No sólo no se ha logrado, sino que las protestas se han bifurcado en dos -una plataforma en Sevilla apoyada por unos partidos y otra en Cádiz por otros-, reflejo de que el andalucismo también es un vector de división política en el arco progresista.
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