Cinco años después de la disolución del Partido Andalucista (PA), todos son andalucistas en el Parlamento andaluz, menos Vox. Este miércoles se ha celebrado el último Pleno en la Cámara antes del Día de Andalucía -el próximo 28 de febrero-, cuando se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía (28F de 1980). La sesión de control al Gobierno de Juan Manuel Moreno se ha contagiado de discursos autonomistas de muy diversa índole, rematada con un debate, a propuesta de Adelante Andalucía, sobre el reconocimiento del 4 de diciembre de 1977 como un “día histórico de la reivindicación popular del legítimo derecho de Andalucía al autogobierno”.
El espíritu del 28F tiene un común denominador -es un gesto reivindicativo-, pero no suena igual en boca del PP, de Ciudadanos, del PSOE o de Adelante Andalucía (Podemos-IU). No suena igual, porque cada discurso tiene un interlocutor diferente: los socios del primer Gobierno andaluz de centro derechas esgrimen su andalucismo para atizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusan de estar dinamitando su autonomía financiera (la reclamación de los 580 millones de euros del IVA pendientes del ejercicio 2017), su autonomía fiscal (la retirada de los mercados financieros por un desvío en el déficit heredado del último año de gobierno socialista) y su autonomía legislativa (el conflicto de competencias con el Estado que ha suscitado el decreto andaluz que prevé regularizar 300.000 viviendas ilegales). “Andalucismo es defensa de Andalucía”, dice el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto.
Para el PSOE, el andalucismo es más un hecho autoreferencial, una vía para reivindicar su legado en el gobierno, porque de los 40 años de autonomía andaluza, casi 37 estuvieron bajo mandato de los socialistas. “En estos años creamos más de 500.000 puestos de trabajo. Nosotros transformamos radicalmente esta tierra a mejor. Porque ahora se envuelvan en la bandera blanca y verde no van a ser más autonomistas que nadie”, le espetó el portavoz del PSOE, José Fiscal, al presidente de la Junta, tras recordarle que su partido es heredero de Alianza Popular, que hace 40 años votó no en el referéndum del Estatuto de Autonomía, y que los herederos del centro derecha defendieron el eslogan: “Andaluz, éste no es tu referéndum”.
Al PSOE andaluz esta previa del 28F le ha pillado descabezado, porque 24 horas antes su secretaria general y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, dio a luz a su segundo hijo (una niña, Rocío). Díaz estará meses fuera del Parlamento y de la política activa, y en ese tiempo los socialistas tienen el cometido de rearmarse como principal fuerza de oposición, después de un primer año de legislatura en el que han aguantado cuasi catatónicos por la pérdida del Gobierno. El miércoles por la mañana, el grupo parlamentario socialista y miembros de la ejecutiva regional se fueron de excursión a Coria del Río, a la casa natal de Blas Infante -padre de la patria andaluza- donde leyeron un manifiesto de exaltación del autonomismo y los valores del Estatuto.
Para la coalición Adelante Andalucía, el andalucismo está fuera de las instituciones, es más una reivindicación de la calle que trasciende la propia Ley Orgánica que regula el autogobierno andaluz. Por eso ellos, además de discurso, habían registrado en la Cámara una proposición de ley que reconozca como “día histórico” el 4 de diciembre de 1977, una jornada en la que el pueblo andaluz -casi un millón de personas- “se manifestó ante el mundo como lo que siempre había sido: una realidad histórica innegable, con identidad, símbolos y cultura propia”. El 4D siempre ha sido el 28F de los grupos a la izquierda del PSOE, hasta que el debate territorial se tensó hace unos años por las presiones de la deriva catalanista, y entonces el equipo de Susana Díaz se propuso capitalizar también estas reivindicaciones. La iniciativa de Adelante decayó en el Parlamento con los votos en contra de las tres derechas.
Dentro de la coalición de izquierdas, el andalucismo también es la bandera que agarra con fuerza la todavía coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha anunciado su salida de la formación morada que ayudó a fundar para impulsar una fuerza pseudo-nacionalista. La gaditana quiere un partido con más autonomía política en Andalucía de la que tuvo con Podemos, siempre tutelada desde Madrid por Pablo Iglesias, y en esa hoja de ruta se ha separado del objetivo que hasta ahora compartía con su socio de confluencia: IU. Pero ese es otro debate.
El de este año será un 28F inédito. El primer Gobierno andaluz no socialista -de PP y Cs- sustentado por un partido de extrema derecha que abomina del Estatuto andaluz, que lleva en su programa la voladura del Estado de las Autonomías. Un 28F, una vez más, tensionado por los “privilegios” que el Gobierno central socialista cede a Cataluña y a Euskadi para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales y la estabilidad de la legislatura. Esos “privilegios” que antes denunciaba Susana Díaz y ahora señala Juan Manuel Moreno, esa España de dos velocidades, y el desequilibrio territorial norte sur. La misma materia prima que moldeó la lucha por el Estatuto andaluz el 28 de febrero de 1980, el café para todos, el no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.
Ahora el PP esgrime la bandera verde y blanca para denunciar la negociación bilateral del Estado con Cataluña, la mesa de negociación que Sánchez le ha concedido a los líderes independentistas catalanes al margen de los órganos multilaterales. En ese discurso también hay tropiezos, y se mezcla la reivindicación legítima andaluza con la estrategia de confrontación con el PSOE: Mientras el portavoz del PP andaluz denunciaba que las reuniones bilaterales del Gobierno de Sánchez con la Generalitat va “contra el Estatuto andaluz”, la periodista Lourdes Lucio le recordó que la Junta podía invocar la comisión bilateral Gobierno andaluz-Estado recogida en el artículo 220 del Estatuto andaluz (que se introdujo en la reforma de 2006, en la que ya sí participó activamente el PP). Es decir, una herramienta de negociación con el Estado, blindada por una ley aprobada en el Congreso y el Senado, y que sólo está al alcance de Andalucía y Cataluña.
Este órgano de codecisión y diálogo al más alto nivel con el Estado está calcado del Estatut catalán, que posteriormente sería cercenado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, la incorporación al texto andaluz de esta herramienta se valoró como un logro político, nuevamente evocando el espíritu del 28F. Pero el portavoz parlamentario del PP-A ha reconocido que no harán uso de ese precepto estatutario, porque “no creen” en este tipo de comisiones bilaterales.
Entre las funciones de la comisión Junta de Andalucía-Estado está “deliberar, hacer propuestas y adoptar acuerdos sobre proyectos de ley que inciden singularmente sobre la distribución de competencias entre el Estado y la Junta”; “la programación de la política económica general del Gobierno central en todo aquello que afecte singularmente a los intereses y las competencias de Andalucía”; “el impulso de las medidas adecuadas para mejorar la colaboración entre el Estado y Andalucía”; “la propuesta de la relación de organismos económicos, instituciones financieras y empresas públicas del Estado en los que Andalucía puede designar representantes, y las modalidades y las formas de esta representación”; “el seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de Andalucía en los asuntos de la Unión Europea”; o el “seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias propias de Andalucía”.