Poco ha cambiado el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción respecto al caso de los ERE tras casi un año de juicio. Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han señalado durante su exposición del informe final en el juicio de los ERE que la Junta de Andalucía no actuó contra el sistema “ilícito” y “opaco” de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis pese a que los acusados que se sientan en el banquillo tuvieron “conocimiento” del mismo.
Los representantes del Ministerio, que mantienen los cargos contra los encausados, se han centrado en esta sesión en la falta de cobertura presupuestaria en las ayudas y en el uso “indebido” de las transferencias de financiación para materializar el pago de las mismas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
“No solo no era posible la función interventora respecto a las ayudas sino que ello era conocido por los encausados, principalmente directores de Trabajo, técnicos e interventores, así como viceconsejeros”, ha dicho el fiscal, que ha señalado que estos “debieron conocer” el contenido de los sucesivos informes de control financiero y de auditoría interna de IFA/IDEA que advertían de un déficit “recurrentemente recogido”, pese a que el desconocimiento centró la defensa de la mayoría de acusados del juicio. Desde la Junta y desde el Consejo de Gobierno “nada hicieron” al respecto, han comentado.
En ese sentido, aquellas alertas desde el informe adicional de la Intervención General de la Junta de 2004 tuvieron que ser “dación de cuenta para que la forma de proceder de la Consejería de Empleo hubiera cambiado”. Según ha remachado el otro fiscal que interviene en el juicio, las “ansias de rapidez y agilidad” hizo que la Junta creara un sistema de concesión de subvenciones excepcionales “totalmente opaco” y que “eliminó todos los mecanismos de control”.
Se trataba de una “práctica reiterada” que derivó en que los fondos públicos salieran “de la misma forma ilícita” durante años, aseverando el fiscal la “gravedad de los incumplimientos” en cuanto a que se pudo “revisar” el sistema desde aquel mismo 2004 y no desde 2011, incidiendo en el “daño efectivo, real y cuantioso de caudales públicos”, aludiendo al menoscabo de los mismos como han venido reiterando las acusaciones.
Los fiscales sitúan el punto de inflexión en el año 2000, en concreto los reparos de la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo a las ayudas sociolaborales a siete trabajadores de Hijos de Andrés Molina. La Junta tenía establecido un sistema de concesión de subvenciones excepcionales a trabajadores, sometido a fiscalización previa, con exigencia de solicitud previa o tramitada por funcionarios, entre otras características. Pero hubo “una decisión política” para conseguir la “pretendida agilidad y rapidez” en la concesión de las ayudas sociolaborales, que se llevó a cabo “eliminando todos los mecanismos de control legalmente establecidos”, ha dicho la Fiscalía.
Los hoy acusados “debieron actuar”
El fiscal ha repasado el desarrollo del llamado déficit o desfase presupuestario, insistiendo en que estaba “plenamente acreditado que la Consejería de Empleo, con el conocimiento de los acusados, contrajo obligaciones sin la necesaria cobertura presupuestaria” y considerando que estos “debieron actuar” porque dicho déficit “fue incrementándose ejercicio a ejercicio”. Una “infracción sin reacción alguna” sobre la refinanciación de las pólizas de renta y en la que no se atisbó “acto de fiscalización previa” pese a la “insuficiencia de crédito” para el pago de ayudas, según el relato de la Fiscalía, a tenor de los informes de 2010 y 2011 de la Intervención General de la Junta y de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2011.
Según los fiscales, IFA/IDEA asumía unas “obligaciones asumidas por Empleo que no tuvieron cobertura presupuestaria”, tomando como ciertas las consideraciones al respecto de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado en cuanto a que dicho ente instrumental (IFA/IDEA) “contrajo compromisos de pago que superaban lo previsto” y cuyas alertas en sus informes de cuentas fue “objeto de estudio” por parte de la Intervención General de la Junta.
“¿Qué hizo empleo ante esos informes? Nada hasta el ejercicio 2010”, ha resumido el fiscal, al contrario que ocurrió con la delegación de competencias al IFA establecida desde 2003 en el caso de las ayudas a familias en crisis. Fue “innegable”, ha dicho el fiscal, que se pasó de las subvenciones al uso de las transferencias de financiación para el abono de las ayudas. En ese punto, el fiscal ha recordado una comunicación del exdirector de Trabajo Juan Márquez con un empresario, quien recordó que el exalto cargo le dijo que ‘primero vamos a pagar y luego vendrán los papeles’. Esa cambio provocó “consecuencias importantes y claras para los fondos públicos” y que todo ello está “plenamente acreditado” por en la práctica de la prueba que no se trasladó a la Cámara de Cuentas.
En cuanto al concreto uso de las transferencias de financiación, más allá de entrar en el detalle abordado profundamente en el juicio, según ha recordado el fiscal, “lo único que se le hizo a IFA/IDEA fue encomendar el pago”. “No se debió ni utilizar ni consentir el uso de las transferencias de financiación”, ha incidido el Ministerio Público, ya que “no fue posible la fiscalización” sobre las ayudas. “No había documentos contables ni era posible comprobar si había crédito”, ha añadido. El fiscal ha detallado que ello se demuestra en que las partidas “se movilizaban de una sola vez desde Empleo a IFA/IDEA” y que las ayudas “no se registraban contablemente en ningún sitio, siendo imposible la discrepancia” respecto a las mismas. Las ayudas no generaban documentos contables y era “imposible su control”, ha incidido.