La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Grupo de Juristas 17 de Marzo se han personado como acusación popular en el juicio por la muerte de Piotr Piskozub, el joven de origen polaco que murió en un albergue municipal tras ser dado de alta en el hospital, para que se investigue y esclarezca su fallecimiento. Piden aclarar la responsabilidad de las administraciones competentes en lo sucedido y que se establezca un protocolo de coordinación en la atención a personas sin hogar que sea efectivo, con el objetivo de evitar más muertes de este tipo.
APDHA y Grupo de Juristas 17 de Marzo han ofrecido una valoración del procedimiento judicial iniciado tras la muerte de Piotr Piskozub el pasado 2 de octubre, en el centro de acogida municipal de Sevilla. En la rueda de prensa han intervenido Pablo María Fernández, coordinador del área de marginación de la APDHA, y Pastora Filigrana, abogada del Grupo de Juristas 17 de Marzo, como acusaciones populares, junto con Luis de los Santos, abogado de la acusación particular, en representación de la familia de Piotr.
Pablo María Fernández ha comentado en su intervención que “las consecuencias de la crisis no están afectando a toda la población por igual, sino que está siendo pagada, principalmente, por las familias con menos ingresos, quedando éstas en una situación de vulnerabilidad total, con sueldos cada vez más raquíticos que no permiten hacer frente, en muchos casos, ni siquiera a la vivienda o los suministros básicos del hogar”.
Ha continuado diciendo que “en este contexto socio-económico en el que nos encontramos debemos analizar la situación de las personas sin hogar, a las que no se les dio respuesta en época de bonanza y a las que ahora, además de la dejación de funciones de las administraciones, se las abandona o se las deja morir, como es el caso de Piotr, poniendo al descubierto las carencias del sistema de bienestar en general, sin que ninguna administración asuma la más mínima responsabilidad. Cabe recordar que es una obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de los derechos humanos”.
El coordinador del área de Marginación de la APDHA ha apuntado que la crisis económica está siendo la excusa perfecta para desmantelar las políticas sociales y dificultar el acceso a los derechos básicos por parte de las personas. La tasa de pobreza relativa, y por tanto a las puertas de la exclusión social, es del 21%. La tasa de pobreza severa casi se ha duplicado llegando al 3,7% de la población (frente al 2% en 2007). En estos hogares no hay ningún tipo de ingreso: ni del trabajo, ni del desempleo ni de la Seguridad Social (630.000 hogares en España, 312.000 personas en Andalucía. 60.000 personas en Sevilla). En el caso de Sevilla, por ejemplo, el presupuesto del Ayuntamiento en servicios sociales sigue siendo muy similar al de hace 3 años, cuando las necesidades de la población se han multiplicado por tres durante ese tiempo, según los datos aportados.
“Indignante” alta médica
Por su parte, Luis de los Santos, abogado de la acusación particular, ha relatado el periplo y la dificultad con que se ha encontrado la familia desde su llegada a España. Según Luis de los Santos, “la familia únicamente quería recuperar los restos y viajar para darle sepultura en Polonia. Nos parece indignante que los familiares no hayan recibido ni una sola llamada del SAS ni de la Junta de Andalucía para ofrecerle al menos auxilio durante esos días. También nos ha parecido vergonzoso que una familia sin recursos económicos haya tenido que abonar la urna funeraria”.
Sin embargo, Luis de los Santos ha agradecido al Juzgado de instrucción nº 5 la celeridad para cumplir con el deseo de la familia. “Aunque en un principio el dolor les hizo renunciar a acciones, sí quieren determinar si hubo responsabilidades en la muerte de Piotr para, en palabras del hermano, evitar que esto le vuelva a pasar a nadie. No piden ningún tipo de indemnización económica”.
También ha señalado que todavía se está a la espera del informe forense definitivo. “Es indignante el alta médica de una persona enferma con síntomas de desnutrición, en el que únicamente se le deriva a servicios sociales. El juicio clínico que figura en el informe de alta es ”problemática social“, por lo que parce que se les trata como si fueran ciudadanos de segunda, ha dicho.
Las próximas diligencias que la APDHA y el Grupo 17 de marzo van a pedir es aclarar la responsabilidad tanto del SAS como del albergue municipal en la muerte de esta persona. Para ello solicitarán la declaración tanto del gerente del hospital Virgen del Rocío como del director del albergue municipal, ya que en este último se han recibido quejas del trato a personas sin hogar. Asimismo, se llamará al médico encargado de darle el alta y a los responsables que lo trasladaron y atendieron en el albergue.
También van a solicitar la investigación interna que ha realizado el SAS y los protocolos que tienen cuando suceden estas cosas y el número de altas por “problema social” que se han dado en el último año. “En función de estos resultados y si se han producido negligencias estamos hablando de delitos graves contra la vida por imprudencia”, ha concluido el abogado de la acusación particular.
Pastora Filigrana, en representación del Grupo 17 de Marzo, ha concluido la rueda de prensa. “Tanto APDHA como Grupo 17 de Marzo nos hemos personado como acusación popular” y “se ha exigido una fianza de 600 euros que no va a impedir que ejerzamos nuestro derecho a evitar que ocurran este tipo de muertes”. A la espera del informe forense para determinar responsabilidades, ha apuntado que si realmente se han producido los hechos tal como se infiere de los relatos iniciales se podrían encajar en presuntos delitos de omisión del deber de socorro, homicidio por imprudencia y contra la integridad moral.