Al filo del amanecer del pasado 13 de abril, un comando del ejército israelí irrumpió en la casa de Juani Ruiz en un barrio de Beit Sahur, en Cisjordania (territorio palestino ocupado por Israel). Ruiz, de 62 años, fue detenida y trasladada a una prisión, donde quedó aislada y sin sus pertenencias personales básicas, como unas simples gafas de lectura, según su familia. Pasó un mes sin saber de qué se la acusaba. Aún no conoce las pruebas que supuestamente existen contra ella y que en teoría se le mostrarán a partir de este miércoles, cuando comience el juicio. Israel la ha encerrado alegando su participación en una trama de financiación ilegal y malversación de fondos, destinados a financiar proyectos de los Comités de Trabajo de Salud (HWC, por sus siglas en inglés) de Palestina, la organización para la que trabaja.
Ruiz lleva tres décadas intentando proporcionar un mejor acceso a la salud de la población palestina. “Tenemos 12 clínicas, entre ellas dos hospitales. Creemos en la prevención. La parte curativa es muy difícil, porque la autoridad palestina no ha sabido potenciar la Sanidad”, explicaba Juana a este medio en noviembre de 2019, año y medio antes de ser detenida.
Llegó por amor a un gazatí y lleva 36 años en Palestina, ha participado en decenas de proyectos. Los HWC realizan estos trabajos como socios locales de ONGs españolas. Desde hace 28 años, Ruiz es responsable de coordinación de proyectos: cuando acude a España, difunde la causa palestina e intenta conseguir financiación. Muchos de ellos han obtenido fondos de instituciones públicas andaluzas y españolas.
En paralelo al proceso judicial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel señaló a siete entidades palestinas, a las que acusa de utilizar dinero procedente de fondos de cooperación europeos para financiar al Frente Popular de Liberación. En un vídeo difundido en redes, Israel asegura que se falsificaron facturas para inflar el coste de determinados proyectos, desviando el sobrante al Frente Popular de Liberación, que para Israel es una organización terrorista. También lo cataloga así la Unión Europea.
En el sector cunde cierta desazón porque la labor de las ONG ha sido cuestionada, de momento sin pruebas, a pesar de los controles que pasan. Fuentes del sector lamentan el daño reputacional y creen que el problema está en los márgenes tan amplios con los que Israel define terrorismo. “Ningún organismo ha detectado la más mínima irregularidad en los proyectos en que ha intervenido Juani. Otra cosa es que Israel puede considerar que el destino de algunos fondos, proyectos que tenían como finalidad la protección de derechos humanos, no es un dinero adecuadamente usado. El problema de Israel es que pone problemas a cualquier cosa que le plantea una discrepancia”, comenta Begoña Lalana, portavoz de la familia.
Una portavoz de la Embajada de Israel en España señala: “Es un proceso que ahora comienza. Usaba fondos de cooperación para financiar al Frente Popular de Liberación y se han presentado cinco cargos contra ella”. No está claro que las acusaciones del tribunal vayan a ser exactamente esas. Sobre los controles a los que se someten estos proyectos, señala que no han hablado con las ONG o instituciones regionales, pero sí con las autoridades estatales. “Por supuesto: como es ilegal en España hacer transferencias de este dinero, hemos remitido información al Ministerio de Asuntos Exteriores”.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y el Desarrollo tiene en ejecución dos proyectos en los que participa la organización de Juana Ruiz: “Promoción del acceso a la salud y la protección de las personas con capacidades diferentes, con especial atención a las mujeres, en cinco comunidades de la gobernación de Hebrón, Cisjordania”, subvencionado con 300.000 euros a través de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y en ejecución hasta el próximo 30 de noviembre; y “Mejora en el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles en Cisjordania, Palestina, mediante la investigación, la aplicación de protocolos innovadores, el fortalecimiento de capacidades y la prevención comunitaria”, que se prolongará hasta el 15 de abril de 2022, y que cuenta con una financiación de 105.746 euros a través de la Universidad de Jaén.
En 2011 y 2013, AACID también financió sendos proyectos de HWC para la mejora de las condiciones de vida, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en Hebrón. Ambos están justificados y cerrados.
En respuesta a eldiario.es/Andalucía, la AACID resalta que todas las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva. Las entidades deben aportar documentación que acredite la legalidad y solvencia de las contrapartes locales y especificar la metodología de trabajo y mecanismos de seguimiento, supervisión y control del desarrollo de las actividades en el terreno.
A mitad de proyecto, entregan para su revisión un informe de seguimiento intermedio con información financiera y técnica. Al término, las ONG deben aportar tres documentos más. Un informe técnico para justificar que han cumplido las condiciones de la subvención, con prueba documental que verifique los objetivos, resultados y actividades realizadas. Un informe económico que incluya un informe de auditor externo, en el que se revisan “todos los justificantes de los gastos y su coherencia con las actuaciones desarrolladas” mediante facturas. Y, por último, un informe de evaluación externa, en el que deben participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la población destinataria.
“Toda esta información es analizada por la AACID”, recalcan fuentes de la agencia, que añaden un último control: “Todos los proyectos financiados son objeto de inspección y control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía”. Otros proyectos están financiados por entidades locales, por cuantías inferiores. En estos casos, la realización de auditorías no es generalizada, pero se someten a la revisión de las instituciones y se les aplica la normativa general de subvenciones.
Estas salvaguardas dan garantías al uso de fondos, pero han añadido una importante carga de trabajo administrativo a las ONG. “Son mecanismos que hacen más burocrático nuestro trabajo. Tiene que ser así, pero nos sorprende que se hagan acusaciones tan graves sin demostrar su fundamento”, comenta Héctor Rivero, presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD.
“Nos piden muchísimos justificantes: facturas originales, recibos, contratos… A veces de países donde es difícil encontrar. También están las fuentes de verificación de los resultados del proyecto: pacientes, informes médicos, insumos de medicina… Ojalá tuvieran los mismos requisitos todos los gastos públicos”, añade Salud Díaz, portavoz de Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, que participó en proyectos con HWC en 2007 y 2008.
¿Ha recibido alguna vez AACID alguna queja o requerimiento por parte de particulares o autoridades españolas o israelíes a propósito de la ejecución de los proyectos o del uso de los fondos destinados a ellos? “No, que sea del conocimiento del Dpto. de Acción Humanitaria ni de la Unidad de Cooperación Mediterránea de la AACID, desde su inicio en 2009”, replica la agencia. “Hasta este momento, ningún organismo ha detectado la más mínima irregularidad en los proyectos en los que ha intervenido Juani. En ningún caso HWC tiene ningún procedimiento administrativo que la declare ilícita, al menos con su conocimiento”, asegura Begoña Lalana, portavoz de la familia.
Ruiz está defendida en Israel por Gaby Lasky, conocida por asumir la defensa de Ahed Tamimi, la niña que abofeteó a un soldado israelí. La familia denuncia que hasta ahora no ha tenido acceso a las supuestas pruebas de los delitos que habría cometido Ruiz. Un mes después de ser detenida, le comunicaron los cargos: “Formalmente son cinco delitos, tres de ellos relacionados con asociación ilícita, un cargo por la introducción de dinero de forma ilegal en Judea, y otra por la violación del Código Penal de Jordania de 1960 por el uso dado a los fondos”, enumera Lalana.
Durante el primer mes de cautiverio fue llamada a varias comparecencias judiciales, en cada una de las cuales se fue retrasando la fecha del juicio. Israel aplica la ley militar a la población que vive en territorio ocupado. De esta forma, practica detenciones administrativas que se prolongan durante meses sin acusación. “Está siguiendo el camino inverso al que debe seguir un procedimiento penal. Se la detiene, luego se la acusa y después se celebra el juicio. ¿Esto tiene alguna garantía?”, se pregunta Lalana.
En cualquier caso, la actividad de Ruiz nunca ha sido secreta. “Juani es muy conocida. Venía a España y se recorría el territorio buscando financiación. Conseguían mantener el sistema de salud con pequeños proyectos gracias a esa financiación”, explica Salud Díaz. “Es una contraparte de las tradicionales”, añade Rivero: “No son desconocidos ni recién llegados. Llevan décadas garantizando el acceso a la salud en condiciones muy difíciles”.
Cuando fue entrevistada por este medio, Ruiz estaba en Málaga invitada por Asociación Al Quds, y tenía previsto continuar su gira por España reuniéndose con otras entidades con las que poder desarrollar proyectos conjuntos. Los últimos proyectos estaban vinculados a la vacunación a la población de los territorios ocupados, que no ha sido vacunada por Israel.
En esa entrevista, la cooperante explicó la importancia de los Comités en territorio palestino. “Nuestra organización no es del todo privada, pero tampoco es gratuita pública. Los programas son gratuitos porque nos financian”. Los HWC desarrollaban por entonces un programa de clínicas móviles, útil para prestar asistencia en el área C de los territorios ocupados, que abarca el 60% de ese territorio y donde se produce una “discriminación sistemática” de los palestinos, según un informe del servicio exterior de la UE desvelado en febrero de 2019.
Una semana antes de aquella entrevista con eldiario.es/Andalucía, el director financiero había sido detenido. Ella lo enmarcaba en una causa general contra las organizaciones de derechos humanos. “Fueron a su casa, le pegaron una paliza delante de su mujer y sus hijas, se lo llevaron y no sabemos dónde está. Ellos tienen una norma: cuando detienen a alguien administrativamente, están quince días en los que no se puede acercar ni un abogado ni nadie”. Tiempo después, le ocurrió a ella.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.