Suena muy bien que una persona dependiente, con diversidad funcional, pueda decidir sobre su vida, sin necesidad de depender de una residencia o de su familia, con capacidad para contratar directamente a una persona que le preste los apoyos humanos para controlar su propia vida. Pues eso, sencillamente, es un derecho, contemplado en una ley pero al que solo acceden actualmente 11 personas en Andalucía.
“La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”, según viene contemplado en la Ley de Dependencia de 2006. Además, es un derecho humano reconocido por la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó el 3 de diciembre de 2007 y firmó en mayo de 2008. Ya en el ámbito más local, la implantación y desarrollo de la asistencia personal debía de haberse hecho “con carácter de urgente necesidad vital” según determinó el Parlamento de Andalucía en octubre de 2013. Más tarde, en octubre de 2017, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió una detallada Observación sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Pero lo dicho, a día de hoy, solo 11 andaluces tienen concedida esa prestación, según ha comprobado este periódico con datos del Ministerio de Derechos Sociales.
Coral Hortal es presidenta de la Asociación Vida Independiente de Andalucía (VIAndalucía) y una de las beneficiarias de esa prestación. Junto con Asense-A (Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía) y el colectivo Trapecistas en la Ciudad conforman la 'Plataforma por una asistencia personal real', que denuncia el incumplimiento en Andalucía de un derecho garantizado por ley, que ofrece un apoyo para garantizar la vida independiente de las personas con diversidad funcional. Sus visitas a la sede de la Consejería de Igualdad han sido constantes en estos años. Desde marzo de 2015, la asociación funciona como Oficina de Vida Independiente en virtud de aquel mandato parlamentario de 2013, que instaba a la puesta en marcha de un proyecto piloto que, además de mostrar de forma tangible los beneficios de la prestación de la asistencia personal, presentara un carácter subsidiario. Así se había hecho en otras comunidades autónomas, en la provincia de Guipúzcoa y en la ciudad de Barcelona, mientras no se desarrollara la asistencia personal de forma efectiva y suficiente, de acuerdo también al artículo 19 de la Convención de la ONU. La más garantista es la Comunidad Valenciana, donde el tope máximo de esta prestación es igual al coste de una plaza residencial.
Posible cierra de la Oficina de Vida Independiente
Hortal explica a elDiario.es Andalucía que, pese a todas las iniciativas legales de los últimos años, “aquí no se ha desarrollado normativamente esta cuestión”. En todo caso, Andalucía no es una excepción. Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, hay siete comunidades autónomas que no tienen usuarios de la prestación de asistencia personal, mientras que otras los cuentan por miles (1.962 en Castilla y León, o 6.356 en País Vasco). Un “fracaso” de aquella Ley de la Dependencia, en cuya modificación viene trabajando el Ministerio en un anteproyecto de ley y que ha sido recientemente puesto en duda por el Foro de Vida Independiente en una carta a la ministra Ione Belarra.
En nuestra comunidad autónoma, VIAndalucía cumplió su parte y lleva desde 2015 ejecutando el proyecto piloto. Los sucesivos “recortes” para su ejecución hacen que posiblemente tenga que cerrar “en junio”, lamenta Hortal. “El primer año dio para muchas asistencias pero cada año el presupuesto ha ido bajando. Va por subvención, con lo que cada año tenemos que concursar y justificar todo. Mucho papeleo. Las comunidades autónomas pueden desarrollar la ley, algunas lo han hecho y van por delante, ¿por qué no en Andalucía si el Parlamento, por unanimidad de todos los grupos, instó a la Junta a hacerlo hace ya diez años?”, comenta.
Existe, es un derecho, es rentable social y económicamente, beneficia a los dependientes, a las familias, y crea empleo. Entonces, ¿por qué no se nos permite una asistencia personal real para poder seguir viviendo dignamente en nuestros domicilios?
VIAndalucía, al margen del proyecto piloto, exige a la Junta de Andalucía que financie de forma suficiente este recurso, que además supondría una rebaja en el gasto público. En ese sentido explica que hace unos años se publicó un estudio externo financiado por la Universidad Internacional de Andalucía y llevado a cabo por investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla que “demostró sin lugar a dudas el éxito que supondría implantar un plan duradero de asistencia personal para los habitantes de Andalucía”. Según explica la presidenta de VIA, con la metodología del retorno social de la inversión se midieron los bienes económicos y los impactos sociales que tiene la asistencia personal cuando se desarrolla debidamente. ¿El resultado? Por cada euro de inversión se obtienen 3,62 euros de retorno. “La aplicación de la asistencia personal supondría una rebaja en el gasto público, porque en muchos casos las personas no llegan a necesitar tantas horas de atención, por lo que la prestación sería más reducida, permitiendo que pudieran permanecer viviendo en su domicilio habitual y desarrollando su vida según su propio proyecto vital, y evitando acabar en una residencia, lo que evidentemente aumenta el gasto público”, detalla Hortal.
“Existe, es un derecho, es rentable social y económicamente, beneficia a los dependientes, a las familias, y crea empleo. Entonces, ¿por qué no se nos permite una asistencia personal real para poder seguir viviendo dignamente en nuestros domicilios?”, protesta Hortal. “Que solo 11 personas tengamos concedida esa prestación es una vergüenza”, insiste. Hortal, con un 85% de discapacidad reconocida de grado dos, comenta que su prestación es de 104 euros al mes. “Es humillante. Es reírse de ti”. Pese a que se desplaza en silla de ruedas, aunque no necesite demasiadas horas de asistencia, “¿cómo voy a contratar a nadie con esa cantidad, si además tengo que pagar los seguros sociales, etc.?”, se pregunta. Otras compañeras, las menos, tienen hasta un máximo de 715 euros/mes de asistencia personal.
“Muchas reuniones, pero en Andalucía no se ha dado el paso. Nos duele la boca de pedir este derecho pero aquí nada cambia”, dice respecto a una prestación que “no distingue ni por edades ni por tipo de diversidad funcional (física o psíquica)” y de la que esperan poder hablar con la consejera de Inclusión Social, Loles López, a la que le han pedido dos citas desde que accedió al cargo el verano pasado. Este martes fueron recibidos por la directora de Dependencia y Discapacidad, sin resultados a la vista, según VIAndalucía. Las anteriores consejeras con competencias en la materia, María José Sánchez (PSOE) y Rocío Ruiz (Ciudadanos), tampoco parece que hicieran demasiado a tenor de la conversación entre este periódico y Coral Hortal.
“No tengo la necesidad de institucionalizarme”
La presidenta de VIAndalucía, de 62 años, explica un poco su caso particular: “Solicité la asistencia personal porque no quería ver mi vida pasar en un centro de día como me ofreció la trabajadora social que vino a visitarme. 'Eso o la ayuda a domicilio', me dijo. Fui yo la que le tuve que explicar que existía también esa prestación. Muchos trabajadores no lo saben”, denuncia la presidenta de VIA, que deja entrever el ánimo de lucro detrás de las empresas que gestionan las residencias o la ayuda a domicilio, donde hay “continuos cambios” de “trabajadoras en precario” con “horarios escasos”. “No tengo la necesidad de institucionalizarme, pero con 100 euros no puedo cubrir mis necesidades, ni contratar a nadie. La mayoría de personas, incluso jóvenes o con capacidad para gestionar su autonomía, acaban sin quererlo en una residencia y tienen la posibilidad de acceder a la asistencia personal, pero tiene que ser digna”.
Otra cuestión “muy importante” a la que alude Hortal es la “indefensión” de las mujeres que pueden sufrir malos tratos y abusos en los centros. Sin ánimo de generalizar, “son cosas que suceden”, y apunta que “la asistencia personal te permite evitar cualquier cosa de esas porque tú eliges a la persona que te ayuda y te apoya en tu casa, en tu intimidad. Es algo también preventivo, donde tú controlas la situación”. La cuestión referida por Hortal pudo incluirse en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través del Foro de Vida Independiente. Este martes 28 de febrero se concentrarán frente al Teatro de la Maestranza, donde se celebran los actos oficiales por el 28F.
Aprobada por la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2013, la Proposición no de ley relativa a la asistencia personal para las personas con diversidad funcional dijo lo siguiente:
El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:
1. Que, con carácter de urgente necesidad vital, se considere la implantación y el desarrollo de la prestación de la asistencia personal, reconocida como un derecho básico (tal como establece en su artículo 19 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado español en 2007 y de obligado cumplimiento desde mayo de 2008), para garantizar la autonomía y participación social de las personas con diversidad funcional, y se planifique un incremento de esta prestación esencial para garantizarlo, determinando el porcentaje al que pretende llegar la Comunidad Autónoma de Andalucía, el horizonte temporal para conseguirlo y su desarrollo anual.
2. Que se ofrezca de manera habitual y publicitada esta prestación a las personas con diversidad funcional en cualquiera de sus grados, según consta en el apartado siete del artículo 22 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Igualmente, de acuerdo con la Convención, deberá ofrecerse sin restricciones por tipo de diversidad funcional, por edad o en función de las actividades desarrolladas por la persona.
3. Que, dado el carácter de urgencia, posibilite la puesta en marcha de un proyecto piloto que, a la par que muestre de forma tangible los beneficios de la prestación de la asistencia personal, presente un carácter subsidiario, como han hecho otras comunidades autónomas, la provincia de Guipúzcoa y la ciudad de Barcelona, en tanto en cuanto no se desarrolle la prestación de forma efectiva y suficiente (artículo 19 de la Convención).
4. Realizar todas las actuaciones anteriores en el marco del futuro Plan Andaluz para el desarrollo de los servicios y promoción de la autonomía para las personas en situación de dependencia, que se iniciará en el año 2014.