El último informe anual del Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reveló que, en España, todavía 250.000 personas siguen sin disponer de una ayuda del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD) a pesar de tener reconocido ese derecho. Las que sí son atendidas son algo más de un millón. Con todo, la prestación más frecuente entre ellas es la que se otorga por cuidado de un familiar, seguida de los servicios de proximidad. La que menos, la asistencia personal: solo un 0,7% de las personas atendidas tienen ese recurso en el que existen grandes diferencias territoriales –en Castilla y León, por ejemplo, una Ley las impulsó–.
La asistencia personal es una prestación recogida por la Ley de Dependencia de 2007 y una figura cuyas funciones generan confusión: no es un cuidador en casa, tampoco sus funciones son sanitarias. “Es un apoyo social. Su objetivo es facilitar que las personas tengan una participación activa en la sociedad, que puedan desarrollar su proyecto de vida al igual que cualquier otro ciudadano”, resume Francisco Sardón, presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF), perteneciente al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). “Que una persona que quiere estudiar, trabajar, formar una familia, sociabilizar… pueda hacerlo. Sin esa figura, o lo haces con apoyo de un familiar de manera informal o es muy díficil”.
También es “un servicio vital e importantísimo” por el que “el Sistema debería apostar”, pero que “sigue sin despegar”, se lee en el informe del Observatorio de Directoras de Servicios Sociales. Su director, José Manuel Ramírez, explica que también tiene una razón coyuntural: “Tres de cada cuatro dependientes en España son mayores de 65 años y esto es una atención pensada para personas con discapacidad”.
La diferencia con un cuidador en casa es, entre otras, que el asistente está en aquellos lugares de vida que la persona con diversidad funcional elija, no solo en el domicilio, “cuando y para lo que el demandante elija”. Por ejemplo es el caso de Sara: tiene 24 años, vive en Valladolid y cuenta con una asistente personal desde finales de 2016. Está con ella 21 horas a la semana y le ayuda, sobre todo, en los desplazamientos para estudiar –terminó el curso pasado la carrera–, hacer recados, deporte o quedar con sus amigas, a donde no llegaría por padecer espina bífida.
16 horas de su asistente, Sara las paga con la ayuda que recibe del SAAD, de algo menos de 800 euros, y el resto de su bolsillo. “Yo lo complemento con los recursos de mi familia. La asistente me da mucha autonomía, aunque sí que es verdad que como no puedo pagar todas las horas que me gustarían, no tengo toda la que querría, a veces tengo que adaptar mis horarios”, cuenta sobre su experiencia. “A toda persona dependiente le gustaría no tener que depender tanto de la familia. Siempre pensé que me sería útil una figura de apoyo para que no fueran ellos siempre quienes me acompañaran, por ellos y por mí. Cuando me enteré de que existía ya esa figura me alegré, pero se debería acrecentar la cuantía, porque no llega”.
Precarización y feminización
La convención de la ONU sobre discapacidad reconoce actualmente como un derecho “las tecnologías de asistencia y la asistencia personal”. La figura nació dentro del Movimiento de Vida Independiente, un movimiento social que nació en a finales de los años 60 en la Universidad de Berkeley. A España lo trajo a principios de los 2000 el Foro de Vida Independiente, una “comunidad de reflexión filosófica y lucha” que fue la que más presionó para que en 2007 fuera incluida su prestación en la Ley. El paso tuvo su controversia: hoy en día, la mayoría del movimiento asociativo, como el propio CERMI –que agrupa a 800 asociaciones–, respalda su fomento, pero hace 13 años miembros del Foro se encerraron en la sede del IMSERSO para pedir que se modificara el borrador de la Ley y abordase esta figura. En el Foro a día de hoy piensan que no se ha impulsado porque esa norma nació con un carácter más bien “médico rehabilitador, asistencialista”.
Desde el año 2007, los perfiles profesionales de la asistencia personal siguen sin estar regulados, algo que en el informe del Observatorio de Directoras y Gerentes califican de “inaplazable”. En este momento no tienen convenio propio: están dentro de los de Centros y Servicios de Atención a la Discapacidad, es decir, regulados de igual manera que los cuidadores de residencias o auxiliares de enfermería. “Y no puede ser así. Para empezar, el lugar de trabajo de un asistente no es un lugar físico como quien cuida en una residencia sino la vida de la persona a la que atiende, transcurra esta donde transcurra. Tenemos otra flexibilidad, otros horarios y funciones, es muy diferente”, cuenta Iñaki Martínez, de la Asociación de Profesionales de la Asistencia Personal (ASAP) y asistente entre Madrid y Barcelona desde el año 2003.
Iñaki habla de una profesión precaria y con economía sumergida: la media por una jornada semanal de 38 horas y media está entre los 900 y los 1.000 euros, dependiendo de la comunidad. “Esto DEJA trabajadores quemados, en muchos casos pluriempleados”. Habla también de que, según datos de su Asociación, es una profesión feminizada, con alta presencia de inmigrantes y de estudiantes que buscan un sustento extra, “todas las características asociadas a la precarización”.
Una situación laboral de ese tipo es la de María, de 24 años y asistente personal desde hace dos. Compagina ese trabajo con otros, o atiende a varias personas a la vez, porque si no “no llego”: las épocas que ha trabajado a media jornada de lunes a viernes cobraba 500 euros al mes. Accedió al empleo vía PREDIF y dice que se necesita “un mejor convenio, regulación, y también reconocimiento: nunca he tenido problema con mis empleadores, la gente tiene bastante claro para qué estamos. La confusión es social. El otro día alguien de fuera me preguntaba: 'anda, ¿la vas a sacar a pasear?'. Yo no 'saco a pasear' a nadie, hago un trabajo de acompañamiento, comidas... soy una herramienta para que esa persona pueda hacer su vida independiente”.
El próximo 19 de marzo se votará la primera lista presentada para crear un Comité de Trabajadores de la Asistencia Personal, a través de UGT. Algunos son autónomos, otros están en bolsas de Oficinas de Vida Independiente (OVI) que hay en distintas ciudades: por ejemplo la de Madrid funciona por la Comunidad, en Barcelona por el Ayuntamiento. Los usuarios que pueden acceder al servicio a través de los programas específicos de las OVI tienen ayudas extra además de las del SAAD. Si no es el caso, “esto se lo paga quien se lo puede pagar, sí, porque las ayudas no son suficientes”, lamenta Iñaki.
Sin formación específica
Dentro de ese vacío en la regulación también se encuentra la formación. No hay estudios específicos necesarios para optar a un puesto como asistente personal y este es un punto de controversia. Desde el Observatorio de Directoras y Gerentes sí insisten en la necesidad de su “especialización”, sin concretar cómo sería ésta. En PREDIF presentaron un Manual consistente en 50 horas que, por ahora, no es oficial. En el Foro de Vida Independiente se inclina más por que la formación venga de la mano de la propia persona dependiente por ser un servicio muy personal y “la formación que se tiende a ofertar tiende a ser sociosanitaria. El modelo de vida independiente no está lo suficientemente asentado. También queremos que se ponga el foco en empoderar a las personas con diversidad funcional”.
Iñaki Martínez desde la ASAP sí está radicalmente a favor de que haya una formación: “Y lo primero que se debería dar sería por qué se creó la figura, con qué intención, en qué se diferencia. Eso de que te forme tu jefe genera muchísima desinformación, gente que no sabe lo que le corresponde o no hacer, dudas entre ser cuidador o asistente, es un desastre”.
En la mayoría de comunidades, las prestaciones por la Ley de Dependencia no son compatibles entre sí, es decir, no se pueden tener dos prestaciones distintas y contar, por ejemplo, con una por asistencia personal y otra por ayuda a domicilio –exceptuando la teleasistencia, que sí es compatible con otras–. Esta es otra razón de que su petición sea todavía “minoritaria”: algunas personas con diversidad funcional priorizan la atención sociosanitaria si están obligadas a escoger. “Pero esto no es algo que sustituya a nada, es un apoyo, un añadido”, explica Francisco Sardón. “La ayuda al domicilio tiene su razón de ser, las residencias su razón de ser, y la asistencia personal su razón de ser”.