El Partido Popular se quedará sin la nueva 'foto' que había pedido para el juicio de los ERE. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga la pieza del 'procedimiento específico', ha rechazado la solicitud realizada por la acusación popular que ejerce el PP-A para que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declarase como testigo en el juicio.
La Audiencia señala que “no procede admitir la testifical” de Díaz “al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa”, señalando que “el argumento esgrimido [por el PP-A] en relación a las manifestaciones públicas realizadas por ésta sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos”. La Fiscalía se había opuesto a la presencia de la presidenta andaluza en la vista oral como testigo.
En un auto dictado el día 22 de enero, la Sección Primera se pronuncia así sobre ésta y sobre el resto de nuevas pruebas propuestas en las sesiones del juicio oral celebradas los días 9 y 10 de enero por la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y las defensas, que considera “pertinentes” aunque con una serie de “excepciones”.
Entre dichas “excepciones”, el tribunal alude a las pruebas solicitadas por el Ministerio Fiscal “para el caso de que el tribunal entendiera que en el seno de este procedimiento procede enjuiciar también todas y cada una de las ayudas individuales”, todo ello “sin perjuicio de que al tiempo de resolverse esta cuestión previa se acordará, en su caso, lo procedente”. Las defensas rechazaron que la Fiscalía quiera “reinterpretar” el objeto de juicio.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sí considera pertinentes el resto de pruebas propuestas por la acusación particular del PP-A, que también solicitaba la declaración en el juicio del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y de la senadora del PSOE y exconsejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno.
La presencia de funcionarios del Ministerio, rechazada
Respecto a la solicitada por la defensa de Francisco Javier Guerrero Benítez, la Audiencia no admite la testifical de los funcionarios del Ministerio de Empleo intervinientes en la elaboración de las normas para que puedan ilustrar sobre la naturaleza, alcance e intención de las mismas “dado que la interpretación de las normas es una cuestión netamente jurídica que corresponde hacer a los jueces y tribunales, sin el auxilio de testigos”.
En cuanto al traslado a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la documentación aportada por las partes, así como de las solicitadas y admitidas una vez que sean aportadas, solicitado por el Ministerio Fiscal, la Audiencia procede acordarlo pero “no para que se realice un nuevo informe pericial, como se alegó por la defensa de Carmen Martínez Aguayo, sino para que los peritos tengan conocimiento de la documental aportada con posterioridad a la realización de su pericia al momento de ser interrogados sobre la misma en el acto del juicio”.
Así, según la Audiencia, se conseguría “evitar las dilaciones que produciría que alguna de las partes pida que le sean exhibidos algunos de esos documentos, de los que los peritos no tendrían conocimiento, lo que supondría tenerlos que examinar en el acto del juicio para contestar a las cuestiones que se le pudieran plantear sobre los documentos aportados con posterioridad a su informe pericial”.