La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ampliado la imputación contra el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler a cuenta de una subvención de 450.000 euros concedida a Avantia Ticsa, de manera que lo ha citado a declarar nuevamente el próximo día 22 de septiembre “para declarar sobre estos extremos”.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya señala que, “realizado un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados que han declarado, se observa que a Martín Soler no se le imputó expresamente la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación”. “A tales efectos”, y “para declarar sobre estos extremos”, la magistrada instructora cita a declarar al exconsejero el próximo día 22 de septiembre, a partir de las 12,45 horas, según la providencia.
Martín Soler ya tuvo que comparecer ante la juez el 17 de junio, aunque se acogió a su derecho a no declarar, y Alaya le imputó dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado, cuyo abogado ha presentado en el Juzgado un escrito de alegaciones.
En relación a Martín Soler, la magistrada Mercedes Alaya considera que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a la agencia IDEA por la Intervención General de la Junta de Andalucía “volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado” por la Consejería de Empleo, como son las transferencias de financiación de explotación, “no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado”.
Según expone la juez, de este informe “sería receptor” el día 4 de noviembre de 2009 el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, quien ostentó dicho cargo desde el 24 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, añadiendo que, “a pesar de las conclusiones de este informe, la agencia IDEA adscrita a la Consejería de Innovación seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo”.
El abogado del exconsejero ya solicitó a la juez la “remoción” de su imputación porque es “por entero inocente” y “durante su periodo como máximo responsable político” en la Consejería “actuó con entero acomodo a la legalidad”.