Imputada la directora general de Minas y otras seis personas por la adjudicación de Aznalcóllar

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, ha imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto.

En un auto fechado este mismo viernes, la juez Patricia Fernández Franco también imputa a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a todos los cuales cita a declarar el próximo día 17 de septiembre.

De igual modo, la juez ha citado como imputados el día 25 de septiembre a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.

Las siete personas imputadas por la juez fueron detenidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entre el 12 de mayo y el 29 de junio junto a otras ocho personas que no han sido citadas a declarar por la juez que investiga la adjudicación de los derechos de explotación de la mina.

La juez señala que, sobre las cuestiones de solvencia económica, varios de los integrantes de la mesa del concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la zona de Aznalcóllar señalaron a la Policía que “la acreditación del capital social suscrito y desembolsado por parte del grupo México-Minorbis y la comprobación de las cuentas anuales de la misma fue estudiada” por Pilar Trujillano Mantilla, “quien expuso al resto de la mesa que la documentación aportada era correcta”.

“Dicha afirmación no sólo se ha efectuado por los integrantes de la mesa” en sus declaraciones policiales, “sino que también se incorpora” en el documento elevado el 13 de julio al Juzgado por la directora general de Minas, documento “que firman, personalmente, los seis integrantes de la mesa y donde declaran, a propósito de la reunión del día 28 de abril de 2014, que durante esa mañana se analiza la documentación de las tres empresas con el asesoramiento de Pilar Trujillano en el apartado de la acreditación de la solvencia financiera de las licitadoras”.

Asimismo, y respecto de la concreta intervención en materia de acreditación de la solvencia financiera y técnica de Pilar Trujillano, la juez destaca la referencia que a dicha intervención hacen en sendos informes jurídicos Pastora Sánchez de la Cuesta y José Marcos Acosta, punto en el que asevera que todas estas afirmaciones “contrastan de plano” con la declaración que prestó como testigo la propia Pilar Trujillano.

Asensio, “responsable del procedimiento”

Y es que Trujillano, según recuerda la instructora, negó “haber tenido la relevante participación como asesora de la mesa que los miembros de la misma le atribuyen al señalarla como la persona que adveró la solvencia económica del grupo México”, confirmando asimismo que “resultaría imposible realizar un estudio de este calado en una reunión cuya duración no llegó a las tres horas”.

Por ello, la juez considera “necesario” citar como imputada a la directora general de Industria, Energía y Minas “como responsable del procedimiento seguido a efectos de resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros de Aznalcóllar y firmante del decreto por el que se resuelve el concurso”, así como a tres de los seis integrantes de la mesa del concurso, como son Pastora Sánchez de la Cuesta, José Marcos Acosta y Julio Ramos Zavala.

En el auto, la juez pone de manifiesto que, a todo lo anterior, “se siguen sumando las interrogantes que concurren por lo que al Plan de Investigación se refiere”, tras lo que destaca las “incongruencias” en la valoración del proyecto de explotación.

En este punto, la magistrada considera “imprescindible” citar como imputado a Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas, a fin de que explique “las razones por las que avaló la solución técnica propuesta por Minorbis-Grupo México de acceso por el talud sur de la corta a la vista de los serios riesgos que dicha solución técnica implica”.

Las “sospechas de contaminación” del agua

De igual modo, la juez explica que el estado actual de la investigación “exige el interrogatorio” de los componentes de la comisión técnica en el aspecto relativo a la solución del agua, pues “no es viable hacer circular todo el agua”, ya que “el sulfuro, al contacto con el agua, la vuelve ácida, sin que la solución de la adjudicataria solucione este interrogante”.

“Este extremo debe ponerse en relación con las sospechas de contaminación que recoge el informe policial sobre acta de inspección ocular y toma de muestras y las consideraciones y dudas expuestas” por el profesor de investigación del CSIC Juan José Negro Balmaseda, “que analizan las soluciones técnicas contenidas en el programa de gestión del ciclo del agua propuesto por Minorbis”, cuyo proyecto “no contempla una depuradora nueva o planta de procesamiento, sino mantener la planta existente de físico-químico --parece que en estado de semiabandono--”. Este extremo de contaminación ha sido recientemente negado por la Junta.

La juez cita como testigo el 14 de septiembre a este profesor de investigación del CSIC “a fin de contrastar determinados aspectos del denominado programa de gestión del ciclo del agua propuesto por la adjudicataria Minorbis”.

El cálculo por cuadrículas mineras

Asimismo, ve “imprescindible” tomar declaración como imputados a los miembros de la comisión técnica, “directamente relacionados con el análisis de partidas económicas” y, en particular, con “la inversión del cálculo por cuadrículas mineras”, en la que participan “directamente” Juan José García Bartolomé y Pilar Orche, y ello “al no ser para nada satisfactorias las explicaciones proporcionadas en sede policial sobre el cálculo hecho en materia de inversión”.

La juez confía en que, en las fechas señaladas para las declaraciones, se hayan aportado ya a las actuaciones las documentales que se encuentran a día de hoy pendientes tras haber sido requeridas por el Juzgado, pues “en el aspecto relativo a la gestión del agua podrán hacer necesarias nuevas declaraciones”.

Por último, la magistrada asevera que la documentación aportada el pasado 15 de julio por Minorbis “no responde en su totalidad a los interrogantes puestos de manifiesto” por medio del auto que dictó el 18 de junio, de manera que “subsiste íntegramente la necesidad de acreditar el pago de la adquisición efectuada el día 25 de mayo del 2015, por Minorbis, de un nuevo porcentaje de participaciones de AMC Mining Iberia hasta un total del 2,688 por ciento”. Y es que, según añade, “nada se ha aportado acreditando dicho pago”, sostiene la magistrada.