Los bebés robados de Cádiz: un ejemplo de la pandemia sin resolver de las desapariciones forzadas infantiles en el franquismo

Cádiz desentierra las historias de sus niños perdidos: 44 tumbas abiertas en el cementerio viejo y más de 200 restos óseos recuperados. El ADN de 30 familias servirá para desentrañar un capítulo de la pandemia sin resolver de las desapariciones forzadas infantiles en el franquismo. Miles de casos siguen esperando que España lea de una vez la tragedia que ahora, como tantas, parece sepultada por la crisis del coronavirus.

Porque el drama sigue vivo. Los afectados por la desventura de los 'bebés robados' cifran al menos 100.000 secuestros de menores de edad desde la dictadura de Francisco Franco. Otros cálculos llegan a 300.000 personas. La inmensa mayoría sigue sin conocer, a día de hoy, su verdadera identidad.

Y en mitad del desmadre, del olvido impuesto, Cádiz se erige en una suerte de paradigma de la reparación al 'limpiar' su antiguo camposanto. De los “bebés robados solo quedan los resultados del ADN”, confirma José Gener, arqueólogo del Ayuntamiento gaditano y director de las excavaciones, a eldiario.es Andalucía.

¿Y mañana? ¿Qué ocurrirá después de la pandemia global por el COVID-19? “El futuro ahora mismo es totalmente incierto. Esperamos retomarlo pero a saber si no hay prioridades presupuestarias”, añade.

Las familias siguen pidiendo justicia. Antes de la pandemia ya exigían al nuevo Gobierno de España “una implicación activa, real y urgente en la investigación de los miles de casos que, de momento, siguen en el triste olvido, haciendo sentir a las víctimas a su vez totalmente olvidadas”, alertaban en un comunicado.

Conmemoraban así el noveno aniversario de la interposición de la primera denuncia conjunta por estos casos. Y volvían a repetir que son crímenes contra la humanidad que no prescriben. España suma más de 4.000 denuncias y una sola condena, al doctor Eduardo Vela: absuelto, aunque culpable de todos los delitos, porque estos habían prescrito a ojos de la Justicia española.

Mientras, las madres continúan buscando a sus hijos. Hay casos de descendientes que buscan a sus progenitores. Y los delitos están por resolver y la trama organizada en la dictadura franquista continúa vigente.

Castigo a los derrotados

Robo de bebés como castigo a los derrotados en la guerra civil. Como represión especial contra las mujeres. Y como fórmula para extirpar el “gen rojo” que fomentaba la “degeneración de la raza española”, según las teorías del psiquiatra filonazi Antonio Vallejo-Nájera.

Recién nacidos que pasaban en la dictadura de las casas cuna, de centros religiosos y hospitales, a otras manos. A otras familias. El franquismo creó un entramado dedicado a la desaparición forzada infantil. Las cifras, de compleja cuantificación, hablan de al menos 100.000 bebés robados. El juez Baltasar Garzón citó en un auto, desde la Audiencia Nacional, hasta 30.000 casos.

La arquitectura arrancó en 1936 con tintes eugenésicos, atravesó el régimen franquista creciendo como una gran empresa de compra de bebés y manchó la Transición española con centenares de secuestros de niños y niñas todavía sin resolver.

“Paso del tiempo sin avances”

La reunión de asociaciones en Madrid –el pasado 27 de enero– sirvió para mostrar el “malestar” de las familias “ante la total pasividad de los órganos del Estado, ya que todo el peso de las investigaciones recae sobre los mismos afectados”, en palabras de la presidenta de la Asociación Sevilla 'Bebés Robados', Carmen Lorente.

Y confirma que los afectados reivindican sin descanso “su derecho a encontrar a sus familiares biológicos, de los que fueron separados tras ser víctimas del robo de sus bebés o de adopciones irregulares”, ha señalado Lorente. Un deber “mayoritariamente ignorado” hasta la fecha por el país de la desmemoria.

El “paso del tiempo inaceptable sin el avance de las investigaciones” ha provocado que hayan fallecido muchas madres biológicas, tras años buscando a sus hijos, “sin poder ver el buen fin de sus justas reivindicaciones”. Como Adelina Ibáñez, el caso más reciente, que incluso había conseguido imputar a uno de los doctores que intervino en su parto y el supuesto robo de su bebé.

La dejación, el olvido de las desapariciones forzadas infantiles, también protege la impunidad. “Hizo que no se pudiese juzgar a una de las principales imputadas, por su fallecimiento, la monja María Gómez Valbuena”, ha apuntado Carmen Lorente. O que “haya quedado impune el único condenado hasta la fecha, el doctor Eduardo Vela”.

¿Justicia para los bebés robados?

Las asociaciones de afectados por la desaparición forzada infantil reclaman una “investigación efectiva, constante y real” de estos casos. Que la justicia española asuma el deber de atender este drama sin resolver.

Y piden, para este fin, que “los delitos tengan la consideración de imprescriptibles, modificando a tal efecto las leyes penales, al considerarlos delitos continuados, y de igual forma de lesa humanidad”. El Congreso ya aprobó por unanimidad –en noviembre de 2018– tramitar una ley de bebés robados por el franquismo. El marco legal vuelve a estar sobre la mesa, en espera del tiempo más allá del coronavirus.

Las familias proponen además la creación de “un fiscal especializado” y “más medios humanos y económicos”. O que se reconozca “la condición de víctima de los familiares separados”, que sean unificados “criterios judiciales respecto al tratamiento de los casos” y la agilización de “toda la tramitación de las causas para evitar que, con el paso del tiempo, fallezcan víctimas y culpables, y los casos se cierren sin haber concluido la investigación y la reparación”.

“La mayoría de denuncias interpuestas por las víctimas ha sido archivada sin la mínima investigación por las fiscalías o los jueces, dejando a las víctimas desprotegidas”, ha precisado Lorente en declaraciones a Europa Press. La única condena por el robo de un bebé, dictada hace escasas fechas por la Audiencia Provincial de Madrid, “es una cantidad ridícula en comparación con las casi 4.000 denuncias que se estima se han dado en todo el territorio español”.

“Años antes el propio fiscal había archivado el caso por supuesta falta de pruebas”, explica. El caso, que acaba ahora en sentencia condenatoria, ejemplifica de este modo “el abandono y el desprecio absoluto” por parte “de las autoridades judiciales”, denuncia.

¿Cuántos niños secuestrados en España?

Resulta difícil establecer una cuantificación exacta del número de casos. Las asociaciones apuntan a una cifra que alcanza en algunas estimaciones incluso los 300.000 bebés robados. En un auto, el juez Baltasar Garzón cifró en unos 30.000 los niños desaparecidos en España solo hasta el 1952.

Familias de seis comunidades –Euskadi, Cataluña, Navarra, Madrid, Valencia y Andalucía– unidas en la plataforma internacional 'Te estamos buscando' calculaban entonces que serían más de 100.000, al menos, si se suman los desaparecidos en los primeros años de la Transición y la democracia.

Un problema, poner números certeros, que atiende a la complejidad de la trama de desaparición infantil diseñada durante la dictadura de Franco. Y que ha sido aumentado, y reafirmado, por el ocultismo oficial, el silencio impuesto y la escasa investigación desde las administraciones del Estado español.

“Los afectados han denunciado casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas”, resumía el periodista José Luis Gordillo, en un informe disponible en la base de datos Todos los nombres. El investigador, y autor del libro Los hombres del saco, especificaba cómo en Andalucía había 34 de estos centros. Donde más en toda España. En Cataluña hubo 25, uno menos en la Comunidad Valenciana, 22 en Madrid… así hasta dos en Navarra y uno en La Rioja.

Lo cierto es que el franquismo trazó una arquitectura para el robo de bebés con una vertiente económica, porque los menores de edad eran en muchos casos comprados por familias adeptas al régimen. Y con un germen en el castigo a los derrotados en la guerra civil y, de manera específica, a la mujer.

El comienzo de un drama que nace de las “prácticas nazis” del jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares franquistas, Antonio Vallejo-Nájera. Las teorías eugenésicas de Vallejo-Nájera partían de la convicción de que el “gen rojo” fomentaba la “degeneración de la raza española”, como recuerda el libro Bebés robados en Andalucía desde 1936, editado por la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía (Alumbra), una obra que fue financiada por la extinta Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Cádiz desentierra la historia de sus bebés robados

Cádiz, de momento, sí ha desenterrado las historias de sus niños perdidos. La ciudad ha buscado en la tierra para confirmar, o no, casos de desaparición forzada infantil en el franquismo. Las labores en el cementerio de San José han afectado a 44 sepulturas y lograron más de 200 muestras óseas. Unos restos exhumados que serán comparados con el ADN extraído a una treintena de miembros de la asociación de bebés robados.

El proceso arrancó en octubre de 2007. Y algunas sepulturas vacías confirmaron en algunos casos las “peores sospechas” de las víctimas. “Este descubrimiento ha servido para demostrar lo que venimos diciendo desde hace años: que se han robado niños en Cádiz. Y eso que acabamos de empezar con los exhumaciones”, explicaba a eldiario.es Andalucía la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados, Rosario Herrera.

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cádiz y el colectivo de víctimas gaditanas estableció un protocolo de actuación que culminó en los trabajos arqueológicos en el antiguo camposanto. O en la propia extracción de muestras de ADN, realizada en colaboración con la Delegación Municipal de Salud.

“El objetivo de esta iniciativa es que estas familias puedan saber la verdad sobre si los restos que se han exhumados son los de sus hermanos o hijos si por el contrario, no hay coincidencia genética por lo que podrían avanzar por la vía judicial”, declaraba el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila.

Los trabajos en el cementerio contaron con una subvención de 50.000 euros de la empresa pública Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz (Cemabasa). Una cuantía ampliada en “11.834,36 euros más” para “garantizar” la culminación de las labores arqueológicas ante “la falta de medios económicos de la asociación para continuar las exhumaciones solicitadas por sus socios”.

El acuerdo fue firmado en 2018 por el alcalde gaditano, José María González, y representantes del ente público y de SOS Bebés Robados. “Lo más importante es que las familias puedan despejar todas las dudas y así en el caso de que así sea, poder cerrar las heridas”, aseguraba el edil de Memoria Democrática. Que, con voluntad política y asumiendo que España debe resolver las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por el franquismo, sí se puede atacar la pandemia de la desmemoria.