Cortinas de humo en Huelva

Para el día 30 de noviembre está convocada en Huelva una manifestación con el lema “No al proyecto de Fertiberia. Por la recuperación de la marisma”. Los colectivos convocantes instarán a la Junta de Andalucía a que no apruebe la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia de tapar con una capa de tierra de 30 centímetros los apilamientos de fosfoyesos de 30 metros de altura; “un proyecto”, consideran, “que no se puede considerar una solución para restaurar y recuperar la marisma”.

El asunto es serio. Un reciente estudio realizado por un comité de expertos a un grupo de medio centenar de residentes de la ciudad de Huelva, personas sanas entre los 35 y los 80 años, ha detectado en su organismo elementos químicos presentes en la balsa situada a medio kilómetro de la urbe onubense donde, en una superficie de 1.200 hectáreas, se han vertido durante los últimos cuarenta años alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos que contienen sustancias radioactivas de larga duración y fuerte toxicidad y metales pesados, en concentraciones por encima de lo permitido por la legislación vigente.

Se trata del que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el caso más grave de contaminación industrial y el mayor vertedero de residuos industriales de Europa, en las marismas del río Tinto, en contacto con un espacio de alto valor ecológico y de zonas protegidas por diversas Directivas Ambientales de la Unión Europea, en el mismo estuario de las Marismas del Odiel, declaradas por la UNESCO reserva de la Biosfera.

Lugar de extracción

El estudio, divulgado por el grupo municipal Mesa de la Ría, ha arrojado la presencia en muestras de uñas (que reflejan exposición acumulada) tanto de elementos como el molibdeno, el zinc y el selenio (que no poseen consenso científico sobre su peligrosidad) como de arsénico, uno de los mayores elementos cancerígenos conocidos, y de uranio, enormemente perjudicial para la salud. Además, el informe ratifica que “estos resultados”, obtenidos a pesar de la falta de información sobre morbilidad y mortalidad que deberían proporcionar las distintas administraciones -datos con los que ya cuenta el Servicio Andaluz de Salud, lo que contraviene la Ley General de Salud Pública- “son altamente compatibles con la llegada de dichas sustancias desde la balsa de fosfoyesos en condiciones basales, sin movimiento intensivo de maquinaria”.

Este oscurantismo en torno a la especialización económica de Andalucía como lugar de extracción y vertido del reino de España (y buena parte de Europa), de la que dan testimonio otros emplazamientos análogos como el cementerio nuclear de El Cabril o el vertedero de Nerva, así como los puntos con más costes ambientales y sanitarios y menor valor añadido de la cadena de producción, caso del propio polo químico de Huelva o el del campo de Gibraltar, es mantenido por una alambicada conexión estructural entre los planos político-sindical, corporativo-financiero y mediático.

En el caso que nos ocupa, tenemos al expolítico y empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL hasta 2016 (puesto que pasó a su hijo), a la que pertenecía Fertiberia, compañía que obtuvo en 1968 una concesión administrativa para esparcir sus residuos a la marisma del Tinto y a los cauces, de forma que, según datos de 2011, 120 millones de toneladas de fosfoyesos tóxicos y radiactivos se acumulan a escasos 500 metros de las barriadas onubenses de Pérez Cubillas y Los Rosales. En 2019, y a instancias judiciales, la empresa propuso como presunta solución al histórico problema el encapsulamiento de las balsas, una opción low cost muy cuestionada por colectivos sociales y ecologistas, no así por el alto cargo de UGT Luciano Gómez, quien caricaturizó como “anti-industrias” a los sectores críticos e incluso llamó la atención sobre el dinero que la empresa estaría desembolsando y perdiendo. En las pesquisas del famoso “caso Bárcenas”, Villar Mir declaró y demostró documentalmente en 2013 haber realizado donativos “a la Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de CC.OO.” y “a la Federación de Industrias y Trabajos Agrarios de UGT, concretamente a las secciones sindicales de Fertiberia”; algo que puede explicar esa defensa acérrima.

Otra derivada del caso es el hecho de que en 2016 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar consideraba “idóneo” el proyecto de clausura de las balsas presentado por la empresa, a pesar de no plantear la descontaminación como tal de los terrenos, sino simplemente cubrir los residuos, y encima en un periodo de 30 años. Esta benevolencia evaluativa se explica porque la citada Dirección General dependía del Ministerio de Agricultura, del que entonces era secretaria general Isabel García Tejerina, quien se incorporó al Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, sería ascendida a ministra dos años más tarde y hasta su incorporación al Gobierno PP había sido directora de Planificación Estratégica de Fertiberia y consejera de Fertial (una filial argelina) desde abril de 2004.

Allá por 2002, el último candidato a presidente de la Junta y alcalde de Sevilla hasta el año pasado, Juan Espadas, a la sazón director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Administración autonómica (posteriormente ascendido a viceconsejero de Medio Ambiente), repetía en relación con Huelva que “es necesario seguir trabajando en el diálogo y el consenso para transmitir a los ciudadanos que viven en una realidad ambiental digna”. El año siguiente, desoyendo sucesivas advertencias de la Dirección General de Costas y según un informe de Ecologistas en Acción, Espadas autorizó el vertido al Guadalquivir de 1.500 millones de litros anuales de aguas residuales industriales con metales pesados, además de tóxicos como justamente el arsénico, cuando la mina Cobre Las Cruces estaba en fase de proyecto; aunque eso es otra historia.

El caso es que en 2017 Fertiberia solicitó a la Audiencia Nacional realizar tan solo parte de la clausura de las balsas, alegando que la zona 4 había sido utilizada también como destino de los vertidos, entre otras empresas, de Atlantic Copper, a la cabeza en la producción del mencionado arsénico del Polo Químico a través de la emisión de sus chimeneas y el vertido en depósitos inadecuados como balsas mineras de la cuenca del Guadiamar, desde donde se filtra al río Tinto, e incorporado en el ácido sulfúrico utilizado por la dependiente Fertiberia en la fabricación de sus fertilizantes. Filial de la estadounidense Freeport-McMoran Copper & Gold, esta, considerada en 1996 una de las 10 empresas menos éticas del mundo por la revista Multinational Monitor, cuenta entre sus propietarios y ejecutivos con el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. En el Estado español Atlantic Copper ha sido protagonista de una sentencia por delito ecológico en 1998, cuando un juzgado de Huelva condenó al exdirector de la compañía a un año de prisión menor y multa de cinco millones de pesetas por el transporte de ácidos débiles desde la fundición de cobre hasta Minas de Riotinto. Si aquella catástrofe supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos con un alto coste medioambiental y económico, la hipotética rotura de las balsas de Riotinto supondría un vertido 10 veces mayor, 63 millones de metros cúbicos.

A pesar de todo, la Junta apostó desde 2014 por reactivar la minería más contaminante en Andalucía y apadrinó el congreso periódico Metallic Mining Hall, que en su segunda edición (2017) contó con un Comité de Honor integrado, entre otras personas, por los respectivos entonces ministra de Medio Ambiente y alcalde de Sevilla, los citados Tejerina y Espadas, y Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper.

Mucho cabría decir del papel de la mayoría de los principales medios y grupos de comunicación que, salvo escasas excepciones, silencian las informaciones poco amables, lavan la cara a las empresas que contaminan e integran también parte de esta tupida telaraña de intereses, la cual perpetúa realidades como la onubense. Como botón de muestra, hace un mes el programa Cambio climático de Canal Sur Radio cortaba ipso facto, con un estratégico “Gracias, hasta otra” la intervención grabada de una entrevistada del movimiento ecologista cuando esta iniciaba la frase “Huelva es uno de los puntos negros de contaminación de toda Europa…” en ·uno de los puntos más contaminados de Europa…“. Un análisis mediático exhaustivo de tal componente mediático está detallado en el trabajo Andalucía, basurero del Estado español.

Para el día 30 de noviembre está convocada en Huelva una manifestación con el lema “No al proyecto de Fertiberia. Por la recuperación de la marisma”. Los colectivos convocantes instarán a la Junta de Andalucía a que no apruebe la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia de tapar con una capa de tierra de 30 centímetros los apilamientos de fosfoyesos de 30 metros de altura; “un proyecto”, consideran, “que no se puede considerar una solución para restaurar y recuperar la marisma”.

El asunto es serio. Un reciente estudio realizado por un comité de expertos a un grupo de medio centenar de residentes de la ciudad de Huelva, personas sanas entre los 35 y los 80 años, ha detectado en su organismo elementos químicos presentes en la balsa situada a medio kilómetro de la urbe onubense donde, en una superficie de 1.200 hectáreas, se han vertido durante los últimos cuarenta años alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos que contienen sustancias radioactivas de larga duración y fuerte toxicidad y metales pesados, en concentraciones por encima de lo permitido por la legislación vigente.