El general golpista Gonzalo Queipo de Llano consiguió en 1937 el cortijo de Gambogaz gracias al dinero que se recaudó por suscripción popular en una Sevilla agradecida por librarla del terror rojo. Esa ha sido la leyenda que lleva más de 80 años acompañando a esta opaca operación inmobiliaria que se formalizó en plena Guerra Civil, que plantea infinidad de interrogantes que siguen sin una respuesta definitiva. Por ello, colectivos memorialistas han reclamado que se investigue a fondo para ver si es posible remitir la finca al patrimonio público, y por ello el Ayuntamiento de Camas (en cuyo término municipal se levanta la hacienda) ya ha dado un primer paso que ha consistido en recabar (y conseguir) el aval de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para este proceso. Pero eso no le quita complejidad al objetivo, porque lograr que Gambogaz sea público se antoja muy complicado hoy por hoy.
La cuestión es que, por mucho que se haya desentrañado la ingeniería jurídica que le permitió a Queipo de Llano hacerse con el cortijo, lo cierto es que a día de hoy falta una prueba de cargo que sirva como palanca para sustentar una reclamación judicial para hacer público el lugar en el que murió el hombre al mando de los golpistas en Andalucía y responsable de unas 50.000 muertes. El Ayuntamiento de Camas (que lleva varios años tras la pista de Gambogaz) confía en que aflore algún asidero legal en el proceso investigador que se va a poner en marcha, ya que de lo contrario lo más que se conseguirá será que se reconozca este enclave como lugar de memoria histórica (está acreditado que prisioneros políticos fueron usados como mano de obra esclava) sin que ello afecte a la propiedad.
El apoyo de la Secretaría de Estado se ha buscado después de que la Plataforma Gambogaz remitiera una petición formal para constituir una comisión de expertos que elabore un informe histórico-jurídico sobre la cuestión, “que permita la remisión al patrimonio público del cortijo de Gambogaz”, actualmente propiedad de los herederos de Queipo de Llano. Por ello, el alcalde de Camas, Rafael Recio (PSOE), pide en la misiva remitida al Gobierno su apoyo para “buscar la seguridad jurídica-técnica necesaria” para el “enfoque correcto” con el que se debe abordar una cuestión “de calado mediático y repercusión territorial”.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha respondido también vía epistolar, manifestando su “disposición a mantener un fluido cauce de colaboración” con el Ayuntamiento camero. De paso, le recuerda que la Ley de Memoria Democrática (ya aprobada por el Gobierno aunque pendiente de su validación en el Congreso) prevé auditorías de los bienes expoliados y la investigación de las incautaciones producidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Y aquí es donde radica la complejidad de Gambogaz, ya que formalmente no fue ni una incautación ni un expolio, pese a que se sabe, por ejemplo, que a los trabajadores del Ayuntamiento y de la Diputación de Sevilla les retuvieron cantidades de su nómina para ayudar al general golpista a pagar la factura. “Hay una tradición oral muy sustantiva y fiable sobre esto, pero no documental”, reconoce el historiador José Villa, cuya tesis doctoral aborda la cuestión del cortijo y es el principal punto de partida para el Consistorio camero, que va a editar su trabajo.
“No tenemos dos datos fundamentales”, prosigue Villa: “Cómo se transmite la propiedad y de dónde sale el dinero que se pagó por Gambogaz… si es que se pagó algo, porque lo que está claro es que Queipo no tenía un duro”. Sobre lo primero, en teoría la venta la realiza la familia Vázquez Parladé, que son los propietarios tres días antes de que la adquiera el general golpista, pero lo cierto es que “en la prensa sale otro nombre”. La cuestión se resolvería con un vistazo a los documentos de compra-venta, algo a lo que se niegan tanto los herederos de Queipo de Llano (que insisten en que todo está en regla) como los Vázquez, que “no quieren saber nada”.
Esta documentación también debe figurar en el Archivo Notarial, “pero como no han pasado 100 años y no tenemos una relación directa con las familias, no te los muestran”. Esta situación cambiará en 16 años, pero aquí la Ley de Memoria Democrática trae bajo el brazo otra posibilidad, ya que obligará a abrir a los investigadores todos los archivos públicos y los privados que reciban alguna subvención. Llegado el momento, lo que se quiere estudiar es qué documentos acreditativos de la transmisión de la propiedad existen.
En cuanto a los fondos con los que supuestamente Queipo adquirió Gambogaz, lo cierto es que no tenía patrimonio ni personal ni familiar para adquirir una finca que “es una joya” al pie del Guadalquivir para regar las tierras. La prensa cifra la operación hasta en tres cantidades diferentes (2, 2,2 y 2,5 millones de pesetas, “mucho dinero para la época”), pero hay coincidencia en que los fondos le llegan al militar gracias a las aportaciones que hace la ciudadanía.
Pero lo cierto es que, “a día de hoy, no hay ni un solo documento que diga dónde se abrió la suscripción popular y quién participó”, cuando en los periódicos se publicaban todos los días las colectas abiertas (ayuda a Málaga, compra de un capote, restauración de bienes artísticos…), quién donaba y qué cantidad ponía. “No aparece por ningún sitio”, incide Villa, hasta el punto de que la única suscripción pública relacionada con Queipo de Llano de la que hay constancia es… para construir la basílica de la Macarena, una causa para la que el propio general pone dinero.
Si de la supuesta suscripción popular no hay ni rastro, ¿se le puede seguir la pista al dinero que se le retuvo a los funcionarios, para así demostrar fehacientemente que se utilizó dinero público? Pues tampoco, porque José Villa se ha zambullido en los archivos del Ayuntamiento hispalense y de la Diputación “y no hay ni un solo atisbo documental de ello”. Los testimonios de que esto ocurrió son numerosos, hasta el propio padre del historiador (trabajador en el Consistorio de Sevilla) contaba que le quitaron parte de su salario para este menester, pero ningún papel lo acredita.
Para Villa, todo lo que rodea a la compra-venta de Gambogaz presenta visos de “ficción jurídico-procesal”. Existe la opción de que fuese una venta real, sí, y en este caso otra cuestión sería si realmente fue voluntaria, pero tampoco descarta que se tratase de “una venta ficticia o un expolio”. Sea como sea, “si no hay documentos…”.
Esto es lo que hace este caso tan diferente al del Pazo de Meirás, que no sólo está perfectamente documentado, sino que además implicó que un bien de dominio público pasase a las manos de Francisco Franco. Aquí, para complicar la cuestión todavía más, se trata de una operación entre dos privados, por lo que podría ocurrir que, si se demuestra que hubo irregularidades, el bien acabase en manos de sus antiguos propietarios.
“Esto requiere de rigor y hay que demostrar las cosas”, admite el alcalde de Camas, Rafael Recio, que apela a la prudencia de un proceso que está por ver a dónde lleva. José Villa también insiste en que hay que ir con pies de plomo, aunque admite lo complicado de la misión de que Gambogaz pase al dominio público, “si esto acaba en los tribunales con lo que tenemos hoy sería para perder”. Así que aboga por reclamar que se declare lugar de memoria histórica porque sí se puede demostrar que se usó mano de obra esclava, “y ya veremos el día de mañana si hay otra documentación que arroja otra luz”. Mientras la lucha se mantiene viva, la clave para que todo cambiara sería “encontrar un documento” de cargo que sería la llave para abrir Gambogaz.
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