La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento tomó una decisión el pasado 28 de septiembre que ha traído consecuencias. Ese día optó por suspender el ciclo de cine israelí que se venía proyectando en el Espacio de Cultura Contemporánea al comprobar que entra en contradicción con el acuerdo de adhesión a la campaña “Espacio Libre de Apartheid Israelí”, adoptado por la Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Cádiz en sesión celebrada el 12 de agosto de 2016.
Tres semanas después se ha conocido que la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha decidido denunciar al consistorio gaditano “por vulnerar el marco constitucional de convivencia y promover la discriminación por origen étnico y nacional”.
“Preconizar la destrucción del estado de Israel y limitar los derechos civilesy económicos de sus ciudadanos, empresas y amigos atenta contra valores fundamentales recogidos en nuestra Constitución y debe tener consecuencias”, señala Angel Mas, Presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.
En su comunicado, la organización señala que José María González, “junto a otros políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau”, firmó el manifiesto No en nuestro nombre, contrario a una acción militar contra Estado Islámico. ACOM argumenta que el escrito también lo ratifica el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, “una organización marxista-leninista palestina que ha cometido sangrientos atentados contra Israel”.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha respondido este jueves que “simplemente se comprobó que el ciclo entraba en contradicción con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí”.
Estas declaraciones las ha realizado en la presentación de las jornadas ‘Fronteras: Espacios sin Derechos’. Allí, el delegado provincial de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz, Diego Boza también opinó al respecto: “Nuestro planteamiento y el del Ayuntamiento no es racista ni xenófobo. Nadie tiene nada contra los judíos, pero sí contra el sionismo que está vulnerando gravemente los derechos del pueblo palestino. Nos parece una decisión acertada que el Ayuntamiento no consienta que la ciudad de Cádiz se utilice para el lavado de cara de un Estado como Israel que ataca de forma sistemática a la población palestina. Cádiz se declaró Espacio Libre de Apartheid Israeli y eso tiene una consecuencia lógica para no consentir actividades propagandísticas del gobierno de Israel. En un conflicto de este tipo, ponerse de perfil es ponerse del lado de los agresores, de los que atacan derechos fundamentales”.
El Ayuntamiento de Cádiz se unió en agosto de 2016 al acuerdo, promocionado por la Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la ocupación israelí (BDS), que lucha contra “el incumplimiento de derechos humanos y legislación internacional contra el pueblo palestino”.
Tras conocerse la decisión del Ayuntamiento gaditano, la Embajada de Israel en España ya lo definió como un acto de “censura cultural” basado en “criterios políticos, algo que nos recuerda épocas oscuras de la historia contemporánea”.