Ocurrió el 26 de agosto de 2017. En las redacciones de los medios de comunicación de la provincia de Cádiz llegó una noticia impactante. El reconocido dirigente ecologista Juan Clavero, referente de la defensa de los espacios protegidos de Cádiz y azote de políticos y empresarios, había sido detenido por llevar cocaína en su coche.
Pocos dieron crédito a aquella noticia y, en seguida, la propia Guardia Civil que había arrestado a Clavero sospechó que había sido una burda trampa. Siete años después, en el banquillo de la Audiencia Provincial en Jerez se han sentado los acusados de haber urdido aquel plan. El ecologista pide justicia. “Pido medidas ejemplares para que los mafiosos no puedan volver a actuar”.
Clavero llevaba en aquel verano una intensa campaña de denuncias por el Parque Natural de Grazalema alertando del cierre ilegal de algunos caminos públicos. Acusaba con nombres y apellidos a una empresa. Y aquella jornada de agosto una patrulla de la Guardia Civil paró el coche del ecologista. En el cuartel habían recibido una extraña llamada advirtiendo de que en ese coche había cocaína. Los agentes revisaron la furgoneta, y, efectivamente, allí estaba la droga.
El arresto tuvo una enorme repercusión. Los que le conocían sabían que Clavero nada podía tener que ver con aquella mercancía. El juzgado de Ubrique, que había abierto diligencias contra él, no tardó en cerrarlas. La Guardia Civil encontró muy pronto indicios de que aquella acción era una mala imitación de una serie o una película con guion de poca monta. La operación, aunque consiguió su objetivo de que Clavero fuera detenido, se volvió en contra de los que la maquinaron gracias a una ágil investigación de los guardias civiles.
Enseguida, las sospechas fueron contra los responsables de la sociedad que había cerrado los caminos que Clavero había denunciado: Sociedad Breña del Agua Investments S.L., que, en aquel momento y ahora, es la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural. Las indagaciones de los investigadores del SEPRONA y otros compañeros de la Guardia Civil centraron las acusaciones contra cuatro personas: Miguel Herrera, apoderado de esta sociedad; Juan Luis Pérez y Óscar González, capataces, y Manuel Alcaide, la persona a la que contrataron personalmente para colocar la droga en la furgoneta de Clavero.
Los cuatro se han sentado este martes en el banquillo. Tras dos intentos previos que se habían suspendido, el juicio ha comenzado con la versión contrapuesta de los acusados, que relativizan o niegan su responsabilidad, y la de Clavero, quien señala a los cuatro con vehemencia. “Quiero que se haga justicia, que los hechos que vengan en la sentencia, ante pruebas tan contundentes, sirva para fijar penas que sean disuasorias”, ha reclamado en el juzgado el líder ecologista. “Para que a ningún corrupto o mafioso se le ocurra otra vez una jugarreta como esta”.
La Fiscalía pide penas de año y medio de prisión, multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros contra los cuatro. La acusación que ejercen Ecologistas en Acción y Juan Clavero reclama aumentar esa pena a dos años de prisión por denuncia falsa y otros cuatro por conspiración para la detención ilegal más otro por pertenencia a grupo criminal. Es decir, en total siete años, además de elevar las sanciones económicas a 21.600 euros de multa y 70.000 de indemnización por daños morales.
Está previsto que el juicio acabe este miércoles en la sede jerezana de la Audiencia Provincial de Cádiz con el testimonio de los guardias civiles que llevaron la investigación. Clavero ha señalado en este juicio, además, que la lucha por los caminos públicos del parque natural continúa. Esa es su manera de decirles a los acusados que no han ganado.
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