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El conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Cádiz y la plantilla municipal: “Sólo benefician a unos pocos”

Kichi: "El cuerpo me pide mirar al futuro sumando colectivos"

Francisco J. Jiménez

21 de septiembre de 2022 13:21 h

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El Ayuntamiento de Cádiz mantiene un conflicto con la plantilla municipal de trabajadores. La firma del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario lleva coleando desde hace 15 años y ha provocado un enfrentamiento importante. Además, en los últimos tiempos la situación se ha visto agravada por las reclamaciones que viene realizando la policía local. Unos 900 trabajadores como telón de fondo de un problema que no parece tener una fácil solución a corto plazo.

El sindicato UGT, el más crítico con la actitud del alcalde, José María González “Kichi”, resume sus peticiones en varias áreas. En la de promoción laboral, se solicitan unos planes de promoción interna o un complemento de productividad; en el área sanitaria, un protocolo de violencia en el trabajo y de acoso laboral y sexual; en el área de conciliación laboral y familiar, un plan de igualdad o adaptaciones horarias por conciliación: en el área económica, la eliminación de desigualdades salariales y el mantenimiento del premio de jubilación anticipada, entre otras peticiones.

El alcalde ha pedido en más de una ocasión que los sindicatos que representan a los trabajadores hagan una propuesta en común que sea “realista” con las posibilidades del Ayuntamiento. Sin embargo, los puntos de vista de UGT y de Autonomía Obrera están muy alejados. “Pedimos un acuerdo regulador para todos, sobre todo en los casos discriminados en beneficio de unos pocos. Que se recuperen derechos y pueda haber un acuerdo para la mayoría de la plantilla. Tanto los indefinidos fijos como los no fijos”, remarca Manuel Merino, secretario de Administración Local y Servicios Públicos de UGT en Cádiz.

“El acuerdo regulador está en stand by porque otra vez se quiere beneficiar a unos pocos y no a la mayoría. Históricamente en el Ayuntamiento hay unos pocos que son beneficiados que pertenecen a un sindicato en concreto, Autonomía Obrera. Se les ha dado unas mochilas económicas que no hay quien se las quite”, denuncia.

Conflicto entre sindicatos

El pasado mes de mayo se vivió, de hecho, una situación muy delicada. El concejal de Personal, Demetrio Quirós, había llegado a un acuerdo con los sindicatos para llegar a una solución en el conflicto existente con la policía en un marco donde también se podía terminar aclarando un nuevo acuerdo regulador. Sin embargo, el alcalde desautorizó a su concejal y rompió lo pactado.

“Teníamos un principio de acuerdo con el concejal de personal. La mayoría social estábamos de acuerdo, pero salió el alcalde y desautorizó al concejal. Dijo que no iba a hacer un acuerdo en el que no estuviera Autonomía Obrera y eso nos parece una barbaridad porque cuando se negocia se hace con la mayoría de la representación y no con un sindicato determinado”, afirma Merino.

En Autonomía Obrera se ofrece una versión diferente: “Demetrio trajo a la mesa de negociación una propuesta que ya estaba cocinada por los sindicales policiales. El alcalde intervino porque no se podía quedar el sindicato mayoritario fuera de esto. Si hablamos de la negociación de acuerdo regulador, queremos algo genérico. No tenemos problemas en aprobar algo que sea del agrado de la totalidad de la plantilla, incluyendo a la policía. Pero no algo que se centre en la policía y que deje de lado a los demás trabajadores”, afirma Manuel Bienvenido, presidente del sindicato.

Está previsto que cada viernes haya una movilización organizada por UGT para reclamar al Ayuntamiento un cambio de actitud. “Este equipo de Gobierno lleva siete años sin hacer absolutamente nada. Se supone que un Gobierno de izquierdas estaría más cerca de las necesidades de su pueblo y de sus propios trabajadores. Duele que las promesas caigan en saco roto y que hagan lo mismo que hacía el anterior equipo de Gobierno: oídos sordos y beneficiar a unos pocos. Está todo paralizado y hay que volver a negociar”, aclara Merino. Este sindicato también ha denunciado que los jubilados no han podido disfrutar de una compensación económica ni de una reducción de jornada.

“Es verdad que el Ayuntamiento nos ha mandado la patata caliente a los sindicatos. Pero ponerse de acuerdo es complicado cuando nadie quiere salir de su pastel, como sucede con los sindicatos policiales. El acuerdo regulador es social, laboral y económico y que engloba a la totalidad de la plantilla municipal, cerca de mil funcionarios”, remarca Autonomía Obrera.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz para conocer el punto de vista de Demetrio Quirós, concejal de Personal, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

El conflicto de la policía local

Durante dos años han estado pidiendo mejoras salariales los sindicatos policiales Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (Uplba) y el Sindicato de la Policía Local de Cádiz (Splca). Dos años de negociaciones que han tenido este mes de septiembre un nuevo capítulo después de que el Ayuntamiento pidiera a sus representantes sindicales que “tengan sentido común y no secuestren a la ciudadanía”, tras conocerse que habían solicitado a la plantilla que no realicen voluntariamente servicios extraordinarios en dos eventos en los que se espera una masiva afluencia de público como son la procesión magna y la competición SailGP. Finalmente, en la procesión la presencia policial fue importante.

En cualquier caso, las relaciones están rotas. “El único culpable de esta situación es el alcalde, al cual nos atrevemos a decir que no tiene vergüenza. Es completamente indolente y le resbala todo. Como era de esperar, repite el mismo mantra siempre, echando balones fueras y culpando de todo a los demás, dada su ineficaz gestión”, afirma Francisco Rama, portavoz del sindicato UPLB.

“Es rotundamente falso que nuestro objetivo sea conseguir un millón de euros por hacer exactamente el mismo trabajo. La propia propuesta que él mismo retiró y que estábamos dispuestos a aceptar ni de lejos llega a 700.000 euros. Además de ser bastante inferior, conllevaba una modificación de los turnos de trabajo y una obligatoriedad de hacer servicios extraordinarios en determinados eventos”, desvela Rama. Los sindicatos policiales aseguran que se necesitan entre 25 y 30 agentes más en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se les pide que deben “sentarse con el resto de fuerzas sindicales y elaborar un documento conjunto que el Ayuntamiento avalaría sin más, pero nuevamente han optado por la extorsión y el chantaje. Cádiz no se merece unos dirigentes sindicales así”.

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