“No podemos permanecer impasibles, no después de tanto tiempo esperando. Las familias no pueden ver cómo se echa de nuevo la tierra encima de esos cuerpos después de años esperando que vean la luz”. Máximo Molina lleva años luchando desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca y, en este caso, ha puesto todo su empeño para recuperar los restos de Manuel Perea Méndez, su bisabuelo, en la fosa de Villamartín (Cádiz).
En el cementerio de esta población gaditana ha intervenido la Diputación a través del Servicio de Memoria Histórica y Democrática. La responsable de Desarrollo Democrático de la Diputación de Cádiz es Lucía Trujillo y la intervención ha sido coordinada por el arqueólogo Jesús Román. El equipo científico ha delimitado las fosas y exhumación de represaliados en el cementerio de Villamartín y ha confirmado la existencia de tres enterramientos colectivos con una cifra cercana a las 20 víctimas, aunque Diputación todavía tiene que ofrecer el balance final de resultados y provisiones.
La administración provincial es la única que ha puesto sobre la mesa su colaboración, pero hasta el presupuesto del próximo año no hay contempladas más partidas económicas para la fosa de Villamartín. Por eso, los familiares de los represaliados han tomado cartas en el asunto. ARMH Cuenca ha abierto una propuesta de financiación: un crowdfunding para recoger fondos y que se pueda seguir trabajando en la fosa hasta que lleguen de nuevo los fondos de la Diputación de Cádiz. El objetivo era llegar a los 2.200 euros y ya se han superado los 4.000.
“Empecé buscando a mis familiares asesinados, que eran gaditanos de Bornos. Después de muchos años de trabajo, por fin en febrero empezó la prospección y hace poco se abrió la fosa. La única institución que está trabajando de modo activa es la Diputación de Cádiz, pero ahora se está quedando sin fondos y, si no está presupuestado, lógicamente, no pueden meter más hasta el próximo ejercicio. El Ayuntamiento de Villamartín (Andalucía x Sí) no ayuda en absoluto y a la Junta ni está ni se le espera. Los familiares no queremos que se cierre la fosa y, ya que está abierta, queremos que se siga trabajando. Para no quedarnos con esa sensación de impotencia, hemos lanzado el crowdfunding para mantener la fosa abierta el máximo tiempo que se pueda. Desde la sociedad civil dejaremos en evidencia a unas instituciones que ignoran los derechos humanos de una manera dolorosa”, explica Máximo Molina.
La Diputación de Cádiz, en el año 2022, ha dedicado más de 90.000 euros a la búsqueda de fosas. Casi 70.000 euros proceden de recursos propios y algo más de 24.000 son fondos estatales en el marco de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias a estos recursos se ha intervenido no solo en Villamartín, sino también en Benaocaz, San Fernando, El Bosque, Prado del Rey-Villamartín y Estación de San Roque.
Este estamento ha informado de que el trabajo sobre el terreno ha descartado la existencia de una gran fosa y ha confirmado, en cambio, que hay pequeños enterramientos que se corresponden con sacas. La represión que se llevó a cabo en Villamartín, desde el Golpe de Estado de julio de 1936, se materializó en un goteo recurrente de ejecuciones. Constante, pero de pocos individuos en cada uno de estos fusilamientos. La cifra global, no obstante, es estremecedora a tenor de las investigaciones que cifran en más de cien los vecinos y vecinas de la localidad que fueron represaliados.
Virginia Perea es prima segunda de Máximo y es natural de Bornos. Desde los 16 años está peleando para que se cumpla el sueño de su abuelo, que es localizar a su padre. Cree haberlo conseguido, pero todavía no puede cantar victoria. “El cuerpo número 13 que ha aparecido corresponde con lo que siempre me dijo mi abuelo: que mi bisabuelo era alto, que le faltaba una pieza dental y que se había roto una pierna antes de ser asesinado. Además, salvó la vida de otra persona cuando le dispararon porque su cuerpo inerte cayó sobre el otro hombre, que pudo escapar. Esa persona que sobrevivió se fue a Francia y cuando lo localizaron dijo que mi bisabuelo le había salvado la vida”, narra Virginia.
“Cuando sacaron el cuerpo y lo pusieron en la sala de antropología, me dio un pálpito. Por ADN no tendremos constancia hasta que las pruebas no lo contrasten y tardará unos dos años en saberse. Yo pienso que lo he encontrado, pero ya pienso que mi Manuel son todos. Sea o no, yo voy a seguir luchando para que se sepa la verdad de todos los represaliados. La herida no se cierra, pero se sana. Hemos hecho una asociación de familiares contra el olvido por esas personas que murieron de manera injustificada y que tienen el derecho de estar fuera y tener un entierro digno. Que los huesos cuenten la verdadera historia de lo que pasó”, reclama.
La toma de muestras de ADN está permitiendo la participación de muchos familiares de represaliados. Se han tomado muestras de saliva de todos ellos, se han recopilado sus datos, así como información sobre sus antepasados y las circunstancias de su desaparición y ejecución. Las muestras se enviarán al Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada; en este servicio se extrae el perfil genético de cada persona para que pueda ser cotejado con el ADN que se obtiene de los restos óseos procedentes de las fosas que se van recuperando.
“Aunque yo no recupere a mi bisabuelo, al menos ya no están los muertos donde querían sus verdugos. Es una gran canallada porque mi madre ha muerto y mis titos han muerto. Y al final la gente que lo tenía que haber visto ya no está y a los que quedamos no nos ponen más que trabas. Esto trasciende la política y ya es una cuestión de bonhomía y esta gente no es buena”, dice Máximo sobre las instituciones que miran para otro lado.
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