El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz), la antigua cárcel que no valía para presos pero sí para inmigrantes desde 2004 y cuyo cierre urgente bloqueó el PP a finales de abril, está ocupado exclusivamente por trece mujeres de origen subsaharariano. Además de los requerimientos incumplidos por parte del Ministerio de Interior, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz), con funciones de control jurisdiccional del CIE, tiene otra queja en su mesa: la de una organización internacional de derechos humanos que denuncia la vulneración, entre otros, del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo.
Once mujeres de nacionalidad costamarfileña, una camerunesa y otra procedente de Guinea Conakry son las únicas personas que permanecen recluidas en el CIE después de que se considerara que las deficiencias estructurales y el estado del edificio, denunciado desde hace años, lo hacían inapropiado y razón por la cual no hay internado ningún hombre en tanto no concluyan las obras de mejora que se están realizando. Según Women’s Link Worldwide (WLK), “el hecho de que permanezcan mujeres en este CIE comporta una vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo y resulta injustificado a la luz de los estándares exigibles para que el internamiento no resulte constitutivo de tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso tortura”.
En su queja elevada al juzgado, fechada el 19 de mayo y a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, apuntan que “resulta imprescindible que se adopten medidas específicas para detectar la presencia de mujeres en situación de vulnerabilidad (posibles víctimas de trata de seres humanos y solicitantes de protección internacional) y para, en tal caso, garantizarles la protección de que son merecedoras”. Algunas de las 13 mujeres se encuentran en espera de que se resuelva la solicitud de protección internacional que han presentado desde el propio CIE y se habría detectado la presencia de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, señala la organización.
“Penosas condiciones”
Además de recordar los dos últimos autos del juzgado de control del CIE, en enero de 2017 y mayo de 2017, WLK recuerda que “las penosas condiciones del CIE” han sido puestas de manifiesto desde 2009 por instituciones del Estado como la Fiscalía General o por el Mecanismo para la Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo), que ya solicitaba el cierre de este espacio en 2010 y en sucesivos informes.
El escrito se detiene en el informe de 2015 del Mecanismo para la Prevención de la Tortura, donde se recogía que “la dependencia destinada a sala de ocio de mujeres no estaba dotada para el fin que debe cumplir, contando en el momento de la visita únicamente con una silla y dos colchonetas en el suelo para 13 mujeres que estaban internas. Asimismo, el patio de mujeres no reunía las condiciones mínimas para ser llamado patio, a pesar de que desde el año 2012 se viene insistiendo en ello”.
Argumenta WLK que “la situación del CIE denunciada no es privativa de los módulos que se destinaban a los hombres, y tampoco son éstos únicamente los que vienen siendo víctimas de las vulneraciones de derechos que ocasiona el resto de las deficiencias organizativas y materiales detectadas”, haciendo hincapié en que “los espacios que ocupan y emplean las mujeres son precisamente los que presentaban (y/o aún presentan) las peores condiciones” y concluyendo que “la violación de derechos es más acusada en el caso de las mujeres, por cuanto no se toma en consideración la especial situación de vulnerabilidad en que muchas de ellas se encuentran, por ser potenciales víctimas de trata y/o solicitantes de protección internacional”.
“Discriminación flagrante” por el hecho de ser mujeres
Resume WLK que “cabe entender que el hecho de que trece mujeres subsaharianas permanezcan recluidas en el CIE a pesar de las graves deficiencias del centro, mientras ya no hay hombres internados en tanto no se realicen ciertas obras de mejora, constituye una situación de discriminación flagrante que sufren por sus múltiples inequidades, aunque esencialmente por el hecho de ser mujeres, y que tiene por resultado menoscabar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales”.
“El encierro en las condiciones actuales del centro es constitutivo de trato inhumano y degradante”, considera la organización, que concluye que “el Estado español, a tenor de lo expuesto, está incumpliendo su obligación de garantizar que las trece mujeres que se encuentran privadas libertad en el CIE de Algeciras estén en un espacio que reúna las condiciones mínimas para que el encierro sea compatible con la dignidad humana”.
En ese sentido señalan que existe una serie de “obligaciones específicas” respecto de las víctimas y presuntas víctimas de trata que derivan del Derecho internacional, regional y nacional, entre ellas la de disponer de personal formado y cualificado para la identificación de las víctimas, realizar una identificación enfocada en la protección de la víctima y desprovista de los estereotipos negativos que suelen operar en estos casos y adoptar las medidas de protección que las víctimas requieran.