Vivienda

Desahucio en Cádiz el 13 de diciembre: “Me voy a la calle y no tengo dónde ir”

Cuando se cumplan las 10 de la mañana del martes 13 de diciembre, Pilar Loubet y su nieto tendrán que abandonar la vivienda en la que están alquilados en la calle Sagasta. Después de once meses de impago se tendrá que ejecutar una orden de desahucio, pero esta gaditana de 68 años considera que le ha faltado ayuda por su situación.

“Yo siempre he estado trabajando y aparte tenía mi pensión de viudedad y no necesitaba ayuda de nadie. Pero me caí trabajando, me partí los hombros y ya no pude trabajar más”, explica. Fue el inicio de todos sus males.

Su cuñada, con la que vivía en un primer momento, falleció en diciembre de 2021. Su nieto no estaba trabajando todavía y con su pensión no podía pagar los 650 mensuales del alquiler. “No me quedaba nada para comer o pagar la luz”, lamenta. Se planteó marcharse, pero después de un desencuentro con la propietaria de la vivienda optó por quedarse hasta que llegara el desahucio.

“El problema es que no hay dueños de viviendas que alquilen con mi nómina. Yo cobro 721 euros de mi pensión de viudedad y mi nieto cobra unos 500 en una empresa de telecomunicación. Y nos piden una nómina de 1.400”, critica.

Durante la semana, ha hecho un último intento para frenar el desahucio y poder pasar la Navidad en su casa, pero no lo ha logrado. “Fui a juzgado para ver si podían parar el desahucio al menos hasta enero y me dijo la procuradora de la dueña que no podía ser. El martes tenemos que estar en la calle mi nieto y yo”. Este periódico ha intentado hablar con la propietaria de la casa, pero no quiere hacer declaraciones.

Pilar asegura que no tiene donde ir en este momento por no hay sitio en las casas de sus hijos. Esperaba una mayor colaboración de Procasa, la empresa pública de vivienda de Cádiz. “Llevo desde marzo con mis papeles en la asistenta y me piden que yo busque la casa. En las inmobiliarias te dicen que con el Ayuntamiento no quieren nada porque no pagan. Y no es verdad porque yo sé que sí lo hacen, pero habrán fallado a algún dueño. Hay muchas casas con habitaciones vacías en Cádiz, pero no puedo acceder porque no tengo la nómina que piden”.

“El martes me veo en la calle. Pero yo no voy a salir con jaleo, aunque no tengo dónde ir. Si vienen los de antidesahucio les diré que no se vaya nadie detenido. Yo no le debía nada a mi anterior propietario y tengo la conciencia tranquila de que, mientras pude, pagué siempre mis mensualidades”, afirma.

“No está entre los primeros puestos”

Puestos en comunicación con el Consistorio gaditano, explican del siguiente modo la forma de proceder en el caso de Pilar Loubet: “Desde Procasa se ha atendido a esta señora y se le sigue atendiendo, y no solo desde Procasa, sino también desde Asuntos Sociales. Otra cosa es que no se le ha podido otorgar una vivienda pública tal y como demanda ella, porque no le pertenece con respecto al registro de demandantes de vivienda pública al no estar entre los primeros puestos”. 

“Ha recibido asesoramiento desde Procasa y se le comunicó que si desde la empresa municipal se encontraba un alojamiento para ella se le comunicaría, pero hasta el momento no ha sido posible. También se le ha informado de que se le ofrecerán unos días de alojamiento en una pensión”.

Fuentes municipales aseguran que desde que fue creada la oficina antidesahucios han sido más de 500 los lanzamientos evitados y, en gran medida, todos han ido aplazándose incluso durante años hasta solventarse o encontrarse una alternativa habitacional. Servicios Sociales evita, aseguran, numerosas pérdidas de vivienda al garantizar con ayudas el alquiler a más de 2.000 familias. 

Burbuja de alquiler

Sin embargo, siempre según Procasa, en los últimos años se está produciendo una burbuja del alquiler con “precios disparados”. Eso, unido a empleos inestables y con bajos salarios, está provocando una nueva oleada de desahucios que, si bien han estado frenados durante la pandemia y la postpandemia por las medidas del Gobierno central, están en muchos casos llegando a su fin. 

 Procasa ha creado en este tiempo algunos alojamientos transitorios, pero resultan ser insuficientes y se alargan en el tiempo, ya que el principal problema es que ni siquiera garantizando las rentas, bien con el Programa de Alquiler Justo de Procasa o con las ayudas de alquiler de Servicios Sociales, encuentran ningún arrendador o arrendadora que les alquile. 

“El esfuerzo que está haciendo este Ayuntamiento en la construcción de nuevas promociones públicas, con más de 100 viviendas ahora mismo en marcha, no está yendo acompañado de otras administraciones. El Gobierno central prometió una ley de contención de los precios de alquiler que no termina de aprobarse y, al mismo tiempo, la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de vivienda, no ha entregado ni una sola nueva en estos últimos 10 años”, añaden.