La Junta reubica a 60 menores inmigrantes que había alojado en un camping ante la saturación de sus centros

Alojar a menores migrantes en un camping había sido la última medida acordada por la Junta de Andalucía ante el número creciente de menores de edad llegados a la costas de Cádiz en embarcaciones a través del Estrecho de Gibraltar en las últimas semanas y que no habían podido ser acomodados en los cuatro centros de menores que la Junta tiene habilitados. La extraña situación acaba de darse por finalizada ya que el Gobierno andaluz ha reubicado finalmente a los 60 menores que, tras unas tres semanas en el camping 'El Jardín de Las Dunas' de Tarifa, se encuentran ya en una unidad de acogida temporal de emergencia ubicada en Arcos de la Frontera, también en Cádiz, gestionada por una entidad colaboradora de la Junta.

El citado camping había sido hasta hace unas horas el 'nuevo centro' de la Junta para los menores extranjeros no acompañados (conocidos como 'menas') y que deben ser tutelados por la Junta de Andalucía una vez que se les declare como menores de edad. En dos tandas de 30, los alojados allí a mediados de agosto han abandonado ya las instalaciones, que estaba gestionando la Fundación SAMU por encargo de la Junta.

Según comenta Michel Bustillo, de la ONG Voluntarios por Otro Mundo, “han llegado muchísimos chavales, sobre todo de Moulay Bousselham, en la provincia marroquí de Kenitra. La información de que, digamos, aquí está habiendo más posibilidades de trabajo, también llega allí, y eso hace que los chicos crucen el Estrecho como pueden”, señala.

Situación de emergencia

“La Junta está parcheando con poca eficacia el desborde de la situación”, añade Bustillo, preguntándose de fondo “¿qué va a hacer la Junta con todo esto?” ya que, según asegura, las condiciones de los centros de menores “no son ni mucho menos las más adecuadas”. Según los datos que aporta, “el centro de menores Manuel de Falla de Jerez acoge a 42 menores cuando tiene habilitadas 17 plazas, el de La Línea triplica su capacidad, etc”. “Almacenar menores y repartirlos por Andalucía cuando vaya quedando sitio libre no parece lo más correcto para chicos que vienen en patera, y montar el camping es una decisión negligente”, concluye. Además, al llegar a los 18 años, como ya informó este periódico, los jóvenes pierden la tutela de la Junta y encuentran en la calle su destino más probable, sin posibilidad oficial de regularizar su situación.

Fuentes de la Junta de Andalucía argumentan que “la situación de emergencia que se ha vivido este verano obligó a la Junta a poner en marcha un plan extraordinario, como fue la ubicación de los menores en un camping. Ha sido algo coyuntural y temporal, que se ha mantenido el tiempo estrictamente necesario para dar respuesta a esta situación excepcional. En cualquier caso, en el camping los menores han tenido todas las garantías y han estado recibiendo las mismas prestaciones que en un centro”, afirman.

Realmente, no ha sido la única emergencia a la que ha tenido que hacer frente la Junta este verano. A finales de junio, dos grupos de veinte menores cada uno fueron alojados de manera temporal en Jimena de la Frontera (Cádiz), también en la comarca del Campo de Gibraltar, en dos viviendas particulares pertenecientes a la Unidad de Acogida Temporal de Emergencias de la Junta de Andalucía.

“Un salón lleno de colchones”

José Carlos Cabrera, mediador del centro de El Cobre de Algeciras, incide en la cuestión de fondo. “No es una cuestión puntual. No existe plan de acogida y los recursos que se han cerrado no se han repuesto. El Cobre, por ejemplo, puede acoger a 16 menores y actualmente trabajamos con más de 40 todos los días. Tenemos un centro en ruinas y un salón lleno de colchones desde marzo, ya que las instalaciones tienen pendiente una reforma desde hace cinco años. Sería muy sencillo ilustrar su estado de dejadez”, denuncia, sin entender que, paralelamente, “se hayan liberado 1,4 millones para un recurso de emergencia como el del cámping y otros dos de los que no tenemos constancia”. La Junta informó el 1 de agosto de dicha dotación para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados en las provincias de Almería, Cádiz y Granada.

“La atención de emergencia en un camping público no parece ser el recurso más adecuado para un colectivo tan vunerable”, añade. Los cuatro centros propios gestionados por la Junta (en Villamartín, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción y Algeciras) cuentan en principio con 24 plazas cada uno (menos El Cobre, con 16, y Jerez, con 17). También hay pisos gestionados por ONG, señala. “Todos ellos, si no al doble, están por encima de su capacidad. No tiene sentido. Nunca creímos que íbamos a llegar a este punto tan estrambótico cuando tenemos este año un 79% más de flujo de menores inmigrantes”, concreta, lamentando el “oscurantismo” de la administración respecto a la situación que considera, en todo caso, “un problema europeo”. La Junta, por su parte, no ofrece el número total de plazas habilitadas ni del número actual de ocupaciones.

Cabrera incide en que, en cualquier caso, una vez que cumplen la mayoría de edad, los jóvenes extutelados se quedan “en la calle, a merced de otro de tipo de redes y de mafias”. “Los recursos son inexistentes. La Junta no les ofrece ninguna posibilidad más allá del supuesto año de seguimiento tras cumplir los 18 y les abandona. No hay plan ni previsión. No están protegidos”. El mediador cifra en más de un millar los menores que se han gestionado en lo que va de año en Cádiz cuando el año pasado la cifra fue de 344“. ”Estamos ante el año con más llegadas desde que empezó el fenómeno en 1999 y estamos peor preparados que nunca“, concluye.

Carta a la consejera

Por su parte, Save the Children, que calificó este viernes de “parche” el hecho de habilitar el camping, pidió explicaciones por carta a la propia consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para denunciar una situación que, a su juicio, supone “una vulneración de los derechos de los menores” ya que tienen que recibir asistencia de personal especializado“. ”La administración debe de poner en marcha los pertinentes informes para tramitar sus permisos de residencia y de trabajo“, apunta la ONG.

La organización señaló que “los adolescentes se encuentran alojados en infraestructuras que no son las adecuadas y que no cumplen con las obligaciones de la Junta en lo referente a acogida, protección e integración de los menores de edad bajo su tutela establecidas en la Ley 1/1998 de 20 de abril de los Derechos y Atención al Menor”.

La Consejería informó a Save the Children que se han realizado convenios con entidades sociales para abrir 200 plazas de acogida más a través de la firma de convenios en base al artículo 113 para la Tramitación de Emergencia de la Ley de Contratos del Sector Público.