Las investigaciones del 'cártel del fuego' salpican a los helicópteros del 061

De las emergencias ambientales a las sanitarias. En un nuevo giro de los acontecimientos, las investigaciones del 'cártel del fuego' han derivado hacia los helicópteros del 061. El mismo funcionario que destapó hace dos años la trama andaluza del caso ha ampliado esa denuncia con sus propias pesquisas. Tras seguir investigando por su cuenta, el funcionario denuncia que las aeronáuticas Inaer y Faasa -dos de las empresas del cártel que supuestamente manipulaban los concursos de la lucha aérea contra el fuego en Andalucía- se han llevado 57 millones de euros en adjudicaciones de helicópteros del 061 desde 2010.

El funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, J.G.D., asegura que “se observa a simple vista que (en el servicio de emergencias sanitarias) ha estado pasando lo mismo que en los contratos del INFOCA”. El denunciante aporta documentación oficial al sumario del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla y destaca que el concurso público se ha visto manipulado “claramente”, porque “no hay reducción del presupuesto”, como suele ocurrir en cualquier licitación.

El experto en contratación pública sostiene que ha habido “probable colusión” -un pacto entre varias empresas para manipular y limitar la libre competencia del mercado- y que la Junta de Andalucía no ha hecho nada, como debería ser “su obligación”.

Según hace constar, el fraude podría ser mayor, pues sólo ha podido consultar documentos posteriores a 2010. “Es muy probable que haya contratos anteriores en la misma situación, como ocurre en el Plan Infoca que hay desde 2003, por lo que el fraude sería mayor. Que la Junta haya presenciado las colusiones en el Plan Infoca por 300 millones de euros a precios constantes durante más de 10 años y no haya hecho nada, haya presenciado las colusiones en la Empresa de Emergencias Sanitarias (...), yo lo veo demasiada casualidad para que no haya un voluntad consciente y deliberada que lo dirige todo”.

Inaer (ahora Babcock España) y Faasa, en menor medida, son las empresas que se han visto beneficiadas por las adjudicaciones de helicópteros. Según el empleado público, “no denuncio a las empresas, puesto que nada me han hecho, denuncio a la Junta de Andalucía por crear la situación que hacía posible la colusión”. El gobierno andaluz pidió el archivo de la causa el pasado mes de diciembre.

La Empresa Publica de Emergencias (EPES-061) afirma que no tienen “constancia de esta denuncia”, que sus licitaciones se rigen por la ley de contratos de administraciones públicas y que colaboraran con la Justicia. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente indica que hasta la fecha han aportado toda la información que se les ha requerido y que “no entran a valorar” esta ampliación de la denuncia.

Faasa señala que “no somos el proveedor de referencia, dejamos de operar estos servicios debido a la falta de viabilidad. En este sentido, la norma aeronáutica en materia de traslados sanitarios es diferente a la de extinción de incendios y en España son muy pocas las que están autorizadas por Aviación Civil para prestar estos servicios”.

En la organización Ecologistas en Acción, que está personada en la causa, se muestran “sorprendidos por las dimensiones que está tomando el caso y pedimos una cita con la fiscal jefa y, ante la inacción de la fiscalía, proponemos que sea la fiscalía anticorrupción la que se encargue del tema”.

Doble vía judicial

Las investigaciones del cártel del fuego discurren en estos momentos por dos cauces diferentes pero entrelazados: una causa nacional, instruida desde el mes pasado por la Audiencia Nacional, y una andaluza, destapada por este funcionario, cuya denuncia inicial ha prosperado. El caso nacional fue definido por el juzgado valenciano que inició la instrucción como una “organización criminal”, en la que había 14 empresas implicadas, una veintena de imputados y al menos 277 millones de euros ganados ilícitamente.

Las investigaciones instruidas por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla se han saldado, de momento, con la imputación de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y de dos altos cargos de Faasa, su presidente y vicepresidente. La policía judicial los investiga por delitos de estafa y falsedad documental al malversar supuestamente 4.517.000 euros en ayudas públicas “plagadas de irregularidades y abusos”.

La denuncia inicial: 70 millones en juego

Hace más de dos años, el funcionario denunciante participó en una mesa de contratación de la Consejería de Medio Ambiente en la que estaba en juego el fletamento de aeronaves para la lucha contra incendios del Infoca. La adjudicación ascendía a 70 millones de euros (sin IVA) y el empleado aseguraba que el concurso estaba manipulado, porque una de las empresas, la aeronáutica cordobesa Faasa, se había llevado tres de los cinco lotes por un valor de 60 millones de euros (sin IVA).

“Se comprobó que en cada uno de los 5 lotes en que se dividía el contrato sólo se había presentado una empresa de las licitadoras, cuando los objetos de los lotes son muy parecidos, y además lo habían hecho por el total del presupuesto base de licitación”, afirmaba en su primera denuncia en los juzgados, a los que acudió después de que sus superiores no atendieran a su reclamación.

El denunciante abundaba en que “si había una colusión de empresas, eso podía suponer un perjuicio para la Administración de muchos millones y una forma de favorecer de forma ilegítima a ciertos particulares”, porque “no se consiguió rebajar ni un ápice ese presupuesto, puesto que sólo licitó una empresa por lote y además por el máximo del presupuesto. Vamos, una táctica muy descarada”.

Grabaciones para protegerse

J.G.D. no sólo trata de poner a la justicia sobre la pista de un supuesto caso de corrupción, sino que se defiende, mediante un contraataque, del acoso al que dice verse sometido por parte de sus superiores. Apunta principalmente al jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, A.M.L., quien se encuentra imputado a raíz de su denuncia. El denunciante no sólo comparte despacho, pared con pared, con A.M.L., sino que éste es su jefe directo.

En la denuncia ampliada, el funcionario asegura que su jefe le espetó en una ocasión que “él me podía hacer lo que le diera la gana: pegarme, clavarme un cuchillo, lo que le diera la gana. Y que luego no le iba a pasar nada porque la Junta de Andalucía le protegía y los jueces le iban a creer a él porque él tenía un cargo y yo no”.

Según el denunciante, este tipo de comentarios y actitudes demuestran la “prepotencia, soberbia y sensación de impunidad desmedida” que reina en su administración. El funcionario ha aportado, además, la transcripción de algunas grabaciones que lleva a cabo en su oficina cuando se ve amenazado o insultado por él.